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Los casos Macarena, Unidad y Mercasevilla convergen en el entorno del alcalde
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El alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín. ABC EDUARDO BARBA. SEVILLA 24-5-2009 11:55:13El entorno directo del alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, ha vivido numerosos casos de corrupción que han puesto en entredicho al propia gestión del regidor. Muchos de los asesores, colaboradores directos o altos cargos que le han rodeado se han visto involucrados en asuntos turbios por los que, en algunos casos, han tenido que dimitir. El último ejemplo, el que ahora se vive en los juzgados por el «caso Unidad», con varios de los que fueron sus asesores entre los implicados. Un somero repaso a la estructura de poder del PSOE local permite encontrar numerosos y sorprendentes lazos entre distintos casos de corrupción por manejo de dinero público -mediante adjudicación de obras, subvenciones o contratos con la administración- que generan fundadas sospechas sobre la posibilidad de que se haya creado un organigrama para captar no sólo votos sino también fondos.
Ese entorno ya ha recibido una condena por malversación de fondos y falsedad en documento público. Fue hace sólo varios meses en el juicio por el «caso Macarena» o «de las facturas falsas», por el que la Justicia castigó a José Marín -cuatro años y tres meses de prisión- y José Pardo -tres años y nueve meses-. El segundo, contratista beneficiado con el dinero público por obras no hechas, fue militante socialista en la época en que se produjeron los hechos y participó en la campaña electoral de 2003 como escolta personal del alcalde; los primeros cheques los cobró por ventanilla al día siguiente de iniciarse la campaña y después de acompañar a Monteseirín en un acto del partido.
Mucho más sólida era la relación que el alcalde mantenía con Marín, destacado militante socialista que acompañaba al regidor desde la etapa de éste presidiendo la Diputación. Al dar el salto al Ayuntamiento, se lo llevó como secretario del Distrito Macarena donde manejó los hilos de las obras menores en entredicho, supervisó y gestionó un libramiento de las arcas locales de 600.000 euros y colocó el nombre de Pardo en talones para que éste los cobrara. Todo se produjo en los meses previos a las elecciones municipales de 2003, tras lo que la oposición siempre ha visto un desvío de dinero público con fines partidistas. En ese distrito el delegado era José Antonio García, que estuvo imputado por facturas falsas -tuvo que dimitir- aunque acabó exculpado. Como responsable del área de Consumo, fue presidente de... Mercasevilla. Pero esa es otra historia.
En ese distrito, histórico vivero socialista, los escándalos han sido constantes con Monteseirín. Por hechos de aquella etapa de apogeo alfredista, uno de sus asesores más cercanos, José María Castro Buján, tuvo que dimitir en enero de 2005, ya que se demostró que dos empresas vinculadas a él y a su esposa -Aseycon y Asesoría San Jerónimo- habían recibido adjudicaciones del Distrito Macarena siendo él asesor del alcalde. Esas sociedades aparecen ligadas al listado de las beneficiadas por el «caso Macarena». Otro colega de «Pepo» Castro en la asesoría del alcalde y del Grupo Municipal Socialista, Ángel Cervera, se vio obligado a abandonar su puesto ese mismo mes por algo similar, ya que cobró de las arcas públicas por realizar unos carteles navideños para el distrito mientras estaba a sueldo del Ayuntamiento.
Algo antes, otro asesor de Monteseirín, Juan José Conde, dejó su puesto después de publicarse que una cooperativa relacionada con su mujer -tras la que supuestamente estaba él- vendía viviendas de protección oficial por encima de precio máximo legal. Cervera y Conde tienen, no obstante, vínculos directos con otra de las fuentes de escándalo del Ayuntamiento sevillano, la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos, Unidad.
Antes de ese capítulo, cabe reseñar que en el Distrito Macarena, superado el tsunami de las facturas falsas, saltó a primera línea de la actualidad el nombre de otro de los socialistas próximos a Monteseirín, el de Evaristo Troya, beneficiado con múltiples contratos de la administración local en se distrito -montó una empresa de eventos junto a su hermano- a pesar de ser un cargo socialista destacado en las junta del distrito. Se trata de uno de los grandes «conseguidores» de los últimos años ejerciendo muchas veces simplemente de intermediario entre el Ayuntamiento y las empresas contratadas. Así se hizo con contratos por valor de más de 200.000 euros, el 80% de los cuales se le otorgaron sin concurso. Troya es el auténtico «jefe» en San Jerónimo, algo que al aparato del partido aprovechó para «ficharlo» el año pasado para las asambleas locales, robándole al alcalde una de las piezas vitales entre los llamados «críticos».
Brazo político-vecinal
La caída de García y Marín en Macarena causó su relevo al frente de la vital agrupación, que pasó en 2005 a manos de Manuel Gómez Lobo, otro de los huesos básicos del esqueleto. Procedente de la Fasa Renault, donde coincidió con José Antonio García -precisamente su antecesor en Macarena-, el partido lo introdujo en Unidad en torno al año 2000 para politizar al máximo esa organización vecinal, que pasó a dar su apoyo electoral al PSOE. A partir de entonces, las subvenciones del Ayuntamiento de Monteseirín a esta entidad se multiplicaron por 800.
Gómez Lobo colocó como segundo en la institución vecinal a Enrique Castaño, otra pieza fundamental. En Unidad -a donde llegó bajo la presidencia de Juan José Conde-, y como secretario, controló las finanzas. Él y Conde mantenían buenas relaciones con el ex edil Carmelo Gómez, manijero en la Macarena antes de la llegada de García y Marín, e incluso llegaron a ser socios en el mundo de la construcción, donde hicieron negocios al lado de Manuel Moreno Cordero.
Éste fue administrador de Oikos 2000, empresa que realizó obras en el Distrito Macarena, que aparece entre las sociedades «sospechosas» nombradas en la comisión de investigación abierta por el escándalo de las facturas falsas y cuya denominación se reservó en el registro mercantil precisamente por Castaño, que asesoró a esa empresa.
Castaño creció en Unidad bajo el paraguas de Gómez Lobo y cuando aquel se convirtió en concejal de Vía Pública, éste le acompañó al Ayuntamiento como director de área. Además, ambos pasaron a controlar la Agrupación Macarena. El edil fue delegado de esa demarcación y Castaño secretario de organización. El núcleo de la facturación dudosa estaba en sus manos. En enero de 2006 ABC comenzó a publicar las irregularidades contables en Unidad, a la que llegaban subvenciones en masa para actividades que luego no eran debidamente justificadas. Gómez Lobo fue el responsable de numerosas anomalías contables en las justificaciones de gastos de cursos supuestamente impartidos por la Federación, en la que incluyó facturas personales, como arreglos en su motocicleta, un casco o varias copas en un pub.
En la investigación aparecieron facturas falsas «colocadas» tanto al Consistorio como a la Diputación, motivo por el que dimitió la ya presidenta de la entidad, Ángeles Nevado, acosada tras descubrirse, además, que las facturas duplicadas las había elaborado su marido, Ángel Cervera, que tras dimitir como asesor de Monteseirín trabajaba en Presidencia de la Diputación. Cervera colocó en las facturas un NIF inexistente y el nombre de la empresa de su madre fallecida, un quiosco cerrado hacía varios años. Por ello, también tuvo que dejar su cargo de asesor de Fernando Rodríguez Villalobos. Con Unidad arruinada, a Nevado la suplió Antonio Guisado, quien, como Nevado, era militante socialista y miembro de la ejecutiva de la Agrupación Este-Alcosa, controlada por Francisco Fernández.
Nevado era trabajadora de la Diputación en la empresa Siglo XXI, donde había sido contratada en la etapa de Monteseirín al frente de la institución. El concejal Fernández, por su lado, tuvo que declarar a comienzos de año como imputado en el Juzgado de Instrucción 8 de la capital hispalense por la contratación de un ex cuñado del alcalde como director del Instituto del Taxi tras modificaciones de la convocatoria de la plaza, algo que derivó en una denuncia de la organización sindical Comisiones Obreras. En marzo, no obstante, esa causa fue archivada al no apreciar el juez delito alguno en la actuación de Fernández, que ostenta en el Instituto del Taxi la representación del alcalde y que es uno de los ediles más cercanos a Monteseirín desde que éste lidera el gabinete de gobierno local.
No sólo los presidentes
Volviendo a Unidad, y más allá de Cervera o Nevado, los vínculos entre Unidad y el organigrama de poder del PSOE local se hicieron abrumadores. Otro hombre de confianza de Fernández en su agrupación, Juan Carlos Zambrano, era tesorero de la Federación vecinal, sucediendo en ese puesto a Concepción González Flores, que había gestionado los dineros de esa organización y que era militante del PSOE en Macarena y, además, personal de confianza del Grupo Municipal Socialista junto a Conde y Castaño. El último ha sido señalado por el PP como posible remitente en abril de 2002 del fax enviado a Unidad desde los despachos del PSOE municipal dando instrucciones para falsear una factura y guardar «el resto en la caja fuerte».
Y Mercasevilla
A la sombra, Castaño progresó luego, manteniendo sus grandes contactos en Urbanismo y el círculo de poder de Monteseirín. Fue consejero de Mercasevilla. De nuevo Mercasevilla... Después, ya en 2006, se postuló como presidente del recién creado Tribunal Económico Administrativo municipal, pero tras aparecer su nombre en las informaciones sobre las anomalías de Unidad, el PSOE cambió de planes y fue designado a principios de 2007 gerente de... la Fundación DeSevilla, institución municipal de promoción que ahora controla IU y que ha pasado a primera plana de la actualidad por las polémicas subvenciones otorgadas a organizaciones comunistas de países hispanoamericanos y por la contratación de personas englobadas en el PCA. Finalmente, Castaño se marchó de la administración local por la presión del «caso Unidad», por el que el PP podría pedir su imputación en breve como remitente del fax enviado desde el PSOE municipal con instrucciones para inflar una factura.
