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 Enviado - 22/04/2010 : 08:45:24
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ESPAÑA
Blanco premia al gerente del PSOE que 'lavó' dinero de FilesaCarlos Segovia | Madrid
Actualizado miércoles 21/04/2010 22:13 horas
Disminuye el tamaño del textoAumenta el tamaño del textoImprimirShare twitter LinkedIn delicious El que fuera gerente del PSOE durante la etapa de Filesa en 1987, Ramón Moreda, acaba de ser nombrado presidente de la empresa pública Comercial del Ferrocarril S.A. (Comfersa). Comfersa es filial de Renfe y depende orgánicamente del Ministerio de Fomento que dirige el vicesecretario general del PSOE, José Blanco.
Moreda fue declarado imputado por el juez Marino Barbero e, inicialmente, también por Enrique Bacigalupo, en el llamado caso Filesa por delito electoral. Era acusado de lavar y ocultar en la contabilidad del PSOE los ingresos recibidos por las empresas y bancos donantes
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Enviado - 25/04/2010 : 14:03:19
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Enviado - 03/05/2010 : 20:06:58
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El PP presenta el «mapa de la corrupción socialista» en Andalucía
Disminuir tamaño del textoAumentar tamaño del texto ppandaluz.esABC. SEVILLAActualizado Lunes , 03-05-10 a las 15 : 01El PP ha presentado hoy el "Mapa de la corrupción socialista" en Andalucía, en el que se recoge que existen hasta 140 cargos y ex cargos públicos del PSOE que se encuentran imputados o condenados por diferentes actuaciones judiciales, por lo que ha pedido que "no dé lecciones" a ningún partido.
El mapa, colgado en la página web del PP andaluz con la identificación de todos estos cargos socialistas, recoge que existen en la actualidad en Andalucía un total de 54 cargos públicos imputados en casos judiciales abiertos y 33 ex cargos públicos imputados en casos abiertos.
También hay actualmente, según la denuncia realizada hoy en rueda de prensa por el secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, un total de 16 cargos públicos del PSOE condenados; 19 ex cargos públicos condenados; y 18 cargos públicos implicados en casos en los que se han abierto diligencias.Antonio Sanz: "El PP no está dispuesto a recibir ninguna lección de limpieza y de ética por parte de nadie, y menos del Partido Socialista""El PP no está dispuesto a recibir ninguna lección de limpieza y de ética por parte de nadie, y menos del Partido Socialista", ha declarado Antonio Sanz, quien ha añadido que quienes quieran conocer los nombres de cargos socialistas podrán acudir a la página web del PP en la que aparecen.
Una prueba de la "mentira y los engaños" del PSOE en materia de corrupción es que tiene aprobado un Código Interno de Buen Gobierno en el que se recoge que será expulsado del partido todo aquel que esté imputado en algún caso, un extremo que los socialistas "no cumplen ni han cumplido" en 54 de estos casos.
"54 cargos públicos actuales del PSOE imputados en procesos judiciales abiertos siguen en sus puestos y no se les aplica el código interno del partido", ha indicado Sanz, quien ha añadido que el PSOE "ampara o apoya" a estos cargos del partido pese a que se encuentran imputados por la justicia.
Antonio Sanz ha recordado que algunos de los cargos socialistas han estado o están imputados en casos como Mayala, en Marbella (Málaga), Astapa, en Estepona, o el la Operación Poniente, en El Ejido (Almería), y ha añadido que la actitud del PSOE resulta en estos casos "complaciente y tolerante" con la corrupción.
De la misma forma, ha subrayado que existen imputados en todas las provincias pero que las provincias con un mayor número son las de Málaga, Almería, Cádiz y Sevilla, principalmente, por lo que, en su opinión, los socialistas deberían dar "muchas explicaciones" antes de "intentar dar lecciones" al resto de partidos. |
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Enviado - 13/05/2010 : 22:15:42
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Actualizado a las 17:19:53
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La pareja de Maru Menéndez, en el banquillo por su pluriempleoLa imponente carrera profesional de la pareja de la portavoz socialista Maru Menéndez sigue dando que hablar. Liberado de UGT y empresario, Félix Palomo tendrá que declarar ante el juez para explicar las acusaciones de fraude que pesan sobre sus espaldas.
