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pipiol
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Portada de Intereconomía
La hija del presidente del senado fue directora del área de obras en Estepona
Patricia Rojo firmó al menos cuatro presupuestos falsos de Urbanismo
15:52 | 27 de febrero, 2010 Eugenia Viñes y Rosalina Moreno
El sumario del ‘caso Astapa’ confirma la financiación ilegal del PSOE local. Parte del dinero ‘extra’ aportado por empresarios se destinó a “pagar nóminas y otras cosas”.
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Javier Rojo, presidente del Senado.
Madrid.- Patricia Rojo, hija del presidente del Senado, Javier Rojo, figura entre los 68 imputados en la trama de corrupción urbanística en el ayuntamiento socialista de Estepona (Málaga). A Rojo se le atribuye su “presunta participación en los delitos de prevaricación, cohecho y falsedad documental”.
De ella dice el concejal de Urbanismo que “la han utilizado para cuando les da la gana”. Esta conversación, extraída del sumario del caso Astapa, que se instruye en el juzgado número 1 de Estepona, se produce después de que el mismo edil de Urbanismo se niegue a firmar los presupuesto de 2008 por ser falsos.
En otra de las conversaciones intervenidas, la hija del presidente del Senado reconoce haber firmado “cuatro presupuestos con éste, incluido el del lío”. La investigación del caso de corrupción socialista llevada a cabo por la Brigada de Blanqueo de Capitales señala a José Flores, jefe de Gabinete del Alcalde, Antonio Barrientos, como el que manejaba las fuentes de ingresos extras del consistorio.
Describe la relación de Rojo con él como de extrema confianza, le identifica como el hombre ante el que ella reportaba todo su trabajo, y con el que compartía “confidencias”.
Ingresos ficticios
En el sumario se recoge que “Flores da instrucciones a Patricia para que incremente las previsiones de ingresos, como es el caso de los realizados por aprovechamientos, respecto a los cuales le dice que en lugar de poner los dos millones 400 que tiene ella, que los suba a seis millones sin justificar nada”.
Destaca el detalle de que Rojo reconoce el hecho de que “no se va a recaudar nada”. En consecuencia, la instrucción señala que pese a que es Flores quien dicta las previsiones de ingreso, ella “reconoce firmar algo, en el ejercicio de sus funciones, conociendo que su contenido no es veraz”.
Financiación ilegal
Durante cinco años largos, en los que Patricia Rojo desempeñó diversas funciones relacionadas con el área de Urbanismo del consistorio de Estepona, “la Delegación de Urbanismo (...) fue una fuente de ingresos”. El sumario explica el funcionamiento de esta fuente y su destino: “Es especialmente importante la influencia que José Flores ejerce sobre Patricia Rojo, el personal técnico del ayuntamiento y el concejal de Urbanismo, Rafael Duarte, dando instrucciones para que le busquen licencias, convenios o aprovechamientos que reporten dinero”.
“Una vez que Patricia encontraba alguno de esos conceptos urbanísticos, José Flores era el encargado de negociar con los interesados (normalmente empresarios) para ver qué cantidad les podían sacar”, añade.
La finalidad de la labor recaudatoria consistía en “distribuir el dinero obtenido (que carecería de contabilidad) entre los concejales del PSOE de Estepona (para sufragar deudas afectas a sus respectivas delegaciones) y bolsillos particulares, de manera que vendría a configurarse el sistema de tres cajas”.
Dilación indebida
Patricia Rojo le comunica a Flores que “a un señor, un tal José María, del que no se aportan más datos, se le ha tenido paralizado un expediente relativo a una licencia durante dos años, a pesar de tener toda la documentación en regla”. Rojo comenta que el concejal de Urbanismo le dijo que “seguramente le diera la licencia, pero primero habría que sacarle algo”. Eso sí, la hija del presidente del Senado asegura en la misma conversación que ella no piensa hacerlo directamente, así que el de Urbanismo le replicó que “se lo mandara a José Flores, para que éste lo sacase”.
