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pipiol
Botswana
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 Enviado - 22/03/2009 : 14:53:27
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Por prevaricación y delito contra el territorio
El juez imputa al gerente de Urbanismo de Écija por delitos urbanísticos en Baena
Manuel M. Becerro | Sevilla
Actualizado domingo 22/03/2009 12:03 horasDisminuye el tamaño del texto Aumenta el tamaño del texto
Fernando Mora Molina, gerente del área de Urbanismo en el Ayuntamiento sevillano de Écija que preside el socialista Juan Wic, ha sido llamado a declarar como imputado por corrupción urbanística en el Ayuntamiento cordobés de Baena, que preside el alcalde y senador del PSOE Luis Moreno y donde también se investiga una supuesta red de facturas falsas que servía a personal de confianza del regidor para financiarse juergas en un club de alterne de Marbella.
Según ha podido conocer EL MUNDO de Andalucía, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Baena ha citado a declarar a Mora Molina para el próximo día 7 de abril (Martes Santo) en su calidad de teniente de alcalde baenense y responsable del área de Urbanismo durante el período 2003-2007, después del cual fue fichado por el Consistorio astigitano para asumir la gerencia del área de urbanismo.
Según las fuentes consultadas por este diario, la imputación de momento sólo va referida a las presuntas irregularidades urbanísticas denunciadas hace dos años en vía penal por el primer alcalde democrático de Baena, Carlos Arenas. No obstante, no se debe descartar que pueda terminar salpicado en el caso de las facturas falsas, por haber validado con su firma algunos de los recibos bajo sospecha.
Fernando Mora fue una de las grandes sorpresas de la candidatura que presentó el PSOE de Baena en las elecciones municipales de 2003. Muchos lo veían como el sucesor natural de Luis Moreno en la Alcaldía. Sin embargo, a la finalización del mandato su figura política se fue opacando y terminó siendo fichado por Wic. EL MUNDO de Andalucía intentó ayer sin éxito recabar reacciones tanto del imputado –por prevaricación y delito contra el territorio– como de la teniente de alcalde del Ayuntamiento de Écija, Elena Palacios.
Idéntica situación para su predecesor
En la misma situación procesal que Fernando Mora está su predecesor en el cargo de teniente de alcalde de Urbanismo en el Ayuntamiento de Baena: Alberto Sánchez, quien también tendrá que declarar acusado de los mismos delitos en plena Semana Santa. Curiosamente, tampoco le duró al alcalde y senador del PSOE Luis Moreno más de cuatro años como responsable urbanístico de su gobierno. El juez también ha citado a declarar como testigos a un funcionario municipal encargado de la vigilancia de obras y a un ex trabajador del Ayuntamiento baenense que realizaba también esa función.
Esta decisión supone todo un varapalo para el Consistorio. Una de las defensas solicitó esta misma semana el sobreseimiento y archivo de las diligencias, pero el juez, a instancias de la Fiscalía, determinó fijar la práctica de nuevas pruebas testificales y, en el caso de los dos ex tenientes de alcalde de Urbanismo, en calidad de imputados.
Se da la circunstancia de que el Juzgado de Baena, antes de ampliar las imputaciones y recabar los nuevos testimonios, había dado traslado a las partes de las diligencias realizadas, por si consideraban oportuno solicitar la práctica de más pruebas.
Conviene recordar que en esta investigación están imputados también el concejal del PSOE José Calvo y otros dos ex concejales socialistas, Cristóbal Tarifa y Vicente Mejías, además de la jefa de negociado del área de Urbanismo del Ayuntamiento baenense.
Todos han declarado ya ante el juez, negando que hubiesen dado el visto bueno a la ejecución de obras sin licencia en al menos una docena de parcelas e inmuebles de la ciudad entre 2002 y 2004.
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pipiol
Botswana
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Enviado - 22/03/2009 : 14:56:13
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El Gobierno de Antich, rodeado de imputados por corrupción
El presidente no puede echar a consejeros que no sean del PSOE
TOMAS BORDOY/Palma de Mallorca
Unió Mallorquina (UM), fiel de la balanza en el Gobierno de coalición de Baleares que preside el socialista Francesc Antich, tiene en la actualidad a seis altos cargos imputados repartidos por el Ejecutivo balear, el Consejo de Mallorca y el Ayuntamiento de Palma. Un escenario que reduce enormemente la capacidad de maniobra del presidente, que se ve obligado a hacer desesperadas concesiones a sus socios.
El nuevo Plan de Normalización Lingüística que está preparando el Gobierno balear es uno de los peajes que deben pagar los socialistas a sus socios independentistas de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y del Partido Socialista de Mallorca (PSM) para seguir manteniendo la coalición exenta de nuevos sobresaltos. Una factura similar a la que tuvo que pagar el presidente de Galicia, Emilio Pérez Touriño, para satisfacer las pulsiones nacionalistas de sus socios del Bloque Nacionalista Galego (BNG). Las pasadas elecciones, el PSOE necesitó nada menos que 14 escaños, que sumados a los 16 suyos, lograron desalojar al PP del Ejecutivo balear.Por eso, tanto los tres de Unió Mallorquina como los 10 aportados por el Bloc, en el que se aglutinan desde ERC y el PSM hasta IU, han tenido un coste en despachos y cargos muy superior a su representación social en Baleares.