2010-05-13Imprimir Enviar Corregir Comentar Libertad Digital
Félix Palomo declara este jueves ante el juez para explicar porque era administrador de tres sociedades pese a ser coordinador del Plan de Vivienda Joven.
Pluriempleado: Una silla en UGT, otra en la Consejería de Educación y otras tres en "Energía Proyectos y Gestión, S. L.", "Análisis Social y Gestión S. L", y la cooperativa "La Dehesa de Sanse". Lo peor de todo es que fuentes de la Consejería de Educación aseguran que el funcionario, liberado sindical y "empresario" no realizaba desde el año 2000 ninguna de las tareas correspondientes a sus dos primeros cargos.
Una falta "muy grave" según la Dirección General de Función Pública –que vigila la actividad de los funcionarios– que le llevó a ser suspendido de empleo y sueldo durante dos meses y luego trasladado de manera forzosa. Este jueves declara ante el juez.
Como publica este jueves el diario La Razón, Félix Palomo fue suspendido de empleo y sueldo el pasado mes de octubre al destaparse el fraude: además de ser liberado sindical desde hace varios años, compatibilizaba su puesto como coordinador del Plan Joven de Vivienda con la participación en cuatro sociedades de capital privado, algunas de ellas vinculadas a su puesto como funcionario de la consejería de Educación.
Sin embargo el escándalo se remonta al mes de mayo, cuando algunos miembros de la cooperativa "La Dehesa de Sanse", denunciaron presuntas irregularidades a cargo de la pareja de la portavoz del PSOE en la Asamblea regional, Maru Menéndez. Los propietarios aseguraban que podrían haber sido objeto de una estafa y apuntaban a Palomo como el hombre que colocó "a dedo", sin el consentimiento de los socios, a su cuñado y a un ex empleado, en los órganos de gestión de la cooperativa para controlarla.
Durante la mañana de este jueves Palomo apartará la sospechosa gestión de sus "otros empleos" y explicará en el juzgado por qué no notificó a sus superiores en la consejería de Educación que tenía más empleos y que estos podían tener relación con su cometido en la administración regional.
Todo esto después de haber firmado un documento en el que declaraba "no estar afectado por incompatibilidad" para pasar a formar parte del colectivo de liberados sindicales. El convenio colectivo al que se somete Félix Palomo como personal laboral de la Comunidad de Madrid le obliga a solicitar autorización de sus superiores a la hora de emprender nuevas responsabilidades laborales, especialmente cuando éstas pueden entrar en conflicto con su anterior puesto en la consejería de Educación.
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Enviado - 15/05/2010 : 00:17:12
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Enviado - 25/05/2010 : 15:46:45
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en el marco del caso malaya
Investigan a la inspectora de la Junta que se querelló contra Pedro de Tena y LDLa inspectora de la Junta de Andalucía María José Mata, que se querelló contra Libertad Digital y Pedro de Tena pero cuya denuncia fue archivada, está siendo investigada por el juez del caso Malaya.
2010-05-24Imprimir Enviar Corregir Comentar Pedro de Tena
La Sección Primera de la Audiencia provincial de Málaga, que juzgará el caso 'Malaya', ha ordenado deducir testimonio para que se investigue y persiga en un procedimiento penal separado el contenido de las conversaciones telefónicas grabadas por la Policía Nacional al abogado Antonio Gijón, en las que aparece la inspectora de Urbanismo de la Junta, María José Mata. Recuerden que esta inspectora interpuso una querella contra Libertad Digital y Pedro de Tena por calumnias que fue archivada en marzo de este año por el juzgado de instrucción número 12 de Málaga.
Pero ahora, con base en las mismas escuchas telefónicas que motivaron la dimisión de Mata como delegada provincial de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio el 22 de mayo de 2008, apenas tres días después de su nombramiento, y tras conocerse que había montado una empresa inmobiliaria y de asesoramiento jurídico con un letrado investigado en la operación contra la corrupción en Marbella, cosa que contó Libertad Digital, entre otros medios, el órgano judicial toma la decisión de investigar las escuchas a petición de la Fiscalía Anticorrupción, ya que ninguno de los dos ha sido procesado ni imputado en el caso.