Hay más. Con Castaño estuvo en Unidad como trabajadora social Rosa Mellet, que aparece señalada en las declaraciones judiciales de una de las trabajadoras de la entidad vecinal -Susana Delgado, encargada de llevar al Ayuntamiento «el sobre con el dinero que se menciona en el fax- como la persona de la que recibían órdenes. Las recibía de ella y de Josefa Prado, contable de la organización y también imputada en ese caso.
Más. Rosa Mellet es hermana de Fernando Mellet, ahora en el candelero por el escándalo que ha protagonizado como director gerente de Mercasevilla junto a Daniel Ponce, como él, socialista de la Agrupación Macarena, que habían controlado tanto García como después Gómez Lobo o Castaño. Antes de dar el salto al mercado central, Mellet trabajó como asesor de Comisiones Obreras, donde coincidió con Antonio Rodrigo Torrijos, y había sido precisamente contable de Unidad. Círculo completo.
Comisiones de investigación
Mucho más cercano a Monteseirín es Manuel Marchena, su auténtico brazo derecho desde que llegara al poder en 1999 y que, como gerente de Urbanismo, salió indemne en 2005 de la comisión de investigación puesta en marcha con motivo de uno de los mayores escándalos del gobierno socialista, la entrega de bolsas de dinero a los chabolistas de Los Bermejales para su desalojo. Marchena controla ahora Emasesa, que le hizo un contrato a un primo hermano del alcalde sin experiencia contrastada en el sector para diseñar la web del Plan Estratégico 2020.
También pasó por una comisión de investigación en 2002 otro concejal del núcleo más cercano al alcalde, Blas Ballesteros, al que se le acusó de permitir irregularidades de funcionarios en su departamento, Tráfico
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pipiol
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Enviado - 20/08/2009 : 13:30:47
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La jueza del caso Mercasevilla amplía la investigación a más subvenciones
Pide a la Junta la lista completa de ayudas a la empresa municipal en los cuatro últimos años «para verificar el destino» del dinero
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Juan Ignacio Zoido presentó el pasado 24 de abril la denuncia por el caso Mercasevilla que, a instancia de la jueza, transformó ayer en querella. JÉSÚS SPÍNOLA
El auto señala a la secretaria de dirección y directora de proyectos
Zoido: «Lo miserable es la actuación de quien ha pedido 300.000 euros»
El PP sustituye la denuncia por una querella
El PP presentó ayer la querella por el «caso Mercasevilla» —intento de cobro de comisiones a empresarios por directivos del mercado central— en lugar de la denuncia aunque en los mismos términos que ésta y con las mismas peticiones de imputación: además de los dos directores, la querella se dirige también contra el alcalde, Alfredo Sánchez Monteserín, el primer teniente de alcalde y vicepresidente de Mercasevilla, Antonio Rodrigo Torrijos, el vicepresidente de la Agrupación de Interés Económico (AIE), Manuel Marchena, y el ex consejero de Mercasevilla Domingo Enrique Castaño. En este sentido, Juan Ignacio Zoido afirmó que en este «escándalo sin precedentes en la historia democrática del Ayuntamiento han sido señalados, no sólo el Ayuntamiento, sino la Junta de Andalucía», considerando los hechos «de absoluta gravedad» pese a que «el PSOE no haya hecho nada por esclarecerlos».
EDUARDO BARBA. SEVILLA Actualizado Viernes, 08-05-09 a las 13:57El «caso Mercasevilla» ha cogido rápidamente impulso una vez se ha hecho cargo del mismo el Juzgado de Instrucción 4 de Sevilla. Una vez incorporadas las actuaciones de la Fiscalía, su titular, Mercedes Alaya, ya ha ampliado la investigación, de hecho, a todas las subvenciones recibidas por la fundación del mercado central sevillano. Así se advierte en el auto en el que solicita a la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía un listado con todas las subvenciones concedidas por la Delegación provincial del ramo —de la que es delegado Antonio Rivas— en los últimos cuatro años «a fin de verificar el destino de las mismas».
Esta novedad en el caso fue anunciada ayer por el PP, que había denunciado el asunto en los juzgados el 24 de abril adjuntando en su escrito la transcripción de la grabación —publicada por ABC— en la que los dos directores de Mercasevilla, Fernando Mellet y Daniel Ponce, instan a los empresarios del Grupo La Raza a «colaborar» con una aportación económica de 450.00 euros en dinero «B». El portavoz municipal de los populares, Juan Ignacio Zoido, hizo ayer público el citado auto, al que tuvieron acceso la tarde anterior y en el que la jueza, que asume también la causa abierta en el Juzgado 7 tras la denuncia del PA por el mismo asunto, determina que «los hechos que resultan de la denuncia y de las diligencias practicadas por la Fiscalía presentan características que hacen presumir la posible existencia de un presunto delito de cohecho y fraude cometido por funcionario público, entre otros».
Ante este panorama, la encargada del caso considera «procedente» instruir diligencias previas, instando al PP a formular una querella, no una denuncia, para ejercer la acción popular. Este formulismo fue resuelto en la misma mañana de ayer por la oposición, que presentó dicha querella con los mismos fundamentos que la denuncia precedente y que ha dado lugar a estas actuaciones.
La Junta, señalada
La base principal del auto se centra en la reclamación por parte de la Justicia a la Consejería de Empleo, y «a la mayor brevedad posible», de que informe de si, más allá de las subvenciones mencionadas en el informe de la Fiscalía, también se han concedido a la Fundación Mercasevilla otras subvenciones de 378.696 —en noviembre de 2006— y 650.791 euros —en agosto de 2008—, además de los motivos por los que se ha retenido otra subvención ascendente a 100.000 euros de la que se indica su número de expediente y que no ha llegado a otorgarse. Junto a ello, se exige a este departamento del Ejecutivo regional que traslade al juzgado un «listado completo de todas las subvenciones recibidas por la Fundación Mercasevilla y copia compulsada e íntegra de todos los expedientes relativos a los mismos, incluyendo los informes de auditoría externos de que dispusieran y la fiscalización posterior por el Interventor de la Consejería o, en su caso, por la Intervención General de la Junta de Andalucía».
Asimismo, Alaya encomienda a la Policía Judicial que «se informe» sobre «si ya se ha encargado la auditoría externa a la que hacía referencia en su declaración Alfonso Mir, qué empresa en su caso la está realizando, cuál es el ámbito de la misma y si ya se han comenzado los trabajos, debiendo dar oportuna cuenta de los mismos».
Cuatro implicados
La jueza, además, ha ordenado que se ponga en conocimiento de Mellet, Ponce, la que ha sido secretaria de dirección de la empresa, Regla Pereira Baus, y el delegado provincial de Empleo de la Junta, Antonio Rivas, «la existencia del presente procedimiento a fin de que puedan ejercitar su correspondiente derecho de defensa». O sea, que se les señala claramente como los cuatro principales implicados en el asunto.
Por otra parte, el juzgado cita como testigos a los empresarios del Grupo La Raza que denunciaron el caso, Pedro Sánchez Cuerda y Juan Ignacio de Rojas, que tendrán que prestar declaración el 24 de junio, y reclama a través de la Policía Judicial «el contrato existente entre Mercasevilla, propietaria de la parcela en la que iba a ubicarse la nave de la Escuela de Hostería, y la empresa Sando, propietaria de la referida nave». |
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pipiol
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Enviado - 04/09/2009 : 22:58:21
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TRIBUNALES | El ex director acusó a Rivas de ordenar la petición de comisiones
La Junta señala al Consistorio como único responsable del 'caso Mercasevilla'
«La Consejería de Empleo no es el pim, pam, pum del debate municipal»
El PP acusa a Empleo de burlar el código ético del PSOE al no cesar a Rivas
María Rionegro | Sevilla
Actualizado viernes 04/09/2009 10:07 horasDisminuye el tamaño del textoAumenta el tamaño del textoEl caso de las supuestas comisiones ilegales de Mercasevilla está dejando en evidencia la 'lucha' en el PSOE por salir indemnes del escándalo político. Mientras que el Ayuntamiento –accionista mayoritario de la empresa– insiste en que «no hay ni un sólo euro de las arcas municipales en juego», la Junta de Andalucía pretende desligarse del caso intentando que el gobierno del socialista Alfredo Sánchez Monteseirín cargue en solitario con el desgaste político de Mercasevilla.
El consejero de Empleo, Antonio Fernández, se mostró ayer evasivo ante las preguntas del Partido Popular durante la sesión parlamentaria, sin embargo quiso dejar claro dos términos que minimizan supuestamente la intervención de la Junta en el ‘caso Mercasevilla’.
Por un lado, Fernández cuestionó que la Consejería de Empleo tuviera que hacer frente «a este asunto», ya que los hechos investigados tan sólo se refieren «a una empresa municipal en la que Empleo no forma parte ni de su consejo de administración, ni de sus órganos gestores, ni de su patronato». Igualmente, el consejero puso la mano en el fuego por defender la inocencia del delegado provincial de Empleo, Antonio Rivas –imputado por cohecho y fraude–, para el que pidió que se respete su «presunción de inocencia».
Culpas y exculpaciones
Fernández fue más allá. A falta de que el delegado provincial preste declaración ante el Juzgado de Instrucción número 6, que investiga el ‘caso Mercasevilla’, el próximo mes de noviembre, el consejero se señaló como la persona que autorizó y tramitó la subvención de 900.000 euros a la Fundación Mercasevilla para la puesta en marcha de una escuela hostelera, cuya explotación estaría a cargo de La Raza.
Fue, precisamente, en una de estas reuniones entre la dirección de Mercasevilla y los empresarios cuando el director, Fernando Mellet, y su adjunto, Daniel Ponce, –ambos imputados– solicitaron, presuntamente, a La Raza el pago de 450.000 euros en comisiones ilegales. Según señaló Mellet, una petición efectuada por orden de Rivas. A cambio, el grupo hostelero recibiría la explotación de «todos» los catering que organizara el Ayuntamiento hispalense.