La imputación por parte de Anticorrupción del presidente de UM y consejero de Turismo, Miquel Nadal, no contribuye a serenar los ánimos en la convulsa realidad política balear. Nadal lleva varios días desaparecido de la escena política -de puente familiar en Marrakech- y estaría deshojando la margarita de si se queda o se va. Su ausencia ayer en la reunión habitual de los viernes del Consejo de Gobierno ha disparado todo tipo de comentarios.
La situación del presidente de Baleares es cada vez más precaria por la relación de altos cargos que va sumando a la lista de imputados por la Fiscalía Anticorrupción. Antich no se atreve a desalojar de su cargo al consejero de Turismo. Es uno de los inconvenientes de los gobiernos de coalición de Baleares, que los presidentes no nombran ni destituyen a los consejeros salvo que sean de su propio partido. La destitución de Nadal depende de UM, y por ahora parece difícil que los nacionalistas prescindan de su jefe.
Pero éste no es el único obstáculo que Antich se ha encontrado en su día a día en el Consulado del Mar, sede de la Presidencia del Gobierno. La imputación de uno de los suyos, nada >menos que el presidente socialista del Consejo de Ibiza, Xico Tarrés, por el caso Ibiza ha sido otro varapalo. En la sede socialista de la calle Miracle (Milagro) en Palma no ganan para sustos. El caso Ibiza, destapado por EL MUNDO, ocurrió siendo Xico Tarrés alcalde de la ciudad; pese a todo, Antich se empeñó en aupar a la candidatura para la presidencia de la isla al controvertido líder pitiuso, una decisión de la que parece que está arrepentido.
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pipiol
Botswana
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Enviado - 22/03/2009 : 15:01:24
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CORRUPCIÓN SOCIALISTA/ TRAMA IBIZA-FERRAZ: El juez sobornado por la abogada del Psoe, abandona la instrucción
El juez del 'caso Ibiza' anuncia que abandona la instrucción
ISRAEL RODRIGUEZ/Ibiza
El magistrado instructor del caso Ibiza, José Espinosa, anunció ayer su decisión de abandonar la causa después de que el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) admitiera a trámite la querella por prevaricación presentada por Roque López contra él. Espinosa declaró ayer a TEF (Televisión de Ibiza y Formentera) que el próximo lunes comunicará por escrito a la Audiencia su decisión de abstenerse de la instrucción del caso Ibiza, trama relacionada con un presunto cobro de comisiones por parte del PSOE y vinculada al proyecto urbanístico Eivissa Centre.
López denunció el 2 de marzo a Espinosa y a Ascensión Joaniquet, abogada del presidente del Consejo de Ibiza, Xico Tarrés, en el caso Ibiza, por prevaricación y cohecho. El magistrado señaló que la admisión a trámite de la querella está dentro de la normalidad de los procesos judiciales. Según Espinosa, ante una acusación tan grave, el alto tribunal tiene la obligación de investigar.Remarcó también que no tiene nada que temer y ratificó su inocencia en relación a las acusaciones que Roque López y el abogado de éste, Andrés Tuells, vertieron sobre él.
Espinosa agregó que la querella y su inhibición del caso están afectando a su imagen y que, «cuando se archive», ejercerá las acciones que crea convenientes contra López y su letrado.
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pipiol
Botswana
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Enviado - 22/03/2009 : 15:07:47
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Martín Rafecas, imputado por tráfico de influencias en la trama de La Muela
Las declaraciones de los imputados comienzan a partir de las 19.30 en La Almunia
20/03/2009 EFE
comentarios (59) enviar imprimir valorar añade a tu blog
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20/03/2009
La Policía ha imputado al subdirector provincial de Urbanismo del Gobierno de Aragón, Carlos Martín Rafecas, un presunto delito de tráfico de influencias, según ha confirmado él mismo tras permanecer en la Jefatura Superior durante unas dos horas y media.
En el interrogatorio, le han preguntado muchas cuestiones sobre su trabajo como alto cargo en la Dirección Provincial de Urbanismo, ha explicado a los medios de comunicación, a los que también ha confirmado que no ha quedado detenido y que se incorporaba a sus tareas diarias en su despacho.
Este es el primer cargo de la Administración autonómica que presta declaración en relación con la trama de presunta corrupción urbanística descubierta en la localidad de La Muela, en la que hasta ahora han sido detenidas 19 personas, entre ellas la alcaldesa de la localidad, María Victoria Pinillas, del PAR, su esposo, uno de sus hijos, un concejal, también del PAR, el secretario y el arquitecto municipales y varios empresarios.
Martín Rafecas ha estado dos horas y media en la Jefatura Superior de Policía, pero su declaración, en calidad de imputado por un presunto delito de tráfico de influencias, ha durado poco más de una hora, en la que le han preguntado sobre "temas técnicos" y sobre su labor en la administración.
"A lo largo de estos años han pasado cantidad de planeamientos de todos los municipios de Zaragoza" por el Departamento en el que trabaja y, según ha precisado, ha sido llamado a testificar "en calidad de técnico, única y exclusivamente", ya que ha tenido que explicar todo lo relativo a su trabajo profesional en La Muela.
Sobre si se había detectado alguna anomalía o irregularidad en los planes urbanísticos, ha recordado que hay recursos contenciosos interpuestos, "lo que quiere decir que ha habido alguna anomalía o irregularidad", ha señalado a los medios.
El funcionario, que ha quedado a disposición del juez de La Almunia de Doña Godina que investiga este asunto, por si considera oportuno llamarle a declarar, aunque "si es suficiente con la declaración de hoy, asunto terminado", ha sentenciado.