Hace dos años, el responsable de la Fiscalía Anticorrupción en Málaga, Juan Carlos López Caballero, anunció que se investigaría el contenido de las conversaciones telefónicas entre Gijón y Mata.
María José Mata montó una empresa, de la que poseía el 10 por ciento de la acciones, con Antonio Gijón, al que la Policía, en el marco de la investigación del caso Malaya, pinchó el teléfono tras una conversación con Isabel García Marcos en diciembre de 2005.
Una vez intervenido el teléfono de Gijón, la Policía deduce que el abogado mantiene "relaciones de carácter profesional" con la inspectora de urbanismo María José Mata, "sin que a día de hoy se haya podido acreditar el alcance de dicha colaboración profesional", según recogió "Málaga hoy".
Historia de un fleco de la Operación Malaya
La propia Mata informó de su dimisión en un comunicado y justificó su abandono en que para defenderse con mayor libertad frente a lo que calificó de «ataques personales injustificados". Libertad Digital informó de que Mata montó, con un abogado investigado en la operación «Malaya», una empresa dedicada a la promoción y construcción de terrenos e inmuebles, servicios inmobiliarios y asesoramiento jurídico, a la vez que ejercía como inspectora provincial de Urbanismo de la Junta. En una de las conversaciones recogidas en el sumario su socio, en presencia de unos clientes, le traslada a la delegada el deseo de éstos de construir una vivienda unifamiliar en Monda. "Me han dicho que ellos quieren solamente construir una vivienda unifamiliar, con lo cual al ser sólo una no tendría problema, y que le llevemos nosotros todo el tema", dijo el abogado. "Ah, estupendo", respondió ella.
Veintinueve minutos después, ambos interlocutores volvían a contactar por teléfono y el abogado le comentó un acuerdo económico: "Le he pedido 1.000 euros, que me los van a transferir sobre la marcha a AGM y de ahí pues lo saco y te lo doy a ti y, por otro lado, que me van a mandar una escritura para una duda que existe que... como yo lo voy a tener, pues, como te voy a ver el lunes te lo consulto, ¿vale?". "Vale, vale, perfecto", respondió Mata.
Tras su dimisión, la señora Mata de Damas puso una denuncia contra Libertad Digital y otros medios por estimar que las informaciones publicadas "carecen de veracidad y rebasan los límites del derecho constitucional a la libertad de expresión y opinión" por lo que consideraba lesionando su derecho al honor como funcionaria, así como la imagen de la Administración Pública."
Pero la jueza del caso, consideró que "examinados los artículos periodísticos publicados...se concluye que el contenido de lo relatado no era objetivamente calumnioso, no se apreciaba la concurrencia de un dolo específico de difamar, al ser artículos esencialmente informativos y no constar un temerario desprecio a la verdad, pues su fuentes de información se basaban en diligencias policiales y procedimientos judiciales. Tampoco se aprecia la concurrencia de un delito de injurias, ya que ni las expresiones contenidas en los mismos son objetivamente injuriosas, ni concurre un animus injuriandi, y sí sólo el ejercicio de un derecho fundamental, como era el de información u opinión."
Añadió la jueza que "en los mismos no se contiene expresión alguna que lesione la dignidad, la fama o la propia estima de la demandante. En los indicados artículos se relata que la denunciante ostentaba un cargo público en la Junta de Andalucía, delegada de vivienda y al tiempo era socia de una empresa dedicada a gestiones inmobiliarias, de la que, a su vez, era socio un abogado investigado en el proceso denominado Caso Malaya", lo que no es considerado atentatorio contra la fama de la señora Mata de Damas.
Consecuentemente, su auto de 17 de marzo de 2010, archivó las diligencias previas.