Los investigadores destacan el “empleo de la palabra sacar para referirse al dinero de aquellas personas que tienen pendiente de ser resuelto por el consistorio algún asunto y cuya consecución se vería supeditada al desembolso, no deseado, de cantidades de dinero exigidas fundamentalmente por José Flores”.
En la instrucción se señala que la forma de obtener este dinero sería bajo la “amenaza de dificultar la consecución de una resolución a la que tendría derecho sin necesidad de ver sometido su expediente a una dilación indebida”. Añade que la alternativa era “pagar una cantidad de dinero que excedería toda tasa legal (...) bajo la denominación de colaboraciones voluntarias, patrocionios o esponsorizaciones”.
Por todo lo anterior, la Unidad de Blanqueo de Capitales concluye que Patricia Rojo, por el puesto que desempeñaba, “estaría en posición de controlar, supervisar o conocer, al menos, documentos o informes que, en nombre del ayuntamiento, afectarían al interés de los ciudadanos en Estepona”.
Más aún, que “Rojo consiente (al igual que Rafael Duarte, como se dice en las comunicaciones), manifiesta y contribuiría” a que “conociendo de la injusticia que conllevaría la dilación de algo que está en regla, no sólo lo toleraría sino que además colaboraría con José Flores en un procedimiento encaminado a solicitar a los interesados cantidades de dinero”.
La hija del presidente del Senado negó, en junio de 2008, su implicación en el caso de corrupción durante las más de cuatro horas en las que prestó declaración.
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pipiol
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Enviado - 28/02/2010 : 13:12:21
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El Tribunal de Cuentas investiga contratos de Hospitalet de la época de Corbacho
El expediente afecta a a142 adjudicaciones cuando el ministro de Trabajo era alcalde
Disminuir tamaño del textoAumentar tamaño del texto MARÍA JESÚS CAÑIZARES | BARCELONA Domingo , 28-02-10El Tribunal de Cuentas, órgano encargado de fiscalizar las cuentas de las administraciones y de los partidos políticos españoles, ha abierto diligencias preliminares contra el Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat (Barcelona) por supuestas irregularidades en la contratación pública efectuada entre el 29 de marzo de 2006 y el 23 de diciembre de 2008. El pasado martes, el gobierno municipal acordó personarse en el expediente y remitir la documentación requerida por el citado Tribunal.
La investigación se refiere a 142 contratos presuntamente adjudicados a dedo y sin cumplir con los requisitos legales. Estas contrataciones, que oscilan entre los 1.000 y los 500.000 euros, y que corresponden a estudios técnicos y obras urbanísticas, fueron tramitadas en su mayoría cuando el actual ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, era alcalde de esta ciudad, hoy gobernada por la también socialista Núria Marín. Las diligencias fueron incoadas a raíz de una denuncia del concejal del PP en este municipio, Juan Carlos del Río, quien sostiene que esos 142 contratos «se realizaron prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido, sin seguir ninguna de las disposiciones legales del procedimiento administrativo fijado para la contratación recogido en la Ley de Contratos de 2000 y de la vigente ley de 2007», según consta en el escrito remitido por los populares al ente fiscalizador. Posteriormente, esos contratos se transformaron en expedientes de conversión y reconocimiento de crédito, figura administrativa que equivale a una convalidación «para evitar un posible enriquecimiento injusto de la hacienda pública».
«En todos y cada uno de los dicatámenes hay sendos informes del Interventor General de este Ayuntamiento y de la Secretaría General en el que se expresan serios reparos acerca de la legalidad de estos dictámenes», subraya la denuncia. En este sentido, los informes de la Secretaria General municipal indican que «la realización de estos trabajos ha tenido lugar sin atender a lo que dispone el decreto legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y el resto de disposiciones referentes a la contratación contenidas en la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local y decreto legislativo 2/2003, de 28 de abril».
Carácter de emergencia
Añaden los informes de la Secretaría General que, de acuerdo con la vigente ley de contratos de 2007, «los entes, organismos y entidades del sector público no pueden contratar verbalmente salvo que el contrato tenga carácter de emergencia». Al respecto, el artículo 97 de la ley de contratos prevé la exención de tramitar expediente administrativo de contratación en los supuestos de «acontecimientos catastróficos, de situaciones que suponga grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional». El artículo 96 recoge esa misma exención «por razones de interés público».