Carlos Martín, quien ha testificado acompañado de su abogado, Jesús García Huici, ha reconocido que se siente "muy mal", ya que todo ha sido "tan rápido" que apenas le ha dado tiempo a comentarlo con sus compañeros de departamento.
No obstante, ha asegurado que sus superiores le han dicho que esté "tranquilo" y ha dicho que va a reanudar su actividad profesional hoy mismo, porque al final de mes hay una nueva comisión y hay que prepararla.
Ha reconocido que conoce a algunas de las personas imputadas, como al técnico municipal de La Muela, pero únicamente por su "relación técnica" en el ámbito del planeamiento y urbanismo.
Martín Rafecas, un abogado de 60 años, lleva más de 30 años de carrera en la Administración autonómica aragonesa, donde ha ocupado diferentes cargos, desde director gerente del Instituto de Suelo y Vivienda a presidente del Consejo Económico y Social de Aragón.
Los detenidos en esta operación policial prestaron ayer sus primeras declaraciones ante la policía, que acusa a la alcaldesa María Victoria Pinilla de nueve delitos, entre ellos, cohecho, revelación de secretos, negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos, tráfico de influencias, prevaricación,fraude, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales.
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tete junior
2273 Envíos |
Enviado - 22/03/2009 : 17:03:52
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I de la coruPPció ja no parles? fa temps que no pases per eixe tema.. |
Valencià per naturalesa, espanyol per coacció ; www.lexpressio.net |
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pipiol
Botswana
13707 Envíos |
Enviado - 22/03/2009 : 22:51:39
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que quieres que te diga, que ha habido mas ruido que nueces. |
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tete junior
2273 Envíos |
Enviado - 22/03/2009 : 23:52:46
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Más ruido que nueces és el que tu vols, el "nostre" president està imputat per pressumpta corrupció, a més de Correa, i moltíssima més gent, si això és "más ruido que nueces"... apaga i vamonos |
Valencià per naturalesa, espanyol per coacció ; www.lexpressio.net |
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pipiol
Botswana
13707 Envíos |
Enviado - 23/03/2009 : 00:17:16
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el presidente no esta imputado, al menos por ahora, correa y la gente que esta detenida no es del pp, lo que esta claro que este no el gran caso de corrupcion que nos querian pintar, no se puede ni comparar con filesa como mas de uno han querido comparar. |
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tete junior
2273 Envíos |
Enviado - 23/03/2009 : 00:56:08
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Que el president que pipiol? Tu veus les NOnotícies a Campsnal 9.. i és nota.. El senyos (si se li pot dir així) Camps està imputat per pressumpta corrupció, per no pagar factures de trajes que sumen un total de més de 30.000 €.. no disimules més o no mentisques més. |
Valencià per naturalesa, espanyol per coacció ; www.lexpressio.net |
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pipiol
Botswana
13707 Envíos |
Enviado - 23/03/2009 : 02:20:03
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tete lee este articulo y veras como camps no esta imputado, ya ves que no soy yo el que miente.
«Señor Camps: Si resulta imputado, ¿asumirá usted su responsabilidad?»
La oposición carga en el pleno de las Cortes contra las "sospechas" de corrupción que cercan al PP y el jefe del Consell anuncia la comparecencia de todos los miembros de su Ejecutivo
19:23
El portavoz socialista Ángel Luna, en un momento del pleno de ayer RAFA ARJONES
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J. E. MUNERA VALENCIA Pocas veces han vivido las Cortes Valencianas un ambiente de expectación como el de ayer, en el que la oposición martilleó con fuerza al jefe del Consell y al PP por las "sospechas" de corrupción que les vinculan con la trama investigada por la Fiscalía y el juez Garzón. Desde el PSPV al Compromís, la izquierda preguntó varias veces a Francisco Camps si puede garantizar que no está implicado en la "operación Gürtel" y si asumiría sus responsabilidades en el caso de que resulte imputado por un tribunal. Tranquilo, pero a la defensiva y con continuas repreguntas a la oposición, el jefe del Consell aseguró en el hemiciclo que tiene la "conciencia tranquila" frente a las "insidias" que se vierten en este "proceso de filtración mediática", al tiempo que anunció que todos los miembros de su Gobierno comparecerán a petición propia para responder a cuantas preguntas se les formulen sobre posibles irregularidades en la Administración autonómica.
Pasaban diez minutos de las 10 cuando Camps accedió al parlamento flanqueado por sus dos vicepresidentes, Vicente Rambla y Gerardo Camps, y acompañado del resto del Consell y de la alcaldesa de Valencia. El séquito acabada de cubrir los escasos 300 metros que separan las Cortes del Palau de la Generalitat, donde Camps acababa de desmentir los indicios de delito que le vinculan con la trama corrupta. Nada más acceder al hemiciclo, todos los diputados populares tributaron en pie un aplauso de casi un minuto a su jefe de filas.
La sesión de control al presidente se inició con una pregunta del portavoz popular, Ricardo Costa, sobre los planes de empleo del Consell, pero nadie estuvo ayer pendiente de otra crisis que no fuera la que atenaza al PP por sus vínculos con Orange Market y otras empresas de la trama o las adjudicaciones del conseller Castellano a una constructora de amigos con los que comparte intereses.
De modo que el portavoz socialista, Ángel Luna, empezó por dar un consejo a Camps desde el estrado: "Yo, en su lugar, daría muchas explicaciones" sobre el control de los contratos y adjudicaciones de la Generalitat. En su primera réplica, el jefe del Consell aseguró que en sus 20 años de carrera política no ha hecho otra cosa que "dar explicaciones y trabajar, y de ahí las mayorías absolutas conseguidas". A continuación, acusó a los socialistas de "seguir en el mismo sitio que hace años, sin hablar de la Comunidad" y calificó de "tremendo error" que hayan estado "sembrando sombras de sospecha sobre la Administración".