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Enviado - 25/05/2010 : 22:44:39
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Enviado - 03/06/2010 : 00:40:01
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GUILLENA | Por permitir la construcción de naves en zona verde
El ex alcalde Justo Padilla acepta 9 años de inhabilitación por prevaricación
Europa Press | Sevilla
Actualizado miércoles 02/06/2010 21:35 horasDisminuye el tamaño del textoAumenta el tamaño del textoEl ex alcalde de Guillena Justo Padilla (PSOE), quien gobernase durante más 30 años este municipio, ha aceptado este miércoles ante el Juzgado de lo Penal número ocho una condena de nueve años y seis meses de inhabilitación especial para ejercer como alcalde, concejal o cargo público relacionado con la concesión de licencias, a cuenta del delito de prevaricación que ha reconocido por la concesión de una licencia de obra para construir naves en un entorno reservado para zona verde.
El propio Justo Padilla ha recordado que ya el pasado 18 de enero acordó con la Fiscalía la aceptación de siete años de inhabilitación especial por un delito de prevaricación por omisión, al no haber actuado contra edificaciones en suelos no urbanizables de los Lagos del Serrano, un acuerdo que evitó la celebración al día siguiente de una vista oral fijada por el juzgado de lo Penal número 12 en cuanto a este caso.
Aquel mismo día, según rememoró, acordó también con la Fiscalía aceptar una condena de ocho años y medio de inhabilitación especial para el desempeño de los cargos de alcalde o concejal y de cargos públicos relacionados con la concesión de licencias, además de una multa de 2.700 euros, en cuanto al delito de prevaricación que se le imputaba por la concesión de licencias de obra para construir naves industriales en suelos del polígono El Cerro declarados como zona verde.
No obstante, en torno a aquel acuerdo concurrían dos circunstancias; el papel del grupo de IU-CA en el Ayuntamiento como acusación particular en estas diligencias y la necesidad de que el caso fuese asignado a un juzgado de lo Penal.
Finalmente, Justo Padilla, la Fiscalía e IU-CA como acusación han comparecido este miércoles ante el Juzgado de lo Penal número ocho, ante el cual han alcanzado un acuerdo mediante el que el ex alcalde, según dijo él mismo, ha aceptado una condena de nueve años y seis meses de inhabilitación especial para ejercer como primer edil, concejal o cargo público relacionado con la concesión de licencias, "una multa de 3.000 euros" y las costas del procedimiento por un delito de prevaricación. Justo Padilla, así, aseguró que el caso de las naves del polígono El Cerro ha sido objeto de "carpetazo".
Igualmente, aseguró que al concurrir dos conformidades con penas que se solapan, prevalece "la mayor" de las penas, la correspondiente a las naves del polígono El Cerro.
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Enviado - 09/07/2010 : 19:11:47
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SU SUCESOR EN PARLA DECLARA POR COACCIÓN
El TSJM abre juicio contra la mano derecha de Tomás Gómez por prevaricaciónEl líder de los socialistas madrileños ha recibido un nuevo mazazo, esta vez de la Justicia. Su número dos, Trinidad Rollán, está acusada de un delito de prevaricación por una operación urbanística aprobada cuando era alcaldesa de Torrejón. El alcalde de Parla, además, declara hoy por prevaricación.
Documento: Auto contra Trinidad Rollán
•Tomás Gómez: "No hay nada de nada"
2010-07-09Imprimir Enviar Corregir Comentar LIBERTAD DIGITAL
Según detalla casi toda la prensa del viernes, los apuros de Rollán con la Justicia acorralan también a Gómez, ya con nulas posibilidades de vencer a Aguirre en la comunidad de Madrid.
Su asesora y mano derecha, la secretaria de Organización en el partido, Trinidad Rollán, está imputada junto a la diputada de la Asamblea de Madrid, Esperanza Rozas, y otros doce concejales más a ocho años de inhabilitación de empleo o cargo público. El delito que se le imputa es el de prevaricación en el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, dentro del acaso "Patrimonio Siglo XXI".
Según publica ABC, el TSJM acordó el jueves la apertura de juicio oral contra los acusados. Cuando Rollán era alcaldesa de esa localidad madrileña, votó por un convenio urbanístico pese a que el Pleno "se puso de relieve la ilegalidad del convenio" y los miembros del equipo de Gobierno eran "plenamente conscientes de su ilegalidad".
El convenio salió adelante pese a contar con dos informes en contra, uno del interventor y otro del secretario general, que en un informe del 23 de noviembre de 2001, advertía de la ilegalidad del mismo debido a que no se ajustaba a procedimiento de concurso y por el fondo del negocio pactado.