La reacción de Antonio Fernández se produjo después de que el diputado y portavoz municipal del PP, Juan Ignacio Zoido, le interpelara por el papel de la Consejería de Empleo en el escándalo. Pero tantas explicaciones no convencieron a la oposición. Zoido acusó al consejero de «saltarse el código ético» del PSOE al no haber cesado al delegado provincial de Empleo por su imputación «porque en Mercasevilla se han producido extorsiones».
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pipiol
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Enviado - 05/09/2009 : 22:39:13
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chas que estos son de los tuyos, amigo.
El PP recuerda a Montaño que el Ayuntamiento y la Junta "están de bienes gananciales en el caso Mercasevilla
El Portavoz adjunto del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla, Beltrán Pérez, aclaró hoy a la portavoz del Gobierno municipal de PSOE e IU-CA, Maribel Montaño, que la Junta y el Consistorio "están en bienes gananciales en el caso Mercasevilla".
Europa Press
,SEVILLA | hace 2 horas | Comenta | Votar
positivonegativo+ 0 - 0 | Imprimir.En un comunicado, Pérez ha destacado que "Mercasevilla es un escándalo de corrupción del Gobierno municipal orquestado desde la Junta de Andalucía" y ha recordado que Mercasevilla es una empresa municipal cuyo presidente es el alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE), su vicepresidente es el primer teniente de alcalde, Antonio Rodrigo Torrijos (IU-CA) y Fernando Mellet era "un destacado militante socialista nombrado por Monteseirín."
Con respecto a esto, el edil del PP ha señalado que "Mellet iba y venía de los despachos de Alcaldía y la Consejería de Empleo entrando sin llamar porque era de absoluta confianza". Además, el edil popular ha insistido en que "la petición de comisiones ilegales investigadas por el juez y grabadas por empresarios, afectaba a subvenciones de la Junta de Andalucía en la que quedaba claro que en la Junta se pedían porcentajes de las subvenciones concedidas".
"Los responsables políticos entre las dos administraciones son al 50 por ciento y ninguno puede eludir responsabilidades echando la culpa a la otra administración", ha asegurado Beltrán Pérez, quien ha querido añadir que "Junta y Ayuntamiento no pueden estar asegurando que el asunto no es de su competencia, ya que en los plenos del ayuntamiento vemos como el escándalo compete a la Junta y en los de la Junta compete al consistorio".
Beltrán Pérez ha explicado que "la investigación judicial sigue su curso, pero en el ámbito político ni Junta ni Ayuntamiento están colaborando por lo que si el Ayuntamiento quiere colaborar plenamente con la Justicia, lo que tiene que hacer es personarse en la causa judicial iniciada por el Partido Popular" y ha añadido que "si un juzgado está instruyendo la causa de corrupción en Mercasevilla es porque Zoido denunció los hechos ante los tribunales"
Por último, el portavoz adjunto del Grupo Popular ha manifestado que "en Mercasevilla hay cuestiones incompresibles como que Mellet mintiera y no fuese cesado, como que Daniel Ponce, que es uno de los principales investigados siga en nómina en la compañía y no haya sido despedido y como que el ayuntamiento no haya tomado las riendas en la lucha contra la corrupción, personándose en la causa judicial", y es que según Pérez "no lo hacen porque tienen miedo a que Mellet cuente todo lo que todo lo que sabe
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Enviado - 07/09/2009 : 01:11:22
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pues en baena se lo pasaban de cine los socialistas.
BAENA | Investigación judicial
Facturas falsas, juergas en un burdel y un secuestro
Silvia Moreno | Sevilla
Actualizado domingo 06/09/2009 10:36 horasDisminuye el tamaño del textoAumenta el tamaño del textoEl Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Baena está a punto de concluir la investigación de la presunta trama de facturas falsas del Ayuntamiento de este municipio cordobés, en la que el alcalde Luis Moreno no está imputado.
Las escuchas telefónicas sirvieron para destapar una presunta trama de corrupción que, mediante recibos falsos, malversaba dinero que supuestamente servía para financiar juergas de personal de confianza del alcalde en clubes de alterne.
La supuesta red de corrupción, liderada por dos trabajadores municipales, presuntamente pedía facturas por servicios no prestados a empresas que trabajaban habitualmente para el Ayuntamiento. Tras su abono, los empresarios eran reclamados para entregar el dinero, una vez extraída la parte correspondiente al IVA. El dinero se gastaba en el club Milady Palace. De este modo, ni al secretario del alcalde de Baena, Rafael Santano, ni al otro trabajador imputado, Juan Díaz Pérez, les costaban dinero sus visitas al club de alterne de Marbella.
Para sufragar los gastos de viajes a Portugal y Marbella, localidad donde se ha detectado que ambos hacieron grandes gastos en hoteles y clubes de alterne, buscaban metálico a través de empresas suministradoras habituales del Ayuntamiento, a las que se pedía que emitieran facturas por trabajos o materiales inexistentes.
El empresario que denunció la trama lo hizo inicialmente como testigo protegido, porque aseguró que temía «por su vida y bienes». Se ratificó ante el juez y el fiscal en su primera versión, desdiciéndose a posteriori, cuando resultó imputado y su hermano le reveló que había llegado a ser secuestrado
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pipiol
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Enviado - 07/09/2009 : 19:15:33
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Los gestores de Mercasevilla despilfarraron sin el control del Ayuntamiento
Disminuir tamaño del textoAumentar tamaño del texto Fernando Mellet, dimitido director de Mercasevilla, al salir de su comparecencia judicial. JESÚS SPÍNOLA
Visas, viajes, comidas, regalos...
El PP sospecha que la trama de Mercasevilla puede alcanzar a la Junta
Teoría y práctica de una comisión ilegal
Los populares preguntarán a Chaves en el Congreso por el caso
Que no farte de ná
En el resto del mundo puede que sí, pero en la Fundación Mercasevilla no había crisis: visas a gogó (30.272 euros sin justificar), viajes a tutiplén, comidas a diestro y siniestro y regalos para todo. ¡Qué felicidad! Tan felices eran sus directivos y tanta alegría se daban en gastar que lograron en poco tiempo un agujero contable de 1,1 millones de euros. ¿Y nuestro alcalde qué hacía mientras tanto? Presidía el Consejo de Administración. ¿Y qué es lo que dice? Que «todo se hizo a mis espaldas». ¡Viva la fiesta!
EDUARDO BARBA. SEVILLA Publicado Lunes, 07-09-09 a las 07:09Los directivos de la empresa municipal de abastos de Sevilla, Mercasevilla, han realizado en los últimos años gastos ingentes de dinero público sin el mínimo control por parte del Ayuntamiento de Sevilla ni del Gobierno local (PSOE-IU), a pesar de ser éstos los responsables principales de la sociedad y de tener capacidad ejecutiva máxima en los órganos de gobierno de esta empresa (Consejo de Administración y Comisión Ejecutiva). Los gestores —principalmente el director, Fernando Mellet, y el subdirector, Daniel Ponce— de la empresa pública, ambos imputados, han dispuesto «a discreción» de los fondos de la empresa sin que se les exigieran cuentas por parte de sus superiores, quienes los habían colocado en los cargos. Así se concluye en la auditoría de gestión realizada por Deloitte a encargo del Ayuntamiento tras saltar el escándalo de las comisiones en el «Merca», documento que analiza el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla y al que ABC ha tenido acceso.
Este informe sobre los «procedimientos de control interno» de la empresa municipal fue solicitado por el gabinete del socialista Alfredo Sánchez Monteseirín a mediados de abril, esto es, una vez que el caso ya se había conocido tras publicar este periódico que la Fiscalía investigaba la charla de los directivos con los empresarios de La Raza solicitándoles una comisión ilegal de 450.000 euros para la Escuela de Hostelería. Esa reunión fue grabada por los empresarios y llevada a manos del fiscal por la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía —departamento que había otorgado una subvención de 900.000 euros para esa escuela de hosteleros—. Antes de estallar el escándalo, el ejecutivo local ignoró las irregularidades que se estaban produciendo en la empresa local pese a estar obligado.
En la auditoría realizada sobre la gestión de la empresa y de la propia Fundación Socioasistencial Mercasevilla —trasladada al Ayuntamiento el 5 de junio— se insiste especialmente en la nula información por parte de la dirección de la empresa tanto al Patronato como a la Comisión Ejecutiva y el Consejo de Administración de la entidad. Así, en el análisis de los capítulos de pagos, en los de operaciones de crédito o el de inversiones, Deloitte recalca que «en la práctica la única limitación existente es la marcada por los poderes otorgados a la dirección general», que obviaba su obligación de «comunicar todos sus pagos» a los responsables políticos. El límite de abono establecido para los directores es de 30.000 euros por operación, pero éste se ha superado en múltiples ocasiones y, además, no se ha realizado la comunicación pertinente de esos gastos a la comisión ejecutiva. «No se ha encontrado evidencia documental de que se haya informado a los órganos de gobierno de las operaciones de crédito e inversión financiera suscritas por las entidades», indica la auditoría que maneja la jueza.
«No existe documento interno de instrucciones de contratación en el que se recojan los límites definidos» para los pagos que realice la dirección, indica también esteinforme, «lo cual ha dado lugar a que, en la práctica diaria, no exista nivel de aprobación superior a la Gerencia, existiendo gastos e inversiones que no han sido tratados por los órganos de gobierno, cuando así debería haber sido».
¿Procedimiento suficiente?
De esta forma, el informe centra las anomalías en los directores de la empresa más que en los responsables políticos —y ejecutivos—, que han sido precisamente los que han encargado este análisis de gestión. La propia Deloitte indica en sus conclusiones que si hubiese realizado «una auditoría —estrictamente hablando— o se hubiesen aplicado otros procedimientos se podrían haber puesto de manifiesto aspectos distintos a los incluidos en el informe», preparado «para uso interno» de la dirección del «Merca». De hecho, la compañía auditora recalca que los términos de la fiscalización efectuada a la empresa pública se habían «acordado» con el Ayuntamiento, destinatario del informe y «responsable de la suficiencia de los procedimientos llevados a cabo». «No asumimos responsabilidad alguna sobre la suficiencia de los procedimientos aplicados», dice Deloitte en referencia a los apartados analizados, pactados con el equipo de gobierno municipal. El informe, por tanto, está hecho en cierto sentido a la medida de lo que buscaba el Ayuntamiento con el escándalo ya en la calle.