Más legalista en su segunda intervención, ya centrada en los polémicos contratos adjudicados por el conseller de Gobernación a Construcciones Taroncher, Luna recordó que la ley de Procedimiento Administrativo obliga a las autoridades a abstenerse en adjudicaciones en casos de amistad. "¿Cómo le va a exigir responsabilidad a Serafín Castellano?", preguntó. "No con un cilicio, sino pidiendo su dimisión o destitución", respondió el propio Luna, que calificó de "complicada y sospechosa" la situación de Camps, del que dijo que tiene el mismo problema que Castellano, "amigos, a cuyas bodas asiste y casi a bautizos". Tras referirse a la "falta de control" en la adjudicación de las licencias de televisión digital terrestre (TDT), el portavoz socialista cerró con una comparación: "Me recuerda usted al director de la Orquesta del Titanic; mientras el barco se hunde, usted sigue tocando".
Enojado, aunque sin perder las formas, Camps respondió que quien está bajo sospecha es Luna -"que debe explicar por qué es portavoz sin haber sido elegido por el pueblo"- y le recordó que perdió las elecciones en Alicante "y ahora tiene que liderar como portavoz un partido sin rumbo". A continuación, Camps pronunció unos versos con los que quiso subrayar su "compromiso" con la Comunidad pese a las adversidades.
El siguiente turno fue para el portavoz adjunto socialista, Joaquim Puig, que calificó de "aristotélica" la visión de Camps y criticó el afán de éste de "satanizar al adversario". "Como presidente de todos los valencianos, no me gustaría que fuera usted imputado", añadió Puig, "pero, si lo fuera, ¿asumiría su responsabilidad?".
En este punto, Camps comenzó a responder con preguntas e inquirió al portavoz ajunto del PSPV si creía "de verdad" que el jefe del Consell podrá ser imputado. "Usted, que me conoce personalmente de muchos años, ¿está convencido de que hay dudas sobre mi trabajo?". La misma técnica empleó cuando la portavoz de Compromís, Mónica Oltra, le preguntó si está en condiciones de asegurar que ni el jefe del Consell ni ningún conseller están implicados en la trama. "¿Sabe usted lo que investiga el juez Garzón?", volvió a preguntar Camps. "¿Está usted en condiciones de decir si hay alguna irregularidad? Es muy grave lo que dice".
Rambla entregará los contratos
de promoción
El vicepresidente primero del Consell, Vicente Rambla, se comprometió ayer a entregar a la oposición el centenar de contratos adjudicados por la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunitat Valenciana, incluido el de Orange Market por valor de 445.000 euros, una de las empresas investigadas por la Audiencia Nacional. Rambla compareció a petición propia ante la Comisión de Industria, Comercio y Turismo de las Cortes para informar sobre las actividades de la citada Sociedad Gestora entre 2006 y 2008, cuyas facturas y contratos había solicitado la oposición Por su parte, el portavoz socialista del área de Grandes Proyectos, José Camarasa, aseguró que Rambla tan sólo aportó ayer una parte de los contratos suscritos con la firma dirigida por Álvaro Pérez, "el bigotes".
"Un traje mediático y jurídico"
El portavoz adjunto de Compromís, Enric Morera, criticó a Camps por ir a las Cortes a decir "que le han hecho un traje jurídico y mediático" y le preguntó si, en el caso de que resultara implicado, tenía intención de recusar o pedir la inhibición del presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad, Félix de la Rúa, de quien el jefe del Consell se reconoce amigo. En la respuesta, el vicepresidente económico Gerardo Camps se negó a participar de lo que calificó como "fraude parlamentario" porque, a su juicio, la oposición tergiversa el contenido real de las preguntas que presentaron a la sesión de control.
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pipiol
Botswana
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Enviado - 23/03/2009 : 02:51:22
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Anticorrupción no comparece hasta cinco veces contra un ex alcalde tinerfeño del PSOE
Disminuir tamaño del textoAumentar tamaño del texto La Fiscalía de la Audiencia también hace «novillos»
La Fiscalía Anticorrupción no es la única que no acude a una causa contra un dirigente del PSOE en Tenerife. No llega a las cinco de la fiscal María Farnés en la caso de Granadilla, pero fue muy significativa también la ausencia que se produjo el pasado 20 de febrero de 2009, cuando, en este caso, la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife no se presentó en la declaración del actual alcalde socialista del municipio tinerfeño de El Rosario, Macario Benítez, imputado por un presunto delito de prevaricación y tráfico de influencias en el conocido como «caso Varadero».
En este caso, la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife no se personó en las declaraciones pese a que el auto del juez sobre la admisión de la querella recoge que se pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal el «correspondiente parte de incoación de las diligencias previas», y de las citaciones a declarar.
ÁLEX HERRERA | SANTA CRUZ
La causa abierta contra el ex alcalde socialista del municipio tinerfeño de Granadilla de Abona, Jaime González Cejas, y otros siete ediles que integraban el anterior Gobierno local, acusados por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y prevaricación, parece no importarle lo más mínimo a la Fiscalía Anticorrupción. Prueba de ello es que la fiscal, María Farnés, no ha acudido hasta en cinco ocasiones al Juzgado de Instrucción Número 3 de Granadilla para tomar declaración a los imputados, todos ellos miembros del PSOE.