"Ningún político en su sano juicio sigue adelante con la votación si tiene en contra esos informes, y el PSOE lo hizo", dijo a ABC el actual regidor del municipio, el popular Pedro Rollán. Por eso, afirma, Tomás Gómez tiene una gran oportunidad para "dar crédito a sus palabras de que cualquier polítco que esté acusado tiene que dimitir como político".
David Pérez, portavoz popular en la Cámara regional, también consideró que si los socialistas fueran coherentes, "desde luego debería pedir el acta de Esperanza Rojas". "Si tienene la poca vergüenza de aplicar un doble rasero de lo que el piden a unos respecto a lo que aplican a otros estaremos ante una escandalosa conducta y una coherencia muy importante.
No sólo eso: según La Razón, el pupilo de Gómez, José María Fraile, el que está llamado a suceder a Gómez en la alcaldía de Parla, está llamado a declarar el viernes por prevaricación después de que el ex jefe de la Policía Local de dicho municipio le denunciara por prevaricación. Ese ex jefe policial, Eduardo Fernández Tejero, fue el instructor jefe del expediente de Ginés en el caso Bloque.
Y es que en octubre de 2009, detalla La Razón, Fernández fue relegado de su puesto como responsable de los agentes municipales y no recibió más explicación que la afirmación de Fraile, un escueto "Eduardo, hemos perdido la confianza que teníamos en ti". El ex jefe policial recordó a Fraile que había llegado al puesto no por confianza, sino por unas oposiciones, y acto seguido "me amenazó con la apertura de un expediente disciplinario si no me iba voluntariamente de este Ayuntamiento y, si no aceptaba, a quedar relegado a cobrar mi sueldo íntegro realizando funciones testimoniales".
Según La Razón, la amenaza se cumplió y se abrió un expediente contra Fernández, aunque luego fue archivado sin sanción y por tanto el agente fue readmitido en febrero, aunque le fue adjudicada otra función bien distinta. En su ausencia, Fraile creó un nuevo cargo de subinspector y eligió a un sargento para que lo desempeñase.
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Enviado - 10/07/2010 : 21:09:19
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AUN SÓLO TRABAJAN PARA SU PARTIDO
El PSOE de Sevilla no sabe ni contesta por qué empleados de IU y el PCA cobran del AyuntamientoEl Gobierno municipal de Alfredo Sánchez Monteseirín y el PSOE no quiere explicar por qué empleados de IU y el Partido Comunista cobran del Ayuntamiento cuando sólo trabajan para su partido.
2010-07-09Imprimir Enviar Corregir Comentar
Pedro de Tena/Antonio Barreda
Esto es, no hay explicación oficial de por qué el dinero de todos los sevillanos que, por cierto, votaron mayoritariamente al PP, tienen que pagar el personal a un partido muy minoritario que es socio del PSOE, al que sostiene en la alcaldía. Por su parte, el grupo comunista sigue guardando silencio.
Juan de Dios Villanueva cobra 38.281 euros al año como técnico medio en la oficina de Atención al Ciudadano, un puesto al que no acude, según fuentes del propio departamento. El recepcionista del local comunista, Jaime Castillo, está contratado como secretario del grupo municipal de IU con un sueldo de 26.083 euros al mes. Y Antonio Rodrigo Torrijos, el teniente de alcalde de IU, tiene en su delegación de Relaciones Institucionales a José Antonio Martínez Conde como administrativo —es secretario de organización local de PCA y tiene su despacho en la sede— y a Alberto Jesús Miranda como auxiliar técnico hasta que ha sido elegido candidato de IU a la Alcaldía de Alcalá de Guadaíra para las elecciones de 2011. Por último, otro empleado habitual de la sede de San Pablo, Fernando Vega Risquet, cobró del Instituto Municipal de Deportes hasta junio del año pasado.
ABC ha denunciado esta "ley del silencio" porque no ha recibido respuesta después de haber preguntado por el asunto. Por ejemplo, la portavoz del Gobierno municipal, Nieves Hernández, que representa tanto al PSOE como a IU en el Ayuntamiento, no quiso responder ayer a las preguntas sobre la contratación por parte de la administración local de hasta cinco militantes del PCA que trabajan en la sede de IU en San Pablo. Hernández se refirió a un comunicado de su compañero Alberto Moriña, portavoz socialista.