Concluye esta Secretaría que «los actos que son objeto de este informe han prescindido del requisito de la formación del expediente y de la posterior adjudicación».
En opinión del grupo municipal del PP, «todas estas actuaciones pueden suponer una extralimitación de las funciones de los concejales y funcionarios que han intervenido en la génesis y aprobación de estos contratos nulos, prescindiendo del procedimiento legal, al margen de la Mesa de Contratación y de Comisiones municipales, obligando al Ayuntamiento para evitar el enriquecimiento injusto a resarcir a las diversas empresas por los trabajos realizados al margen de la competencia y procedimiento legalmente establecido». |
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pipiol
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Enviado - 09/03/2010 : 01:19:21
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pipiol
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Enviado - 13/03/2010 : 02:05:37
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DESDE LEVANTE
La corrupción urbanística golpea otro municipio gobernado por el PSPV
La sombra de la sospecha en la gestión salpica de nuevo a un alcalde socialista. El alcalde de Bigastro (Alicante) responderá a acusaciones por malversación y falsedad documental.
ANTE EL JUEZ
El alcalde, el secretario judicial, varios ediles y funcionarios de la localidad de Bigastro han declarado ante el juez imputados de presuntos delitos de prevaricación y falsedad documental.
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Los socialistas valencianos tienen un motivo más para sentirse preocupados. Los problemas, esta vez, no se ciñen a lo meramente electoral; la gestión urbanística de un municipio gobernado por un alcalde del PSPV-PSOE de nuevo está en la picota o, para ser más exactos, en los tribunales de Justicia que han admitido a trámite una denuncia vecinal que supone otra mancha más en el expediente de los ayuntamientos gobernados por socialistas. El juzgado de Instrucción 2 de Orihuela citó así a declarar, en condición de imputados, al alcalde de la localidad alicantina de Bigastro y a otros tres concejales más de su Equipo de Gobierno por presuntos delitos relacionados con el urbanismo y la ordenación del territorio.
El primer edil de esa localidad de la Vega Baja, Raúl Valerio, y sus ediles Mari Carmen Alonso, José Espinosa e Inmaculada Martínez comparecieron en los juzgados para dar explicaciones al magistrado sobre las graves acusaciones que parten de una vecina y que denuncian el cobro ilegal de unas tasas en un sector urbanístico de la población que serían contrarias a ley. En un primer momento, Valerio restó importancia a la querella anunciando que conseguiría que no tuviesen que comparecer en sede judicial argumentando que todo había sido motivado por un error de fechas propiciado por el secretario municipal, algo que venía a reconocer de forma implícita los hechos. No ha sido así, más bien todo lo contrario porque la Justicia determinó que se produjese esa declaración manteniendo la condición de imputados por delitos de prevaricación y falsedad documental.
Pero para mayor disgusto no sólo los cargos políticos protagonizaron un desfile por el juzgado, también tuvieron que comparecer y declarar bajo la misma condición de imputados el secretario del Consistorio y un grupo de funcionarios municipales hasta un total de once. Estamos pues ante una nueva tormenta en el PSPV de Alicante aunque de momento su secretaria general provincial -cargo por cierto de reciente creación- Ana Barceló no se ha pronunciado sobre este nuevo escándalo. Ningún otro cargo local, comarcal o provincial de los socialistas ha opinado todavía sobre un asunto que arrastra desde septiembre de 2009 y que ahora por fin tendrá resolución final en los juzgados, estando como está a la espera de la decisión del juez.
En la misma línea que los anteriores, la dirección nacional del PSPV ha guardado silencio como lógicamente ha hecho su número uno, el secretario general de los socialistas valenciano, Jorge Alarte. Se da la circunstancia de que el anterior alcalde socialista de esta localidad, José Joaquín Moya, se vio obligado a dejar la alcaldía tras ser detenido e ingresado en prisión por delitos de corrupción urbanística. Los ahora imputados culpan al PP por creer que es el responsable de estar siendo sometidos a "una persecución".