Los resultados del documento sirvieron para sustentar la decisión del alcalde y su gabinete disolver la Fundación Mercasevilla, cuyas cuentas presentan un agujero contable de 1,1 millones de euros. No en vano, la auditoría de gestión incide en la ausencia de procedimientos contables reglados dentro de la empresa y también, lo que es incluso más grave, de controles sobre los procesos de aprobación de gastos y formalización de los pagos, que dependían de la dirección. Desde la oposición, por ello, se viene destacando el papel «pasivo» del Gobierno local ante todo este descontrol financiero |
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pipiol
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Enviado - 08/09/2009 : 01:43:58
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MIENTRAS, GUERRA HABLA DE CHORIZOS
La Fiscalía pasa de puntillas por el caso MercasevillaNo es la primera vez ni será la última. Siempre hemos tenido conciencia, desde el caso Guerra, de cuál es el comportamiento de la fiscalía general del Estado si el caso en cuestión afecta al partido del gobierno. Ahora, el caso Mercasevilla pasa inadvertido para los jueces.
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fines de semana | ofertas último minutoEn Mercasevilla, al parecer, se pagaba por todo y por todos
2009-09-07Imprimir Enviar Corregir Comentar Pedro de Tena
Cómo será la cosa que cuando hace muchos años El Mundo publicó que el PSOE ofrecía un puesto en el Consejo General del Poder Judicial al juez Márquez, instructor del caso Guerra, el fiscal, por entonces, Leopoldo Torres, ni movió un músculo. Sólo torció el gesto el fiscal jefe de la Audiencia de Sevilla, Alfredo Flores que, cuando creía llegada la ocasión de meter mano al periodista que firmaba la crónica, el mismo que suscribe esta pieza, tuvo que recular cuando comprobó que el juez Márquez, en un acto de honestidad sin precedentes, se negó a desmentir la información.
Ahora, el fiscal general del Estado, tan activo en el caso Gürtel y otros que parecían afectar al PP aunque ya los tribunales dejan claro que de entrada no, se mueve menos que el viento de levante en calma en el caso de Mercasevilla. No sólo no se ha detenido a nadie con esposas y demás parafernalias de la cosa policial sino que calla modestamente mientras se va desvelando un caso vergonzoso, no tanto por las comisiones y dineros que personas afines al PSOE han organizado desde esta entidad municipal, sino por lo que tiene que modelo de funcionar en la sociedad sevillana y andaluza. Al famoso lea de "el que se mueve no sale en la foto", parece seguir ahora el de "el que no se retrata en la caja B, tampoco sale en la foto".
Lo que se va sabiendo de este caso es altamente tenebroso y afecta a la credibilidad de todo un partido, el PSOE, que tampoco mueve un músculo. Que el único que haya movido el pie para tratar de dar la patada en el culo del PP haya sido Alfonso Guerra, hermano de Juan, Antonio y otros más, no deja de ser sarcástico y ejemplifica como algunos quieren volver as las primeras páginas aunque sea bajo el estigma de la caricatura.
Mercasevilla es una empresa pública dependiente del Ayuntamiento de Sevilla y de sus partidos de gobierno, PSOE e IU. Sus directivos o han actuado con el consentimiento del PSOE e IU o han actuado sin el conocimiento ni el consentimiento de estos. Lo cierto es que los gestores —principalmente el director, Fernando Mellet, y el subdirector, Daniel Ponce— de la empresa pública, ambos imputados, han dispuesto «a discreción» de los fondos de la empresa sin que se les exigieran cuentas por parte de sus superiores, quienes los habían colocado en los cargos. Así, dice ABC, se concluye en la auditoría de gestión realizada por Deloitte a encargo del Ayuntamiento tras saltar el escándalo de las comisiones en el «Merca», documento que analiza el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla .
Ciertamente la Fiscalía ya investigaba la charla de los directivos con los empresarios de La Raza en la que exigían una comisión ilegal de 450.000 euros para la Escuela de Hostelería si es que el restaurante sevillano La Raza quería hacerse con ella. Pero claro es que no hacer nada era incluso delictivo porque esa reunión fue grabada por los empresarios y la cinta entregada a la Fiscalía por la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía —departamento que había otorgado una subvención de 900.000 euros para esa escuela de hosteleros—. Pero antes de estallar el escándalo, el ejecutivo local ignoró las irregularidades que se estaban produciendo.
El ex director y el subdirector de la empresa gestionada mayoritariamente por el Ayuntamiento de Sevilla plantearon a dos empresarios del grupo de hostelería La Raza, a los que pidieron un maletín con 300.000 euros además de otros 150.000 euros, que era habitual el pago de comisiones e involucran a todas las administraciones en estas prácticas corruptas. «De todas las subvenciones que habitualmente recibimos hay que destinar una parte adonde la Junta en cada momento nos dice.
La Junta nos dice que es para los niños saharauis y yo me tengo que creer que es para los niños saharauis. Luego será para carteles de Felipe González, aunque me tengo que creer que es para los niños saharauis. Y nos imponen una serie de condiciones… La Junta en este caso nos ha impuesto que, teniendo en cuenta que es la subvención más alta que ha dado para una escuela de hostelería en Andalucía, tenemos que hacer un esfuerzo suplementario y nos ha hablado de una cifra redonda: 300.000 euros. Tendríais que aportar la ampliación (150.000 euros) y los 300.000», aseguró a los empresarios en la conversación grabada el subdirector de Mercasevilla, Daniel Ponce, quien continúa trabajando en la empresa municipal.
Los auditores detectaron gastos, por ejemplo, de 30.272 euros realizados con una tarjeta de crédito Visa sin que se hayan aportado los preceptivos justificantes. La tarjeta pertenece a la dirección general, al frente de la cual estaba Fernando Mellet, principal imputado por el intento de cobro de comisiones a empresarios. En la auditoría, además, se refleja otro gasto de 11.417 euros que no está debidamente justificado. Esta cantidad corresponde a una de las entregas de dinero a cuenta que percibió el ex subdirector de la empresa de abastos, Daniel Ponce, para dos viajes realizados a Vietnam con motivo de la Feria del Pescado. El coste de estos dos viajes asciende a 33.321 euros, según el informe de auditoría, pero un tercio de la cifra total de gasto carece de justificación. Ponce es otro de los imputados que ya fue citado por el Juzgado de Instrucción 6 por ese asunto de la petición al Grupo La Raza de 450.000 euros para un proyecto ya subvencionado previamente por la Consejería de Empleo.
Además, se gastaron 60.883 euros para comidas de Navidad y almuerzo anual con mayoristas de frutas, verduras y hortalizas, las cuales, pese a tener soporte de «facturas emitidas y visadas por la dirección», la auditoría considera como «gasto elevado» de «celebraciones diversas». En este ámbito, se incluyen también, por ejemplo, 8.200 euros por un par de servicios de cátering por un premio y por un congreso. Entre los gastos analizados aparece también el pago de los honorarios de un abogado por un importe de nada menos 22.674 euros, sin que se mencione el nombre del letrado en cuestión —que cobró 14.174 euros por su trabajo de 2007 y otros 8.500 por el realizado este año—.
Otro «asesoramiento» muy bien pagado es el realizado en 2007 y 2008 a la Asociación de Mayoristas de Pescado, colectivo al que se le pagó por «consultoría y otros conceptos» hasta 76.000 euros —38.000 por cada año—. Se supone que estos mayoristas asesoraron sobre el traslado a las nuevas instalaciones de la entidad. No menos llamativo resultan los 9.300 euros incluidos en el informe de Deloitte —aunque en esta ocasión en la Fundación Socioasistencial de la sociedad— para pagar una parte de una beca de estudios en el extranjero este mismo año a un tercero ajeno a la empresa municipal; en este caso, la auditoría señala que «no existe constancia de las bases o criterios que justifiquen la misma».
En el análisis de los capítulos de pagos, en los de operaciones de crédito o el de inversiones, Deloitte recalca que «en la práctica la única limitación existente es la marcada por los poderes otorgados a la dirección general», que obviaba su obligación de «comunicar todos sus pagos» a los responsables políticos. El límite de abono establecido para los directores es de 30.000 euros por operación, pero éste se ha superado en múltiples ocasiones y, además, no se ha realizado la comunicación pertinente de esos gastos a la comisión ejecutiva. «No se ha encontrado evidencia documental de que se haya informado a los órganos de gobierno de las operaciones de crédito e inversión financiera suscritas por las entidades», indica la auditoría que maneja la jueza. «No existe documento interno de instrucciones de contratación en el que se recojan los límites definidos» para los pagos que realice la dirección, indica también este informe, «lo cual ha dado lugar a que, en la práctica diaria, no exista nivel de aprobación superior a la Gerencia, existiendo gastos e inversiones que no han sido tratados por los órganos de gobierno, cuando así debería haber sido».
Pero el informe centra las anomalías en los directores de la empresa más que en los responsables políticos —y ejecutivos—, que han sido precisamente los que han encargado este análisis de gestión. El alcalde de Sevilla y su gabinete de coalición PSOE e IU deciden disolver la Fundación Mercasevilla, cuyas cuentas presentan un agujero contable de 1,1 millones de euros. Desde la oposición, se ha destacado el papel «pasivo» del Gobierno local ante todo este descontrol financiero.Una extorsión con muchos ceros
Por si fuera poco aparece un ex dirigente de UGT en la trama. La auditoría sirvió para conocer dos pagos por un montante total de 198.145 euros a dos empresas por «servicios de asesoramiento» para lograr que cuajase un expediente de regulación de empleo (ERE) en Mercasevilla. Una de estas empresas es Maginae Solutions S.L, cuyo administrador único es el cuñado del ex sindicalista de Jaén Juan Lanzas, y que facturó 143.145 euros por estas labores de asesoramiento. Lanzas, amigo del ex consejero de Gobernación Gaspar Zarrías, negó que su papel sea el de «conseguidor», un término que usó Fernando Mellet en la grabación que dio origen al caso para referirse a la «comisión» que tuvo que pagar en su momento para «lograr un ERE».