Pero cuando se le pidió que resumiera el contenido de ese comunicado para poder preguntarle a ella las dudas que pudieran surgir, la portavoz de los dos grupos políticos que dirigen la ciudad se negó a hacerlo. Se remitió al susodicho comunicado una y otra vez.
Pero en tal comunicado no se hace mención de ningún tipo sobre la situación Al contrario, dice que «Ningún empleado del PSOE cobra del Ayuntamiento», Sobre los empleados de IU, nada de nada. Eso sí, el comunicado arremete contra el PP y acusa a su candidato, Juan Ignacio Zoido, de que también tenía gente trabajando para él que cobraba del Ayuntamiento.
El portavoz del PP, en cambio, volvió a considerar «un escándalo que en Sevilla haya personas que cobren del Ayuntamiento y estén trabajando para una organización política», por lo que instó "al PSOE e IU» a «poner freno a esto, el alcalde tiene que decir que esos señores han sido cesados o irse él".
Por si fuera poco, Juan de Dios Villanueva, coordinador provincial del PCA, cobra un sueldo municipal de un departamento que depende directamente del grupo socialista municipal, la oficina de Atención al Ciudadano. A pesar ello, el comunicado de Moriña insiste en que "ningún empleado del PSOE, ni persona que desarrolle actividad laboral alguna para el Partido Socialista, cobra del Ayuntamiento".
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Enviado - 30/07/2010 : 01:08:25
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GRANADA | Por la construcción de un centro comercial en zona verde
La Fiscalía y el PP piden más penas para los imputados en el 'caso Nevada'
Efe | Granada
Actualizado jueves 29/07/2010 17:34 horasDisminuye el tamaño del textoAumenta el tamaño del textoLa Fiscalía Provincial de Granada ha presentado un recurso contra la sentencia del Caso Nevada para reiterar la petición que hizo en su informe definitivo durante el juicio, en el que solicitaba penas mayores para los principales acusados, el ex alcalde de Armilla y el ex edil de Urbanismo.
En el recurso, el Ministerio Público mantiene su petición de demolición total o parcial del centro pero deja abierta la posibilidad de un acuerdo extrajudicial siempre que compense la responsabilidad civil y esté aprobado por la Junta de Andalucía en materia urbanística y ambiental, según han informado este jueves fuentes judiciales.
En opinión de la Fiscalía, el juez ha castigado "desproporcionadamente" lo que en realidad debería considerarse "gravísimas actuaciones". Además solicita un año y cuatro meses de cárcel o alternativa de 2.880 euros para el ex alcalde Antonio Morales Cara y el ex edil Gabriel Cañavate, que se suman a la solicitud de otros dos años de prisión, 20 de inhabilitación y multa de 10.800 euros por delitos contra la ordenación del territorio e infidelidad en la custodia de documentos públicos.
Recurso del PP
El PP también anunciado el recurso contra la sentencia del 'caso Nevada' pidiendo un aumento de las condenas para el ex alcalde, el ex edil de Urbanismo Gabriel Cañavate, y para el promotor del centro, Tomás Olivo, además de que no se absuelva al resto de concejales del PSOE
La sentencia del caso Nevada condena a siete meses de cárcel y siete años de inhabilitación a Morales Cara y Gabriel Cañavate, y acuerda demoler una pequeña parte del inmueble por invadir zonas verdes.
Además condena a Tomás Olivo, promotor del centro a través de la empresa General de Galerías Comerciales, a siete meses de cárcel e inhabilitación y multa de 7.800 euros por un delito contra la ordenación del territorio por la construcción, en zona verde, de una parte del centro que el juez ordena demoler con cargo al empresario.
Se absuelve además al ex alcalde y al ex edil de Urbanismo que se enfrentaban a más de tres años de cárcel y 20 de inhabilitación, de los otros dos delitos que les atribuía el fiscal: infidelidad en la custodia de documentos y un segundo delito de prevaricación urbanística por la aprobación del plan parcial.
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