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pipiol
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Enviado - 22/03/2010 : 23:29:29
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pipiol
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Enviado - 27/03/2010 : 01:25:10
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sabrina
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Enviado - 27/03/2010 : 22:40:03
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CORRUPPSOE DEBERÍAS DECIR.
¿vaya con Gurtel y Matas, no te parece?
Si aquí no cambian lo políticos del PP, los que voten al PP en la Comunidad Valenciana deberían ser conscientes que avalan con su voto la corrupción. |
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pipiol
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Enviado - 28/03/2010 : 00:32:31
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si matas ha metido mano, que lo pague , no hay que mantener a los corruptos en ningun partido.
que haya un corrupto en un partido no quiere decir que todos sean corruptos, no te creas que en el psoe son todos legales. |
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pipiol
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Enviado - 28/03/2010 : 00:39:05
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si matas ha metido mano, que lo pague , no hay que mantener a los corruptos en ningun partido.
que haya un corrupto en un partido no quiere decir que todos sean corruptos, no te creas que en el psoe son todos legales. |
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pipiol
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Enviado - 31/03/2010 : 01:52:34
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pipiol
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Enviado - 08/04/2010 : 22:21:45
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Piden 8 años de inhabilitación para Trinidad Rollán, segunda del PSOE de Madrid
20:09 | 08 de abril, 2010 EP
La Fiscalía de la Comunidad de Madrid reclama la inhabilitación de cargo público de la secretaria de Organización del Partido Socialista de Madrid (PSM), Trinidad Rollán, así como de toda la corporación municipal de Torrejón de Ardoz.
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Tomás Gómez lidera el PSOE de Madrid
Madrid.- La Fiscalía de la Comunidad de Madrid reclama en un escrito de acusación, con fecha 30 de marzo, la inhabilitación de empleo o cargo público de la secretaria de Organización del Partido Socialista de Madrid (PSM), Trinidad Rollán, así como de toda la corporación municipal de Torrejón de Ardoz en el año 2001 por su implicación en el caso Patrimonio Siglo XXI.
Durante el pleno de la Asamblea de Madrid, el vicepresidente regional, Ignacio González, aportó un escrito de acusación de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid de 30 de marzo de 2010, que dice que en 2001 la corporación del Ayuntamiento de Torrejón, en la que se encuentra Rollán o la diputada regional del PSOE Esperanza Rozas, votó favorablemente un convenio urbanístico entre el Consistorio y la entidad Patrimonio Siglo XXI S.A., por valor de 539.291.000 pesetas (3.241.204 euros), a pesar de que durante el pleno "se puso de relieve la ilegalidad del convenio" y los miembros del equipo de gobierno eran "plenamente conscientes de su ilegalidad".
El texto señala que en virtud del convenio la sociedad "materializaría a su costa las obras de urbanización de terrenos propiedad del Ayuntamiento en la unidad de Ejecución 19 denominada 'Mancha Amarilla' ubicada en el PGOU" del municipio.
El escrito indica que el pleno municipal en el que se votó el convenio "puso de relieve la ilegalidad tanto de forma como de fondo del convenio suscrito" advirtiendo que la Concejalía de Urbanismo de la localidad "no cumplió con los artículos 164, 172, 175 y 177 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales", y en el fondo, "se infringía la ley del Suelo de la Comunidad de Madrid" porque el convenio "no tenía cabida en los artículos 245 y 246 de la Ley del Suelo".
Asimismo, señala que el secretario del Ayuntamiento "ponía de relieve la circunstancia de que nunca se podría configurar jurídicamente el convenio como una permuta, al no darse la necesaria reciprocidad de dar y recibir".
Por todo ello, el fiscal señala que los hechos "constituyen 14 delitos de prevaricación del artículo 404 del código Penal en relación con el artículo 78 de la Ley de Bases de Régimen Local" y que "cada acusado es responsable de un delito de prevaricación de los preceptos reseñados".
Además, señala que "a cada acusado procede se le imponga la pena de 8 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público".