Además, las cinco ausencias de la fiscal se han producido en un periodo de tiempo cercano a los ocho meses. La primera declaración de imputados y testigos a la que no acudió Farnés se produjo el 4 de julio de 2008. Cuatro días después, el 8 de julio, tuvo lugar la segunda cita a la que tampoco acudió la fiscal. La tercera falta fue sólo dos días después, el 10 de julio. La cuarta, ya en 2009, se produjo el día 20 de enero. En esta se dio la circunstancia de que era la propia fiscal Anticorrupción la que tenía en su poder los expedientes del caso, y debido a su ausencia, se tuvo que posponer la vista para el pasado jueves día 12 de marzo, fecha a la que tampoco acudió al Juzgado, según los datos recabados por ABC de fuentes cercanas a la investigación.
Críticas en aumento
Con la quinta ausencia de la fiscal María Farnés, magistrada que lleva otros casos de calado en la isla como Las Teresitas, en el que parece que ha centrado todos sus esfuerzos y obviado otros asuntos como la imputación de los cargos socialistas en Granadilla de Abona, se aumenta las críticas y teorías de otros partidos en los que se mantiene que la Fiscalía está siendo más dura con los políticos de CC y PP y, en cambio, sumamente beligerante y permisiva, con los del PSOE.
Además, con su quinto plante a la toma de declaración de imputados y testigos, la Fiscalía ignora una norma que conoce bien, la ley 50/1981 de 30 de diciembre que regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que en su artículo 3 establece que, «para el cumplimiento de las misiones establecidas en el artículo 1, corresponde al Ministerio Fiscal: Velar por que la función jurisdiccional se ejerza eficazmente conforme a las leyes y en los plazos y términos en ellas señalados, ejercitando, en su caso, las acciones, recursos y actuaciones pertinentes. Ejercer cuantas funciones le atribuya la ley en defensa de la independencia de los jueces y tribunales».
El ex alcalde socialista de Granadilla de Abona y actual miembro de la Ejecutiva insular del PSOE tinerfeño, Jaime González Cejas, está imputado, junto a su anterior grupo de gobierno, por cometer presuntos delitos de cohecho, prevaricación, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas relacionadas con el desarrollo urbanístico del municipio.
Denuncia de la alcaldesa
La decisión de que la Fiscalía Anticorrupción actuara contra el ex alcalde de Granadilla de Abona se produjo a raíz de una denuncia presentada por la actual alcaldesa del municipio, Carmen Nieves Gaspar, de Coalición Canaria. En este sentido, fuentes próximas a la parte que ha denunciado los hechos han confirmado a este periódico que ni desde los Juzgados de Granadilla ni desde la Fiscalía se les ha dado explicación alguna a las reiteradas ausencias de la fiscal María Farnés en las tomas de declaración de los imputados socialistas.
Es más, recientemente, la Fiscalía decidió ampliar la denuncia y los posibles delitos cometidos por el ex alcalde y el resto de miembros de su anterior Gobierno local, algo que también sorprende debido al claro desinterés de la Fiscalía por acometer este caso con las continuas ausencias de Farnés.
La ampliación de la denuncia se basa en un escrito presentado por el letrado que representa los intereses del Ayuntamiento de Granadilla de Abona y que tiene que ver con licencias concedidas a la entidad mercantil Inversiones Costa Atlántica SL y «las concedidas a la entidad mercantil Vimédano, SL, a la postre adquirente de las 440 acciones que el denunciado Francisco Jaime González Cejas poseía en la entidad mercantil Médano Beach, SA -hoy SL-, promotora del Plan Parcial Médano Park».
En cuanto al ex alcalde socialista de Granadilla y actualmente miembro de la ejecutiva insular del Partido Socialista, Francisco Jaime González Cejas, se pide que se investigue, entre otras, la licencia de obra para 118 viviendas y garajes en la urbanización Los Martines. |
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tete junior
2273 Envíos |
Enviado - 23/03/2009 : 13:16:48
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carretilla
Spain
404 Envíos |
Enviado - 23/03/2009 : 13:56:52
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No te canses tete, el monigote de muchos nicks sigue las ordenes de ORTIZONE de la Sierra, quieren manipular este foro. Lo mejor es no hacerle caso.
Salud y republica |
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pipiol
Botswana
13707 Envíos |
Enviado - 24/03/2009 : 02:25:01
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Originalmente enviado por carretilla
No te canses tete, el monigote de muchos nicks sigue las ordenes de ORTIZONE de la Sierra, quieren manipular este foro. Lo mejor es no hacerle caso.
Salud y republica
tu si que eres un forero de pacotilla, opina y deja opinar. |
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pipiol
Botswana
13707 Envíos |
Enviado - 24/03/2009 : 02:56:23
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en el articulo que te he puesto arriba los mismos socialistas le preguntan a camps.
El siguiente turno fue para el portavoz adjunto socialista, Joaquim Puig, que calificó de "aristotélica" la visión de Camps y criticó el afán de éste de "satanizar al adversario". "Como presidente de todos los valencianos, no me gustaría que fuera usted imputado", añadió Puig, "pero, si lo fuera, ¿asumiría su responsabilidad?".