Pese a no tener nada que ver con la empresa municipal, Lanzas sí admitió, de hecho, haber realizado labores de intermediario entre la sociedad y la Delegación de Empleo de la Junta de andalucía para conseguir el ERE; el delegado de Empleo, Antonio Rivas, está también imputado en el caso. El segundo pago por asesoramiento en el ERE se realizó a la empresa Hermes Consulting, que cobró 55.000 euros en el ejercicio 2008.
El PP andaluz sospecha que en el escándalo de las comisiones exigidas por directivos de Mercasevilla a empresarios de hostelería, que desde mayo investiga la juez Mercedes Alaya, hay una trama que implicaría en estas prácticas no sólo al Ayuntamiento hispalense, como gestor de la empresa pública, sino también a la Junta de Andalucía. Los populares, tras el acoso sufrido por el «caso Gürtel», difundirán la prueba básica del caso, la grabación de una conversación en la que dos directivos de la empresa municipal exigen a dos empresarios el pago de 450.000 euros a cambio de asegurarles la gestión de una escuela de hostelería subvencionada con 900.000 euros por la Consejería de Empleo.
Según El País, al margen del intento frustrado de soborno, la juez pidió un listado de las donaciones recibidas por Mercasevilla y descubrió una "adjudicación fraudulenta" a la constructora Sando del derecho de compra de los actuales terrenos de la empresa pública. Sando donó 246000 euros tras dicha opción de compra y así lograr optar a una bolsa de 363.000 metros cuadrados. Dos técnicos mostraron ante la juez su perplejidad por el concurso público con una "limitación al alza del precio", que permitió despreciar la opción de la constructora Noga, mejor que la de Sando. De este modo salió a relucir el decisivo papel de Jorge Piñero, asesor jurídico de Mercasevilla y vicedecano del Colegio de Abogados, que decidió los detalles del concurso junto a Mellet, según los técnicos.
Compárese el caso Camps, ya archivado judicialmente salvo recurso, con la envergadura de este caso y júzguese el comportamiento de la Fiscalía. |
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pipiol
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Enviado - 08/09/2009 : 16:15:34
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pipiol
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Enviado - 08/09/2009 : 20:28:23
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encuentra evidencias en las cintas de mercasevilla
El PP cree que el PSOE se financia de la Junta
ADEMÁS
Más corrupción socialista en Andalucía
Actualizado el 8/9/2009 - 13:50h
El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, aseguró hoy que las grabaciones en las que los responsables de la empresa pública Mercasevilla reclaman a dos empresarios el pago de una comisión a cambio de recibir una subvención para una escuela de hostelería evidencia que el PSOE se financiaría ilegalmente mediante subvenciones de la Junta de Andalucía.
"Según las cintas y las personas que intervienen, que son cargos públicos, el PSOE estaría financiándose ilegalmente a través de subvenciones y adjudicaciones de la Junta de Andalucía", aseguró hoy González Pons en una rueda de prensa en Madrid en la que los populares emitieron ante los medios de comunicación las mencionadas grabaciones.
El responsable de Comunicación del PP, que compareció junto al portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, mantuvo que, a la vista de las conversaciones que contienen esas cintas, el PSOE "incluso estaría prestando las fundaciones de la Junta de Andalucía para que se blanquease el dinero con el que se financian las campañas socialistas".
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pipiol
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Enviado - 09/09/2009 : 15:34:36
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EL PP PEDIRÁ EXPLICACIONES
¿Están siendo investigadas por el juzgado las otras donaciones a Mercasevilla? ¿Es la existencia de los indicios del caso Mercasevilla, motivo suficiente para extender la investigación al conjunto de las donaciones recibidas por la entidad que presidía el gobierno PSOE-IU de Sevilla?
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•CRONOLOGÍA del escándalo
Audio: Escándalo en Mercasevilla 1 | Escándalo en Mercasevilla 2
La juez cita como imputado al vicesecretario de Mercasevilla
González Pons: "La actuación del fiscal ha sido de brazos caídos"
2009-09-09Imprimir Enviar Corregir Comentar Pedro de Tena
Hasta este momento se conoce que el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, encargado del caso de las "donaciones" ilegales a la Fundación de Mercasevilla, ha reconocido y detectado la existencia de presuntos pagos ilegales e inmorales de dos empresas, el grupo la Raza y el grupo Sando, una de las mayores constructoras andaluzas, a los directivos de la Fundación.
Dado que estos directivos, interrogados en el juzgado han reconocido que este era un modo habitual de proceder de la Junta de Andalucía y que incluso reconocieron la existencia de un "baremo", cabe sospechar que la mayoría, si no todas, las donaciones que se han efectuado a esta Fundación han seguido un camino similar. Por ello, la pregunta es pertinente. ¿Es la existencia de dos indicios claros motivo suficiente para extender la investigación al conjunto de las donaciones recibidas por la entidad que presidía el gobierno PSOE-IU de Sevilla? El PP pedirá explicaciones en el Congreso por este caso en los próximo días.
Según la revista de Mercasevilla, número 6 de junio de 2007, la relación de los donantes de dinero a su Fundación eran los siguientes:
. SANMA
· Mayoristas de pescados
· Fundación la Caixa
· Gesesur S.L
· Caja Madrid
· Hipercor
· Mayoristas de Frutas y hortalizas
· Fundación El Monte
· La Raza
· Transherman
· Forcadell Rigal
· Urbanismo y Arquitectura
¿Se aplicó a todos ellos el mismo procedimiento aplicado a La Raza y a Sando? Recuérdese que los empresarios del grupo la Raza fueron conminados a entregar un maletín con 300.000 euros además de otros 150.000 euros. Según las declaraciones de los directivos de Mercasevilla, era habitual el pago de comisiones e involucraron a todas las administraciones en estas prácticas corruptas.
«De todas las subvenciones que habitualmente recibimos hay que destinar una parte adonde la Junta en cada momento nos dice. La Junta nos dice que es para los niños saharauis y yo me tengo que creer que es para los niños saharauis. Luego será para carteles de Felipe González, aunque me tengo que creer que es para los niños saharauis. Y nos imponen una serie de condiciones… La Junta en este caso nos ha impuesto que, teniendo en cuenta que es la subvención más alta que ha dado para una escuela de hostelería en Andalucía, tenemos que hacer un esfuerzo suplementario y nos ha hablado de una cifra redonda: 300.000 euros. Tendríais que aportar la ampliación (150.000 euros) y los 300.000», aseguró a los empresarios en la conversación grabada el subdirector de Mercasevilla, Daniel Ponce, quien continúa trabajando en la empresa municipal.
En el caso de Sando, según El País, la juez pidió un listado de las donaciones recibidas por Mercasevilla y descubrió una "adjudicación fraudulenta" a la constructora Sando del derecho de compra de los actuales terrenos de la empresa pública. Sando donó 246.000 euros tras dicha opción de compra y así lograr optar a una bolsa de 363.000 metros cuadrados. Dos técnicos mostraron ante la juez su perplejidad por el concurso público con una "limitación al alza del precio", que permitió despreciar la opción de la constructora Noga, mejor que la de Sando. De este modo salió a relucir el decisivo papel de Jorge Piñero, asesor jurídico de Mercasevilla y vicedecano del Colegio de Abogados, que decidió los detalles del concurso junto a Mellet, según los técnicos.
¿Se están investigando el resto de las donaciones, concesiones y adjudicaciones dado que los procedimientos de los directivos, según ellos mismos, estaban "baremados" al parecer por personas de la Junta de Andalucía?
Las fotos de los actos de Mercasevilla implican por acción u omisión a los políticos
Es cierto que los empresarios del grupo La Raza han denunciado los hechos. Pero asimismo es cierto que Sando no lo ha hecho, que sepamos, y que los empresarios de La Raza no lo hicieron en el momento de los hechos sino mucho después. De hecho hay fotos que muestran que celebraron con la casta política socialista y de IU de Sevilla la firma de los acuerdos.
Miren estas fotos tomadas de una revista de Mercasevilla:
En las fotos, bajo la fecha roja, puede verse a Gonzalo Crespo Prieto, Ilmo. Sr. Concejal Delegado y Teniente de Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla y Presidente de la Fundación Mercasevilla y viejo militante del PSOE. Bajo la flecha blanca, Rodrigo Torrijos, teniente de alcalde de Sevilla por IU y representante de ala dura del comunismo andaluz. Todos ellos están casi siempre presentes en los actos protocolarios.
En la foto de la derecha, los empresarios de La Raza firman oficialmente su acuerdo -por el que denunciaron luego haber pagado centenares de miles de euros -, con Gonzalo Crespo. ¿Hubiera firmado Gonzalo Crespo el acuerdo de no tener conocimiento firme de que el grupo la Raza "había pagado lo convenido"?
El diputado nacional del PP Ricardo Tarno preguntará este miércoles al ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, durante la primera sesión de control al Gobierno en el Congreso, por el supuesto caso de cohecho en la empresa pública Mercasevilla.
"¿Qué actuaciones ha realizado el Gobierno de la nación, tras conocerse la imputación por delito de cohecho del director general de Mercasevilla, empresa participada por Mercasa?", es el texto de la pregunta que el diputado sevillano formulará a Chaves en la primera sesión de control, después de que este tema fuera aplazado en otro pleno del anterior periodo.