Por su parte, desde el PSM afirmaron a Europa Press que el caso esta recurrido por parte de la corporación municipal y que los abogados de los implicados no tienen conocimiento ni han recibido el escrito.
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pipiol
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Enviado - 08/04/2010 : 22:24:49
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El PP pregunta al PSOE por qué mantiene a 68 cargos socialistas imputados
corrupción políticapolítica
Los populares recuerdan al PSOE los numerosos casos de cargos públicos que ocupan representantes de su partido inmersos en casos de corrupción.
REDACCIÓN HO.- Desde Madrid y Sevilla, los populares le han recordado hoy al PSOE que entre sus filas hay 68 cargos del PSOE imputados, y el partido no los ha echado.
Esperanza Aguirre ha acusado hoy a las socialistas de mantener en sus escaños de la Asamblea de Madrid a dos diputados imputados para los que el fiscal pide 8 años de inhabilitación para cargo público. Por su parte, el secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, reclamó al PSOE que sigan el ejemplo del PP y saquen de sus escaños a los que están imputados, para añadir:
“Cómo tienen la desfachatez de preguntar al PP por corrupción cuando Eduardo Tamayo es un miembro del PSOE."
Desde Sevilla, el secretario general del PP-A, Antonio Sanz, reclamó también al secretario de Estado de Cooperación Territorial y secretario de Relaciones Institucionales y Política Autonómica del PSOE, Gaspar Zarrías, que "se preocupe de que dimitan los cerca de 60 cargos del PSOE-A imputados antes de dar lecciones a los demás":
"La antítesis de la democracia no puede dar lecciones de ética al PP-A. Después de que Bárcenas haya pedido la baja del partido, Zarrías debe preocuparse de que los cerca de 60 cargos del PSOE-A imputados dimitan antes de dar lecciones a los demás. En vez de poner la diana en el PP, ponga la lupa en el PSOE para investigar y responder de las vinculaciones que unen a su partido con la Operación Poniente o con los casos Mercasevilla o Astapa. Mientras que el delegado provincial de la Consejería de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas, imputado en el caso Mercasevilla, esté en el Comité Director del PSOE-A y siga de alto cargo Zarrías, debería pensarse sus declaraciones".
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Enviado - 19/04/2010 : 16:18:27
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Operación Unión
Detenida la ex alcaldesa de Arrecife
La que fuera alcaldesa de Arrecife María Isabel Déniz será trasladada en helicóptero a Lanzarote para registrar su vivienda de Playa Honda
12:27 VOTE ESTA NOTICIA
María Isabel Déniz. LA PROVINCIA / DLP
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Tercera fase de la ´operación Unión´. Islas
EFE La ex alcaldesa de Arrecife de Lanzarote María Isabel Déniz, de Coalición Canaria, el ex consejero socialista del Cabildo Insular Miguel Ángel Leal y un técnico de esta institución han sido detenidos hoy en la "Operación Unión", que investiga una trama de presunta corrupción urbanística en la isla.
Agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) han efectuado dichas detenciones en una actuación dentro de la cual se están practicando registros en la sede del Cabildo de Lanzarote y de la empresa Urbaser, concesionaria de los servicios de limpieza del Ayuntamiento de Arrecife, confirmaron a Efe fuentes de la investigación.
También hay presencia policial en el entorno de la vivienda de María Isabel Déniz, situada en el municipio de San Bartolomé de Lanzarote, en el marco de una actuación que las fuentes destacaron que no está cerrada y que podría saldarse con nuevas detenciones hoy mismo.
En concreto, desde la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Canarias se ha apuntado que también estaba previsto que hoy fueran detenidos por el mismo caso el empresario Juan Francisco Armas y el empleado de la Oficina Técnica del Ayuntamiento de Arrecife Juan Rafael Arocha, si bien nadie ha podido confirmar de momento esas informaciones.
De hecho, desde el Ayuntamiento de Arrecife se ha afirmado que Juan Rafael Arocha permanece en su puesto de trabajo, mientras que fuentes judiciales apuntaron a Efe que el empresario en cuestión estaría actualmente prestando declaración como imputado por otra causa en un Juzgado de Lanzarote.