En este punto, Camps comenzó a responder con preguntas e inquirió al portavoz ajunto del PSPV si creía "de verdad" que el jefe del Consell podrá ser imputado. "Usted, que me conoce personalmente de muchos años, ¿está convencido de que hay dudas sobre mi trabajo?". La misma técnica empleó cuando la portavoz de Compromís, Mónica Oltra, le preguntó si está en condiciones de asegurar que ni el jefe del Consell ni ningún conseller están implicados en la trama. "¿Sabe usted lo que investiga el juez Garzón?", volvió a preguntar Camps. "¿Está usted en condiciones de decir si hay alguna irregularidad? Es muy grave lo que dice".
si de todas maneras lo que se le acusa a camps son esos trajes , creo que garzon ttendria que llamar a declarar al responsable de la tienda y tener mas versiones de los hechos, pero parece que a garzon solo le vale la de un presunto sastre que la del responsable de la empresa.
DIARIOCRITICO COMUNITAT VALENCIANA - Martes 17 de marzo de 2009 a las 13:55 h.
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La denuncia intenta desmontar las declaraciones de José TomásForever Young ha ampliado la denuncia que presentó contra el autonombrado “sastre”, José Tomás, que trabajó para la empresa hasta su despido el pasado 11 de febrero. El administrador de la empresa, Eduardo Hinojosa, desmiente en su escrito para los tribunales las acusaciones lanzadas por el sastre contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y el secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, en una entrevista publicada este fin de semana en un medio nacional.
La compañía destaca en su denuncia que José Tomás “no es sastre, es un vendedor”. Asimismo, advierte a la Justicia que el ahora imputado en la causa abierta por el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, falseaba las facturas de la tienda desde el mismo establecimiento en la calle Serrano de Madrid. A través de estas operaciones, el presunto sastre dejó un agujero de más de 500.000 euros.
Hinojosa aclara que ni Camps ni Costa encargaron nunca trajes a medida en el establecimiento. Además, destaca que si alguna vez compraron ropa allí “se la llevaron y la pagaron en el momento”.
Documentos
Respecto a las prendas que aparecen relatadas en el sumario de la operación Gürtel y que según Tomás fueron adquiridas por Camps, los responsables de la tienda se encargan de desmentir una por una las adquisiciones que relató al juez el supuesto sastre. “Es materialmente imposible que Camps adquiriera unos zapatos Crockett&Jones en Forever Young en agosto de 2008”, dicta la denuncia que aclara que la firma dejó de comercializar la citada marca tiempo atrás.
En relación con el esmoquin que según José Tomas el presidente de la Generalitat encargó para una recepción en Nueva York la empresa afirma no tener referencia alguna sobre esa prenda. “O bien el señor Camps lo pagó en el momento de encargarlo o el sastre se quedó con el dinero del esmoquin en lugar de ingresarlo a favor de Forever Young”, señala la denuncia.
Los responsables de la tienda explicaron que la compañía cuenta con unos métodos de trabajo mediante los cuales, en caso de haberse realizado un encargo por parte de Camps, habría un documento de encargo, un documento de envío a la fábrica de confección, otro de vuelta de la fábrica, un envío a Valencia con su resguardo y un documento de pago. La empresa no posee ninguno de estos documentos sobre Camps.
Lo mismo ocurre con el frac. “Nunca hemos confeccionado un frac, ni siquiera tenemos tasado el precio que pediríamos por vender un frac”, destaca el escrito. También con el chaleco blanco que, según Tomás, Camps adquirió para viajar al Vaticano. “Nunca se ha vendido un chaleco blanco en Forever Young”, apuntan desde el establecimiento.
Compras y clientes
En la entrevista publicada, Tomás señalaba que era el único que podía atender al presidente de la Generalitat. Esta máxima también queda desmentida en el escrito presentado por los responsables de la tienda quienes indican que los afectados por las declaraciones del presunto sastre no siempre eran atendidos por la misma persona. “Es una osadía propia de alguien enfermo que se pueda afirmar con tal rotundidad que Camps y los demás nunca han pagado un euro en la tienda”, añaden.
Por otra parte, en relación con Ricardo Costa la empresa sostiene que nunca ha dejado un encargo. “Nunca ha sido cliente nuestro la Comunitat Valenciana”, añade la denuncia.
Orange Market
La denuncia también indica que José Tomás contó tanto en su etapa en Forever Young como en su anterior periodo en Milano con Álvaro Pérez como “cliente y amigo”. El responsable de Orange Market, conocido como ‘El bigotes’, es otro de los imputados por Garzón y según las declaraciones del sastre sería el presunto intermediario en la adquisición de trajes para Camps y Costa.
El escrito de Hinojosa niega que una persona de Orange Market estuviera en contacto con el responsable de facturación de Forever Young, quien según la denuncia era el propio Tomás. “Era el director de ventas de todas las tiendas de la compañía, nada de sastre”, destaca. Además, apunta que Javier García Fernández es el responsable de arreglo y almacén y resalta que no estaba contratado cuando Camps, supuestamente, compró en la tienda.
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Enviado - 02/02/2010 : 21:14:14
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Enviado - 07/02/2010 : 01:55:45
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TRIBUNALES | Las medidas afectaron a once técnicos municipales
Imputan a la alcaldesa de Jerez por un presunto delito de prevariación
M. Estévez | Manuel Estévez
Actualizado sábado 06/02/2010 18:21 horasDisminuye el tamaño del textoAumenta el tamaño del textoLa alcaldesa de Jerez de la Frontera, Pilar Sánchez (PSOE), deberá acudir el próximo martes 16 de febrero a declarar en calidad de imputada ante el Juzgado de Instrucción número 5 de esta localidad gaditana, tras haber sido citada por este órgano judicial, por un presunto delito de prevaricación.