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pipiol
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Enviado - 10/09/2009 : 01:27:07
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González Pons denuncia la «doble vara de medir» de la Fiscalía, «de brazos caídos» en el «caso Mercasevilla»
El PP acusa al PSOE de financiación ilegal con las ayudas de la Junta de AndalucíaAsegura que el Gobierno andaluz «presta» sus fundaciones para blanquear el dinero que paga las campañas.
9 Septiembre 09 - Sevilla - Carmen S. Macías / F. M. Compártelo: El «caso Mercasevilla» dio ayer el salto a la arena de la política nacional y el PP fue contundente al acusar sin paños calientes a los socialistas andaluces de estar financiándose ilegalmente mediante subvenciones de la Junta de Andalucía reclamadas en forma de comisiones ilegales para la concesión de las ayudas que otorgarían a las empresas que lo solicitaran. Esta «colaboración» estaría destinada a financiar supuestos proyectos sociales de la Junta.
Así se desprende de las grabaciones que ayer presentaron en Madrid el vicesecretario de comunicación, Esteban González Pons, y el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, en la que los responsables de la empresa pública Mercasevilla, Fernando Mellet y Daniel Ponce, director y adjunto, respectivamente, reclaman a dos empresarios el pago de una comisión de 450.000 euros por la concesión de una subvención para una escuela de hostelería.
Este hecho, según el PP, evidencia que el PSOE se «estaría financiando ilegalmente mediante subvenciones de la Junta de Andalucía». A la vista de las conversaciones que contienen esas cintas, el PSOE andaluz «incluso estaría prestando las fundaciones de la Junta para que se blanquease el dinero con el que se financian las campañas socialistas», aseguró González Pons.
Por su parte, el portavoz del PP en el Consistorio hispalense acusó a los socialistas de convertir «dinero blanco en negro y dinero público en dinero B en beneficio de sus propios intereses».
En las grabaciones difundidas se puede escuchar cómo el director de Mercasevilla y su adjunto explican a los empresarios del grupo hostelero La Raza que, de las subvenciones que se reciben –en su caso 900.000 euros– hay que destinar una parte «a donde la Junta en cada momento nos dice». «La Junta nos dice esto es para los niños saharauis, y yo me creo que es para los niños saharauis. Pues serán para carteles de Felipe González, pero yo me creo que es para los niños saharauis, y nos imponen una serie de condiciones», asegura en la grabación Ponce.
Además, mantiene que la Administración autonómica «tiene normalmente un esquema de funcionamiento muy simple: ‘Yo colaboro con quien colabora’». En las cintas también se puede escuchar cómo uno de los empresarios llama «impuesto revolucionario» a esa colaboración reclamada y que, según Ponce, les traería otros beneficios, como subvenciones para los cursos que se impartan en la escuela o su contratación en los catering que encargue Mercasevilla y otras empresas.
El PP asegura que Manuel Chaves, presidente de la Junta cuando se destapó el caso, estaba informado «al dedillo» de todo y critica la «doble vara de medir» de la Fiscalía. «Hubieran actuado a cien por hora si este escándalo fuera del PP, pero está de brazos caídos», dijo Pons.
Chaves salió al paso recordando que «fue la Junta la que puso en manos del fiscal todo este asunto» y aseguró que hay que esperar a que el juez se pronuncie. Mientras, el secretario general del PSOE de Sevilla, José Antonio Viera, exigió una «rectificación inmediata» y advirtió de «la peligrosa senda de acusar sin pruebas».
«Para niños discapacitados»
Algunas afirmaciones de Mellet y Ponce durante la reunión que fue grabada por los empresarios de La Raza son contundentes.
- Ponce: «La Junta sabe que los presupuestos ‘se hacen como se hacen’ y que la Administración pone para recibir».
- Ponce: «Si no colaboras... te voy a poner un ejemplo muy claro... ¿Cuántas empresas públicas están haciendo expedientes de regulación?». «Cuando a mí me consiguen una subvención del tipo ERE, tengo que pagar al conseguidor una comisión».
- Mellet: «Ayudaremos o contestáis, como queráis. ¿150.000 en 6 meses? ¿Para la Fundación? ¿Proyectos sociales nuestros? ¿Pongo yo en marcha proyectos de niños discapacitados? Que no es coña... Yo ya, la segunda parte, o el B, me la ventilaré».
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pipiol
Botswana
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Enviado - 10/09/2009 : 08:40:07
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VO ESCÁNDALO DEL EX PRESIDENTE ANDALUZ
Chaves miente sobre Mercasevilla: denunciaron los empresariosLa versión del vicepresidente del Gobierno y ex presidente de la Junta no coincide totalmente con la verdad. No fue la Junta andaluza quien denunció el caso, sino un grupo de empresarios.
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•CRONOLOGÍA del escándalo
•Decálogo del comportamiento del corrupto en Andalucía
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Chaves dice que fue la Junta la que entregó la cinta de Mercasevilla al fiscal
"Siempre hay obras sociales… por llamarlo de alguna manera"
2009-09-09Imprimir Enviar Corregir Comentar Pedro de Tena
Manuel Chaves dijo ayer martes que fue la Junta quien denunció los hechos corruptos demostrados en las grabaciones efectuados por los empresarios del grupo La Raza a la Fiscalía en Sevilla, pero, en realidad, fueron los empresarios los que denunciaron los hechos a la Junta, concretamente a un miembro del equipo de Zarrías y del propio presidente Chaves, Juan Gallo, quien, ante la envergadura del escándalo, optó por comunicarlo a Zarrías que lo comunicó a su vez a Chaves.
Enterados del escándalo, optaron por pilotarlo. En primer lugar, comunicaron los hechos al alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, de quien depende la Fundación de Mercasevilla y Mercasevilla misma para ver si podía evitarse el escándalo y luego, casi diez días más tarde, convencidos de la inutilidad de los esfuerzos para parar el "bombazo", acudieron a la Fiscalía de Sevilla en vez de a un Juzgado de Guardia, como sería lo ordinario y razonable.
Contaba Diario de Sevilla el pasado uno de abril de 2009, que "el Ayuntamiento de Sevilla admitió ayer en un comunicado que conocía los hechos desde el pasado 4 de febrero, cuando fue informado por la Junta de supuestos comentarios y conversaciones realizadas por Fernando Mellet y Daniel Ponce, en ese momento, director general y director adjunto, respectivamente, de Mercasevilla".
El Consistorio hispalense decidió suspender el consejo de administración que se iba a celebrar el 6 de febrero para aclarar los hechos. Una semana después, el 13 de febrero, la Junta trasladó al Ayuntamiento que tenía "la certeza de que se han producido dichos comentarios" gracias a una grabación realizada por los afectados, que fue incluida en una denuncia ante la Fiscalía que fue presentada ese mismo día por la Consejería de Empleo.
Es decir, Manuel Chaves y Gaspar Zarrías ocultaron a la Fiscalía y a la Justicia al menos durante 9 días los hechos gravísimos denunciados a personas de la Junta por los empresarios desde mucho antes y sólo ante la existencia de las grabaciones es cuando, comprendiendo la inevitabilidad del escándalo, acudieron a la Fiscalía.
Falsearon los motivos de la dimisión de Mellet y uno de los dos implicados, Ponce, aún no ha dimitido ni ha sido destituido
El Ayuntamiento no aclaró las razones por las que ocultó la situación de los dos directivos. Ambos eran militantes de la Agrupación Macarena del PSOE (dejaron de serlo dos meses después de conocidos los hechos) convulsionada por el escándalo de las facturas falsas. Precisamente, Fernando Mellet y Daniel Ponce entraron en Mercasevilla en la etapa de José Antonio García al frente de la Delegación de Salud y Consumo. García presentó posteriormente su dimisión como concejal del distrito Macarena a causa del escándalo de las facturas aunque después fue exculpado.
El alcalde dio orden, a través de fax dirigido al consejo de administración, de la propuesta de cese inmediato de ambos pero el cese de uno de ellos, Mellet, se produjo en el consejo de administración que se celebró finalmente l7 de febrero, donde Mellet alegó oficialmente ante los consejeros que dejaba el cargo por razones personales relacionadas con la enfermedad de dos familiares.
La propia fiscal jefe, María José Segarra, estaba dirigiendo la investigación pero se limitó a la toma de declaraciones de los empresarios, los directivos, el alcalde y poco más, en lo que es criticado por la oposición como una "operación de enfriamiento" del tema.
El "caso Mercasevilla" tomó cuerpo de manera inmediata una vez se ha hizo cargo del mismo el Juzgado de Instrucción 4 de Sevilla. Tras incorporar las actuaciones de la Fiscalía, su titular, Mercedes Alaya, amplió la investigación, de hecho, a todas las subvenciones recibidas por la fundación del mercado central sevillano. Así se advertía en el auto en el que solicita a la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía un listado con todas las subvenciones concedidas por la Delegación provincial del ramo –de la que es delegado Antonio Rivas– en los últimos cuatro años "a fin de verificar el destino de las mismas". Rivas está asimismo imputado en el caso.
Sólo tras saltar el caso a la prensa vía periódico ABC el PSOE se decidió a expulsar a Mellet y a Ponce del POE.
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pipiol
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Enviado - 10/09/2009 : 19:22:55
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denunciado por fraudeEl caso Mercasevilla pone a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento contra las cuerdas
Dos empresarios, dueños del grupo de hostelería La Raza, Pedro Sánchez Cuerda y José Ignacio de Rojas, mantuvieron una reunión con Mercasevilla, empresa pública dependiente del Ayuntamiento de Sevilla, para gestionar un proyecto por el cual Mercasevilla había recibido 900.000 euros de subvención. Lo que recibieron fue una invitación a pagar una alta cantidad a cambio de hacer la gestión.
El Imparcial
10-09-2009
Los empresarios se pusieron entonces con un amigo suyo, “un dirigente socialista” según el semanario Época, que ha desvelado el escándalo, que a su vez es amigo de Manuel Chaves, para que le pusiese al corriente de este caso de corrupción, cosa que hizo. El amigo común con Chaves les recomendó, entonces, que en la próxima reunión grabasen la conversación que mantuvieran con los responsables de Mercasevilla.