Sí están confirmados, en todo caso, los arrestos de María Isabel Déniz, de Miguel Ángel Leal, que fue consejero del área de Residuos y Actividades Clasificadas del Cabildo de Lanzarote, y un técnico de ese mismo departamento de la corporación insular cuya identidad no ha sido dada a conocer.
Las detenciones de hoy forman parte de una nueva fase de la "Operación Unión", que arrancó originalmente el 25 de mayo de 2009 y había sumado ya hasta ahora más de una veintena de arrestos o imputaciones de políticos y empresarios, según han confirmado todas las fuentes consultadas.
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Enviado - 20/04/2010 : 01:22:44
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Dolores Agudo trabaja como colaboradora de la portavoz del Grupo Socialista, Maru Menéndez
El PSOE ficha para la Asamblea a una alcaldesa expulsada por corrupción19 Abril 10 - Paula Poveda Compártelo: Sus socios de Gobierno en Velilla de San Antonio, promovieron una moción de censura contra ella por malversar fondos.
MADRID- Poco a poco el secretario general del Partido Socialista de Madrid (PSM), Tomás Gómez, se está introduciendo su cuota de poder en la Asamblea de Madrid. No en vano, la lista de actuales diputados socialistas la elaboró su antecesor al frente del partido en la región, Rafael Simancas. Tras poner en los cargos de mayor relevancia parlamentaria a personas de su confianza y sacar de los mismos a personas afines al ex secretario general, el último movimiento del líder del PSM lo ha protagonizado la ex alcaldesa de Velilla de San Antonio, Dolores Agudo, que está empleada en el Grupo Socialista del Parlamento autonómico desde hace un par de semanas.
En el organigrama del PSM «Lola» Agudo Masa aparece en calidad de vocal de la Ejecutiva –forma parte del equipo de Gómez desde el último congreso regional que se celebró en septiembre de 2008–, ahora ha sido contratada como persona de confianza de la portavoz de los socialistas en la Cámara regional, Maru Menéndez, que también forma parte del órgano de dirección del partido en Madrid.
Fuentes de la Asamblea consultadas no pudieron confirmar si la ex alcaldesa de Velilla ha firmado un contrato de trabajo para desempeñar estas funciones, si percibe o no algún sueldo por colaborar con la portavoz, pero resaltan sin embargo que «no hay asesores en la Asamblea que trabajen gratis».
La nueva ayudante parlamentaria perdió la alcaldía de Velilla el pasado 2 de diciembre. Los socialistas gobernaban en el municipio en coalición con los ediles de Izquierda Unida. Fueron precisamente sus socios quienes promovieron una moción de censura contra ella.
Los dos ediles de IU que formaban parte del Gobierno de Velilla acusan a Agudo de malversación de fondos públicos, coacciones para evitar la denuncia y soborno para paralizar la moción que la dejó sin el bastón de mando de la localidad. Mientras la Justicia dirime estas acusaciones, Gómez no ha querido dejar a Agudo sin empleo.
Dietas de 1.300 euros
No es el primer puesto para el que Secretario General ha pensado en «Lola». La ex regidora, tras su salida forzosa de la alcaldía, fue premiada por el máximo responsable del PSM con un sillón en la Asamblea general de Caja Madrid. Un «regalo» que le facilita unos ingresos de 1.300 euros por cada una de las reuniones de la entidad financiera en las que participa (al menos dos al año). Cuando pensó en ella para este puesto sólo habían pasado quince días desde la moción de censura.
Ahora, desde una mesa junto a los trabajadores del gabinete de prensa del Grupo parlamentario Socialista, Agudo pone a su experiencia política al servicio de la Asamblea regional.
Del Gürtel no, del PSOE, sí
El jueves pasado, en un pleno que la colaboradora nueva colaboradora de Maru Menéndez, «Lola» Agudo, siguió desde la tribuna de invitados, el Grupo Socialista volvió a exigir a Esperanza Aguirre, la expulsión de los tres ex diputados del PP imputados en la «Gürtel». La presidenta regional reiteró su petición a Alberto López Viejo, Alfonso Bosh Tejedor y Benjamín Martín Vasco. Quiere que abandonen sus actas como diputados. Los socialistas también cuentan en sus filas con parlamentarios imputados en diversas causas, sin embargo, hacen caso omiso de la exigencia de Menéndez: «Usted los trajo y usted los tiene que sacar de aquí».