La citación se produce solo una semana después de que la Agrupación de Técnicos Municipales de Jerez (ATMJ) promoviese una querella criminal contra la regidora socialista por haber dictado varias resoluciones por las que se cesaba y modificaba las retribuciones de once técnicos municipales apoyándose en argumentos y hechos que el presidente de la ATMJ, Javier Valle, calificó de «presuntamente falsos».
Tanto la ATMJ como los mandos afectados han requerido amparo judicial ante una actuación de Pilar Sánchez «que prescinde de los requisitos legales necesarios y usa la falsedad para justificarla».
Javier Valle manifestó que no se sienten satisfechos por haber tenido que recurrir a la vía judicial porque «nuestro interés está en que las dificultades y los conflictos creados que hay se solucionen sin necesidad de que tuviéramos que llegar a estas medidas». No obstante, explicó que «si no nos queda más remedio, usaremos la vía judicial para demostrar que lo que se está haciendo no se está haciendo bien» ya que «no nos queda otra salida».
Considera que la decisión de la alcaldesa de cesar a los cargos que considere oportuno es «legítima» pero no está de acuerdo con el procedimiento y las formas utilizadas, ni tampoco con el resultado porque «al final, la normativa permite muchas posibilidades a la hora de los ceses y cambios de puestos y, sin embargo, se ha optado por la más drástica y la más sangrante».
A su juicio, esta forma de proceder de Pilar Sánchez «evidencia que hay algún tipo de animadversión hacia esas personas». «Una situación que viene sucediendo desde hace dos años», según Javier Valle, que denunció que el procedimiento seguido por la alcaldesa «no ha sido correcto» y que «hay algún tipo de iniciativa escondida detrás de todo esto», por lo que entiende que «hay que ponerlo sobre la mesa y defender la postura de los técnicos que trabajan por la administración y por la ciudad».
La querella ha sido interpuesta por uno de los once técnicos afectados por el cese y el recorte salarial, aunque en los próximos días se prevé que se produzcan las adhesiones de los otros diez afiliados a esta asociación que se han visto perjudicados por las resoluciones.
El presidente de la ATMJ no cree que el cese y la rebaja de retribuciones de los técnicos no tengan nada que ver con el ahorro en las arcas municipales porque en ese caso «estaríamos esperando medidas de carácter general y no parcial como está llevando a cabo».
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Enviado - 07/02/2010 : 22:22:56
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Enviado - 17/02/2010 : 02:08:55
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este es un caso de corrupcion conjunta.
El juez imputa al alcalde de Montroi y a dos notarios por los chalés ilegales
Portada de ABC en la que e informaba sobre la investigación a Polo
ISABEL RODRÍGUEZ DE LA TORRE|VALENCIA Martes , 16-02-10
El juez de Instrucción número 1 de Picassent tomó ayer declaración, en calidad de imputado, al alcalde de Montroi, el socialista Antonio Polo, a la notaria de la localidad, ahora instalada en Monserrat, y a un abogado por su presunta implicación en la construcción masiva de chalés ilegales. El interrogatorio al antiguo notario de Torrente, ya jubilado, se aplazó al sentirse éste indispuesto.
Ésta es la segunda fase de la operación contra la corrupción urbanística puesta en marcha el pasado día 3 de febrero, cuando fueron detenidos el ex alcalde Francisco Carrión, del PP, un promotor urbanístico, tres constructores, un ingeniero y un arquitecto.
Tras su declaración, el actual alcalde quedó en libertad imputado por prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos y desobediencia. Según el juez, Polo, alcalde desde 2006, no es ajeno a las irregularidades urbanísticas cometidas en Montroi, donde los investigadores han detectado casi un centenar de chalés construidos en suelo no urbanizable.
El edil socialista nunca envió al fiscal información sobre las infracciones urbanísticas
El magistrado, sin embargo, no consideró necesario ordenar su detención, como sí hizo con el ex alcalde Carrión, que permaneció dos días arrestado y quedó en libertad tras pagar una fianza de 8.500 euros. A Polo el juez no le fijó fianza. Sólo le retuvo el pasaporte. También quedaron en libertad la notaria, imputada por un delito de falsedad y complicidad en un delito contra la ordenación del territorio, y el abogado, imputado por estafa y delitos contra contra la ordenación del territorio.
Excesos constructivos
El munícipe podría haber incurrido en un delito de prevaricación urbanística por omisión, al hacer la vista gorda ante los excesos constructivos que nunca puso en conocimiento de la Fiscalía pese a que en dos ocasiones el Ministerio Público le requirió información sobre los expedientes sancionadores incoados por infracciones urbanísticas en el municipio.
La Ley Urbanística Valenciana obliga a los alcaldes a poner en conocimiento de la Fiscalía aquellas infracciones urbanísticas susceptibles de ser perseguidas como delito. Polo conocía la existencia de viviendas ilegales y o bien no incoó expediente sancionador o permitió su prescripción.
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Enviado - 18/02/2010 : 21:23:06
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El PSPV evita actuar contra sus referentes locales imputados
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D. MARTÍNEZ|ALICANTE
Jueves , 18-02-10
El PSPV no ha perdido ocasión de exigir la suspensión de militancia de cuantos cargos populares se han visto implicados en causas judiciales en los últimos años -una de las voces más activas en este sentido ha sido la de la secretaria de Organización, Elena Martín-, aún en fases muy incipientes de investigación.