Sánchez Cuerda y De Rojas, acudieron entonces a una segunda reunión con el director general de Mercasevilla, Fernando Mellet, y su director adjunto, Daniel Ponce, ambos militantes socialistas. Y grabaron el contenido de la reunión.
Lo que se encontraron los dos empresarios era un caso de corrupción en toda regla. Mercasevilla les concedería a ellos la gestión del proyecto Escuela de Hostelería de Mercasevilla, para el cual había recibido de la Junta una subvención de 900.000 euros. Pero tendrían que pagar a los dos directivos de la empresa pública la mitad de esa cantidad, es decir 450.000 euros. De ellos, 300.000 los dejarían en un maletín y el resto, 150.000, se disfrazaría en forma de gestiones hechas para la Escuela de Hostelería.
Con la grabación en la mano, los dos empresarios pusieron los hechos a disposición de la Junta de Andalucía, ahora de forma oficial. Y la Junta de Presidencia, con Manuel Chaves todavía al frente del gobierno regional, denunció el caso a la Fiscalía.
Cuando se desveló el escándalo, el 3 de febrero, el alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, dice haber pedido el cese de Mellet, cosa que hace dos semanas más tarde, aduciendo una enfermedad de su padre. El PP le ha pedido al alcalde el acta de la orden de cese, pero Monteseirín se niega a entregarla.
El asunto está, pues, en manos de la Fiscalía, pero el Partido Popular ha denunciado lo que considera que es una actitud de pasividad de la misma. El PP había interpuesto una denuncia, que tiempo después cambiaría por una querella. En ésta, acusa a los responsables de delitos de coacciones, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraude y exacciones ilegales
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pipiol
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Enviado - 11/09/2009 : 17:55:37
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NEGÓ LAS VISITAS DE UNO DE LOS IMPUTADOS
El consejero andaluz de Empleo también mintió sobre MercasevillaEl Consejero de Empleo de la Junta de Andalucía, Antonio Fernández, ha sido cogido en una mentira flagrante. Ha negado haber recibido en su despacho a Juan Lanzas, relacionado con las comisiones ilegales de Mercasevilla; pero hace una semana admitía haberlo hecho "muchísimas veces".
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¿Están siendo investigadas por el juzgado las otras donaciones a Mercasevilla?
Mercasevilla: Un escándalo de muchos ceros
2009-09-11Imprimir Enviar Corregir Comentar Pedro de Tena
Si hace una semana Antonio Fernández admitía que había recibido "muchísimas veces" en su despacho al conseguidor y ex sindicalista de UGT Juan Lanzas, que intervino en las comisiones ilegales de Mercasevilla, el jueves negó haber recibido al susodicho.
Igualmente en sede parlamentaria, el consejero negó tales visitas, tildando al parlamentario popular Juan Ignacio Zoido —que le había preguntado al respecto—, de «mentiroso» y «calumniador». «Este señor nunca ha estado en mi despacho desde el año 2004», subrayó Fernández sobre Lanzas, citado como testigo por la jueza del «caso Mercasevilla» por su papel de mediador en la subvención otorgada por Empleo a la Escuela de Hostelería.
En la Comisión Parlamentaria del pasado día 3 de septiembre, el parlamentario popular Juan Ignacio Zoido le preguntaba: "Basta ya de esconderse. Yo solo le pido: ¿Conoce usted o no conoce a Juan Lanzas? ¿Sabe qué hacía él en Empleo? ¿Sabe por qué hablaba en nombre de la Junta y ustedes se lo permitían? ¿Ha estado Juan Lanzas en su despacho en alguna ocasión? Señor Consejero, las mentiras tienen las patas muy cortas. Este caso no ha hecho nada más que empezar. Piénselo, responda, es muy fácil, y espero que a usted no le resulte difícil explicarlo en el día de hoy."
Y el Consejero respondió: "¿Que al señor Lanzas lo conozco? Por supuesto que conozco al señor Lanzas, y al señor Carbonero, a Julio... De sindicalistas sí. Ayer tomaba copas con sindicalistas de Pickman. Es mi trabajo: igual que usted conoce abogados, es mi trabajo conocer a sindicalistas. Y habrá abogados buenos y abogados malos, haberlos haylos. Este señor, como sindicalista y representante de la Federación Regional de Alimentación en nombre de UGT, ha pisado el despacho de la Consejería de Empleo muchísimas veces, igual que ayer lo pisaron todos los sindicalistas de Pickman y hoy lo están pisando en la Delegación de Empleo."
Está en las actas de la Comisión que pueden comprobarse en http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=diario&id=40355, y en las páginas 16 y siguientes. La mentira es de libro.
Ayer, Zoido pidió al consejero que facilite a su formación el registro de entrada y salidas tanto de su despacho como de la Consejería de Empleo. Los populares ya han registrado, por vía del artículo 7 del Reglamento de la Cámara, la petición de obtener el registro de entradas y salidas de la Consejería de Empleo. |
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EZLN
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Enviado - 12/09/2009 : 22:15:48
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No he leido lo que has puesto aunque me lo puedo imaginar. Me parece muy bien, si son culpables que paguen. Pero que no se te olvide lo de Mallorca, que ahí parece que va a salir algún culpable. |
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pipiol
Botswana
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Enviado - 13/09/2009 : 13:59:19
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pues si hay culpable que pague. |
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pipiol
Botswana
13707 Envíos |
Enviado - 13/09/2009 : 23:44:35
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CASO MERCASEVILLA | El descontrol interno
La auditoría revela defectos en la custodia y contabilidad de los cheques de la empresa
Había un control teórico de cuatro firmas para los pagos, pero se abonaban facturas sin ninguna de las cuatro firmas
Francisco Javier Recio | Sevilla
Actualizado domingo 13/09/2009 11:02 horasDisminuye el tamaño del textoAumenta el tamaño del textoEl descontrol administrativo de la empresa pública Mercasevilla, participada en un 51 por ciento por el Ayuntamiento de Sevilla y en un 48 por ciento por la sociedad estatal Mercasa, afectaba incluso a la custodia de los talonarios de cheques que se utilizaban para el pago a los proveedores. El informe elaborado a principios del pasado junio por la consultora Deloitte –no propiamente una auditoría, ya que no se trata de un estudio exhaustivo– así lo pone de manifiesto.
El documento, que ya está en manos de la jueza que instruye el ‘caso Mercasevilla’ por el presunto cobro de comisiones ilegales a empresarios, revela graves deficiencias en los procedimientos de control y gestión de los pagos, sea cual sea el medio utilizado para ello.
En Mercasevilla no hay inventario de bienes. El control sobre el material era nuloEspecialmente relevantes son los problemas detectados en los pagos mediante cheques. El informe señala que los pliegos de cheques –talonarios– «no se encuentran adecuadamente custodiados», ya que los mismos se encuentran «en el Departamento de Contabilidad y Caja al alcance de todos los miembros del departamento». Asimismo, «no existe un registro de los mismos ni se guardan aquellos que resulten nulos».
Además, se producía, al menos hasta la fecha de elaboración del informe, «un problema de inadecuada segregación de funciones, dado que personas con capacidad de firma tienen igualmente atribuidas funciones que suponen el acceso a contabilidad, realización de compras, elaboración y aprobación de nóminas» y otras.
Los pagos mediante transferencia electrónica tampoco estaban lo suficientemente salvaguardados, ya que las dos claves de firma electrónica necesarias para emitir estas operaciones «son accesibles por varias personas ajenas a la dirección, sin que exista tampoco constancia documental de una ratificación posterior por la dirección general de las transferencias realizadas». En el caso de los pagos por domiciliación, los auditores constataron que «no existe constancia documental» de su aprobación.
Las dos claves para la firma electrónica eran conocidas y accesibles para varias personasExistía un procedimiento para el control de pagos establecido por la dirección que exigía hasta cuatro firmas antes de efectuar un abono, pero éste no se cumplía en la práctica. Los expertos de Deloitte han detectado que «normalmente» faltaban una o más firmas e, incluso, han hallado facturas tramitadas y pagadas en las que no estaba ninguna de las cuatro firmas.
El informe desvela otras irregularidades. En teoría, el director general no puede autorizar pagos superiores a 30.000 euros sin contar para ello con la aprobación de la comisión ejecutiva. Así consta en el apoderamiento aprobado por el consejo de admistración. Sin embargo, no existe ningún otro documento interno que lo ratifique, lo que ha dado lugar al incumplimiento sistemático de este principio de control económico.
En un simple trabajo de muestreo, los auditores han hallado un buen número de pagos superiores a ese límite no ya sin la aprobación sino ni siquiera el conocimiento oficial de la comisión ejecutiva.
El dinero de la venta de los suelos se puso a plazo fijo. El gobierno ni siquiera preguntóEl informe de Deloitte revela, además, la inexistencia de un inventario de inmovilizado permanente tanto en Mercasevilla como en su fundación. No hay, por tanto, constancia documental ni del coste ni de la amortización de los elementos del inmovilizado material.
Esta deficiencia conlleva, según los auditores, «dificultades para la determinación del importe de las amortizaciones anuales, así como para el control físico de los activos adquiridos y retirados, su ubicación física, asignación y finalidad».
El mismo descontrol afectaba a las operaciones de crédito y a las inversiones financieras. No hay constancia de que el ex director de Mercasevilla, Fernando Mellet, informara a la comisión ejecutiva de la inversión a plazo fijo de los fondos recibidos por la opción de compra de los terrenos, ni de distintas operaciones de crédito, incluido un préstamo personal cancelado a primeros de año. Tampoco de que el gobierno municipal le reclamara explicación alguna por estas actuaciones
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pipiol
Botswana
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Enviado - 16/09/2009 : 15:46:47
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El PP pedirá la comparecencia del presidente de Mercasa
ADEMÁS
Chaves dice que el PSOE cumple a "rajatabla" el Pacto Antitransfuguismo
Miguel Gil | Actualizado el 16/9/2009 - 11:35h
El Partido Popular pretende llegar hasta el final en el caso Mercasevilla, que no ha motivado aún la actuación de la Abogacía del Estado. Esta mañana el diputado andaluz Ricardo Tarno ha preguntado al ministro de Justicia, Francisco Caamaño, acerca de esa inacción de la Abogacía del Estado ante las irregularidades de este asunto, donde está imputado por cohecho el director general de Mercasevilla, empresa participada por Mercasa, que a su vez depende de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en un 51% y del Ministerio de Medio Ambiente en un 49%.