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pipiol
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Enviado - 20/04/2010 : 01:23:56
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Dolores Agudo trabaja como colaboradora de la portavoz del Grupo Socialista, Maru Menéndez
El PSOE ficha para la Asamblea a una alcaldesa expulsada por corrupción19 Abril 10 - Paula Poveda Compártelo: Sus socios de Gobierno en Velilla de San Antonio, promovieron una moción de censura contra ella por malversar fondos.
MADRID- Poco a poco el secretario general del Partido Socialista de Madrid (PSM), Tomás Gómez, se está introduciendo su cuota de poder en la Asamblea de Madrid. No en vano, la lista de actuales diputados socialistas la elaboró su antecesor al frente del partido en la región, Rafael Simancas. Tras poner en los cargos de mayor relevancia parlamentaria a personas de su confianza y sacar de los mismos a personas afines al ex secretario general, el último movimiento del líder del PSM lo ha protagonizado la ex alcaldesa de Velilla de San Antonio, Dolores Agudo, que está empleada en el Grupo Socialista del Parlamento autonómico desde hace un par de semanas.
En el organigrama del PSM «Lola» Agudo Masa aparece en calidad de vocal de la Ejecutiva –forma parte del equipo de Gómez desde el último congreso regional que se celebró en septiembre de 2008–, ahora ha sido contratada como persona de confianza de la portavoz de los socialistas en la Cámara regional, Maru Menéndez, que también forma parte del órgano de dirección del partido en Madrid.
Fuentes de la Asamblea consultadas no pudieron confirmar si la ex alcaldesa de Velilla ha firmado un contrato de trabajo para desempeñar estas funciones, si percibe o no algún sueldo por colaborar con la portavoz, pero resaltan sin embargo que «no hay asesores en la Asamblea que trabajen gratis».
La nueva ayudante parlamentaria perdió la alcaldía de Velilla el pasado 2 de diciembre. Los socialistas gobernaban en el municipio en coalición con los ediles de Izquierda Unida. Fueron precisamente sus socios quienes promovieron una moción de censura contra ella.
Los dos ediles de IU que formaban parte del Gobierno de Velilla acusan a Agudo de malversación de fondos públicos, coacciones para evitar la denuncia y soborno para paralizar la moción que la dejó sin el bastón de mando de la localidad. Mientras la Justicia dirime estas acusaciones, Gómez no ha querido dejar a Agudo sin empleo.
Dietas de 1.300 euros
No es el primer puesto para el que Secretario General ha pensado en «Lola». La ex regidora, tras su salida forzosa de la alcaldía, fue premiada por el máximo responsable del PSM con un sillón en la Asamblea general de Caja Madrid. Un «regalo» que le facilita unos ingresos de 1.300 euros por cada una de las reuniones de la entidad financiera en las que participa (al menos dos al año). Cuando pensó en ella para este puesto sólo habían pasado quince días desde la moción de censura.
Ahora, desde una mesa junto a los trabajadores del gabinete de prensa del Grupo parlamentario Socialista, Agudo pone a su experiencia política al servicio de la Asamblea regional.
Del Gürtel no, del PSOE, sí
El jueves pasado, en un pleno que la colaboradora nueva colaboradora de Maru Menéndez, «Lola» Agudo, siguió desde la tribuna de invitados, el Grupo Socialista volvió a exigir a Esperanza Aguirre, la expulsión de los tres ex diputados del PP imputados en la «Gürtel». La presidenta regional reiteró su petición a Alberto López Viejo, Alfonso Bosh Tejedor y Benjamín Martín Vasco. Quiere que abandonen sus actas como diputados. Los socialistas también cuentan en sus filas con parlamentarios imputados en diversas causas, sin embargo, hacen caso omiso de la exigencia de Menéndez: «Usted los trajo y usted los tiene que sacar de aquí».
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