Sin embargo, salvo raras excepciones los socialistas no suelen predicar con el ejemplo. El caso del alcalde de Montroi, imputado por prevaricación y omisión del deber -al no denunciar las viviendas ilegales cuya existencia admitió conocer-, es sólo el último de una larga lista.
Alarte ya ha avanzado que no tomará medidas contra Antonio Polo hasta que no le escuche hoy, y que aún así se estudiará si hay que tomar «alguna decisión». Por contra, el PP suspendió de militancia al predecesor de Polo, Francisco Javier Carrión, de forma inmediata tras conocerse su imputación.
El caso de Polo sigue la estela de otros cargos municipales del PSPV -muchos con un peso significativamente mayor- como el alcalde de Elche, Alejandro Soler, o la ex alcaldesa de Denia, Paqui Viciano. Alarte descartó desde el primer momento tomar medidas contra Soler, pese a que llegó a las puertas de un juicio oral por pagar con dinero municipal publicidad del PSOE.
Viciano se encuentra imputada en tres causas, sin que se cuestione su militancia. Mientras, el senador y ex alcalde de Elda Juan Pascual Azorín también sumó tres imputaciones, sin merecer ninguna reacción del PSPV.
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Enviado - 22/02/2010 : 21:51:53
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Un alto cargo de Aído cobró unos 31.000 euros por kilometraje sin tener ni carné
La actual directora general del Instituto de la Mujer acudía al Parlamento de Galicia desde Orense en un coche oficial adscrito al parque móvil de la Xunta de Touriño
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MIGUEL MUÑIZ / La ex portavoz del PSOE gallego para Políticas Sociales e Igualdad, en el Parlamento autonómico, antes de dar el salto a Madrid
El alto cargo de Aído «iba con compañeros o en taxi», según el PSOE
El «ejemplo» del PP
El portavoz de la dirección de los populares gallegos, el orensano Rodríguez Miranda, aceptó previa denuncia que durante el pasado mandato cobró dietas por desplazamiento que no le correspondían. Pidió al Parlamento que se le compute el kilometraje por asistir a los plenos del último lustro para retornar lo que ingresó. No viajó en vehículos distintos al suyo, según desveló, en más de un 15% de las ocasiones en las que se desplazó de Allariz a Santiago, pero ante la imposibilidad de calcular el número exacto en que sí lo hizo, devolverá la suma. El PP espera este ejemplo en otros partidos.
ANA MARTÍNEZ | SANTIAGO
Una media de 750 euros al mes de sueldo extra por dietas de kilometraje, careciendo de permiso de conducir y de vehículo propio. Éste fue el cuantioso complemento salarial de Laura Seara, antigua portavoz socialista para Políticas Sociales e Igualdad en el hemiciclo gallego. La ahora directora general del Instituto de la Mujer, dependiente del Ministerio de Bibiana Aído, se embolsó, según fuentes del ámbito parlamentario, entre 27.000 y 28.000 euros durante la legislatura del bipartito de Touriño y Quintana; y unos 4.000 más desde el cambio de poder, con la presidencia de Núñez Feijóo. La Cámara autonómica contempla tres meses enteros como no hábiles -enero, julio y agosto-, que no entrarían dentro de la tasación.
Según ha podido saber ABC, la ex diputada, nacida en Allariz en 1975, se desplazaba desde Orense (mientras gobernó la coalición de PSOE y BNG) en un automóvil del parque móvil de la Xunta, un Volkswagen Passat conducido por personal a cargo del erario público y adscrito a la Consejería de Medio Ambiente, que tenía al frente al también orensano Manuel Vázquez, hoy líder del PSOE galaico. Tras la contundente victoria electoral del último uno de marzo, la llevaba un miembro de su propio partido. El 30 de diciembre del año pasado dio un inesperado salto a Madrid y presentó la pertinente renuncia a su escaño.
Cambios urgentes en el Parlamengo gallego
El Palacio del Hórreo, sede del legislativo, se está planteando la necesidad de introducir cambios urgentes en el vigente sistema de pagos de las dietas por desplazamiento para poner coto a posibles ilegalidades. Sus señorías tendrán que actualizar sus datos de residencia y dejar constancia de si ha habido cambio de domicilio, a fin de concordar así los pagos por trayecto recorrido con la realidad. Asimismo, atendiendo al acuerdo marco que data de 2006, son ellos los que tienen que notificar la renuncia a percibir esta gratificación en caso de que hagan el itinerario correspondiente en el coche de otro compañero, que sería el que conduciría. Las hipótesis que se están manejando son varias: que el kilometraje se pague previa justificación (en este momento lo único que se hace es ver a cuántos plenos o comisiones ha asistido cada uno y multiplicar la distancia que existe entre la casa que tengan reconocida como vivienda permanente y Santiago); o que se establezca un importe fijado para cada trecho.
El popular Alberto Núñez Feijóo mostró su confianza en la determinación final que adopte el Parlamento, comandado por Pilar Rojo Noguera. «Como diputado que soy, espero que cualquier situación que se detecte se corrija, afecte a quien afecte. Todas las disfunciones se tienen que reparar, igual que en cualquier administración u organismo público. Yo no formo parte de esos órganos y no puedo tomar esas decisiones», manifestó al término de la reunión semanal de su gabinete. La misma idea fue defendida por los socialistas gallegos, temerosos de que casos concretos puedan afectar a la generalidad de los parlamentarios. El portavoz del Bloque, Carlos Aymerich, defendió que «quien cobre irregularmente, debe reintegrar el dinero». |
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