Caamaño ha replicado a Tarno que "el Gobierno cumple escrupulosamente la ley" y que no debe pedir la intervención de la Abogacía del Estado. El titular de Justicia argumentó que la ley señala que una empresa pública puede para defenderse apelar a un despacho profesional o de la Abogacía del Estado "previo convenio", remarcó, además de señalar que el Gobierno no puede dirigir la instrucción del caso.
El PP ha declarado a lanacion.es que casi con toda seguridad va a pedir la comparecencia del presidente de Mercasa porque el ministro no ha reconocido que haya un convenio. Asimismo, este partido también estudia nuevas iniciativas parlamentarias ante el caso. Los populares se muestran indignados ante la posición del Gobierno, que actúa "como si Mercasa no fuera el Estado"; por eso también van a plantear una iniciativa ante la Comisión de Mercasa para emprender acciones con la Abogacía del Estado por "el perjuicio patrimonial causado".
Los populares se apoyan en un Convenio de Asistencia Jurídica, celebrado el 1 de diciembre de 2004 entre la Administración del Estado (Abogacía del Estado) y Mercasa para seguir adelante en sus reclamaciones.
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pipiol
Botswana
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Enviado - 18/09/2009 : 08:43:26
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El Ayuntamiento se enfrenta a una sanción de 1 millón de euros si no presenta las cuentas de Mercasevilla
Disminuir tamaño del textoAumentar tamaño del texto El alcalde, obligado a decidir en el próximo Pleno si denuncia a los gestores de Mercasevilla
Un convenio con Mercasa permitía a la Abogacía del Estado denunciar el caso Mercasevilla
ABC. SEVILLA Actualizado Jueves, 17-09-09 a las 14:24El PP ha presentado hoy un escrito al alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín para que, en su calidad de presidente de Mercasevilla, presente las cuentas anuales de la sociedad atrasadas desde 2004 y evitar así unas sanciones que, según el grupo popular, podrían ascender a 1,2 millones de euros.
Según ha explicado hoy en rueda de prensa el portavoz adjunto del del PP, Beltrán Pérez, la sociedad mixta Mercasevilla -participada en un 51% por el Ayuntamiento- no ha presentado sus cuentas anuales en el registro mercantil desde 2004, con lo que el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, podría sancionarle.
Pérez ha dicho que esta situación podría tener "consecuencias devastadoras" para la estabilidad financiera de la empresa, ya que el régimen sancionador de la Ley de Sociedades Anónimas prevé multas de 300.500 euros por cada año de retraso en la presentación de las cuentas para aquellas empresas que facturan más de 6 millones de euros anuales.
La facturación de la sociedad fue de 8.997.000 euros en 2007 y de 8.321.000 euros en 2006, según ha informado el portavoz adjunto del PP y consejero de Mercasevilla. Estas cifras superan los 6 millones de euros y supondrían hasta 1,2 millones de euros en sanciones para la sociedad por no haber presentado las cuentas anuales de los ejercicios de 2006, 2007 y 2008, ha añadido.
En dicha sanción no se computarían las multas correspondientes al retraso en las cuentas de 2004 -que ya habría prescrito por haber transcurrido más de los tres años que contempla la ley- y habría que evaluar si aún se pueden imponer las sanciones por el retraso en la presentación de las cuentas de 2005, ha precisado Pérez. El portavoz adjunto del PP ha señalado al alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, como responsable directo de estas posible sanciones.
También ha culpado al representante de la entidad estatal Mercasa y vicepresidente primero de Mercasevilla, Álvaro Turiel Fernández, al vicepresidente segundo y primer teniente de alcalde, Antonio Rodrigo Torrijos (IU), y a los secretarios Luis Enrique Flores y Jorge Piñero, responsables de presentar las cuentas anuales de la sociedad ante el registro mercantil según lo acordado en la Junta General de la empresa mixta.
Por ello, Pérez ha exigido a Monteseirín que presente las cuentas atrasadas "hoy mismo o mañana" para evitar o, en todo caso, minimizar unas sanciones que supondrían un "caos" para la sociedad y pondrían en peligro su "continuidad y estabilidad financiera".
Además, el PP propondrá en el próximo Pleno municipal que el Ayuntamiento, como "socio mayoritario" de Mercasevilla, formule una denuncia penal contra los ex directivos Fernando Mellet y Daniel Ponce por presuntos delitos societarios tipificados en los artículos 290 y siguientes -hasta el 297- del Código Penal.
Estos dos ex directivos también son investigados por un juzgado por la presunta petición de comisiones ilegales a un grupo de empresarios de Sevilla
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pipiol
Botswana
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Enviado - 18/09/2009 : 15:45:01
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CASO MERCASEVILLA | Cita como testigo al intermediario Juan Lanzas
La jueza imputa por prevaricación y maquinación a Mellet y Piñero
Europa Press | Sevilla
Actualizado viernes 18/09/2009 12:55 horasDisminuye el tamaño del textoAumenta el tamaño del textoLa titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya Rodríguez, ha emitido una providencia en la que imputa los presuntos delitos de prevaricación y maquinación para alterar el precio de las cosas tanto al ex director general de Mercasevilla, Fernando Mellet, como al vicesecretario del consejo de administración y de la comisión ejecutiva, Jorge Piñero.
En la providencia, dictada el jueves, la jueza ordena deducir testimonio e incoar nuevas diligencias previas por los dos presuntos delitos anteriormente reseñados, todo ello "a la vista de las presuntas irregularidades cometidas en el concurso público sobre el derecho de opción de compra" de los terrenos de Mercasevilla.
En este sentido, y dentro de estas nuevas diligencias, la juez Mercedes Alaya Rodríguez ha citado a declarar el próximo día 25 de septiembre a partir de las 10.00 horas al vicesecretario del consejo de administración y de la comisión ejecutiva, Jorge Piñero, también vicedecano del Colegio Oficial de Abogados de Sevilla. Asimismo, la juez ha citado a declarar el día 28 del presente mes, en calidad de testigo, al presunto intermediario Juan Lanzas, informaron a Europa Press fuentes del caso.
Jorge Piñero ha sido citado en calidad de imputado después de que su declaración en calidad de testigo fuera suspendida tras las declaraciones de A.R.M. y M.V.B., los técnicos que elaboraron el informe de estudio y valoración de las ofertas para la adjudicación por concurso de un derecho de opción de compra sobre los terrenos de Mercasevilla, adjudicado a Sando pese a presentar una oferta peor que la del Grupo Noga.
En este sentido, A.R.M. y M.V.B., ya mostraron su extrañeza ante el hecho de que en el pliego de condiciones se incluyera una cláusula relativa a la limitación al alza del precio.
En su declaración como testigo ante la juez de Instrucción número 6, A.R.M. señaló que, en cuanto al pliego de condiciones, su intervención se limitó a fijar el precio de salida y el índice de revisión anual de este precio, así como buscar la fórmula estadística para la baremación del concurso, aseverando que fue el ex directivo de Mercasevilla Fernando Mellet quien le transmitió que la junta de accionistas decidió no solo la fórmula de concurso público sino la limitación al alza del precio al objeto de "no convertir la venta de los terrenos en una subasta".
Así, y tras reseñar que de haber dependido de él no se hubiese limitado al alza el precio de la opción de compra y el de la compraventa, pone de manifiesto que para buscar la fórmula estadística de cara a la baremación del concurso pidió un informe al departamento de Estadística de la Facultad de Económicas de Sevilla, quien emitió un informe y su correspondiente factura donde se indicaba la formulación de cómo había que aplicar las diferentes variantes del pliego de condiciones en relación a las distintas ofertas económicas.
Desconocen si el concurso fue "dirigido" a Sando
En este sentido, señaló que en esa fecha "ya supone" que tendría conocimiento de la condición posteriormente recogida en el pliego acerca de que las ofertas que fueran superiores en más de diez unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas se considerarían "desproporcionadas", al tiempo que aseguró que en la redacción del pliego de condiciones tuvo una intervención "importante" el vicesecretario del consejo de administración y de la comisión ejecutiva de Mercasevilla.
Por su parte, la otra técnico, M.V.B. -que coincidió con su compañero en desvincular a la trabajadora Regla Pereira del concurso-, reconoció en su declaración su intervención en la elaboración del pliego de condiciones para el concurso de cesión de suelos, señalando además que- "por razones de legalidad, transparencia, publicidad y concurrencia", vio adecuado el concurso público, al tiempo que indicó que la cláusula de limitación al alza del precio se incluyen en el pliego de condiciones "para evitar la especulación por parte de la entidad adjudicataria".
Así, puso de manifiesto que, en virtud de esta cláusula, se consideró que, "pese a que la oferta de Noga era superior a la de Sando, al alejarse la oferta de Noga de la media aritmética, se le otorgó una puntuación de 0 en el precio final de la compraventa", añadiendo además que lleva 23 años trabajando en el Ayuntamiento, interviniendo en muchos concursos públicos, y ha sido este de Mercasevilla "el único" en que ha visto la cláusula contenida en el pliego de condiciones del alza desproporcionada del precio.
Tras decir que desconocía si el concurso público fue "dirigido" para otorgar a Sando la opción de compra, la técnico señaló que, partiendo de la idea de que Mercasevilla y el Ayuntamiento era evitar la especulación, con la sola fórmula del concurso público en lugar de la subasta, sin necesidad de la cláusula de la limitación del precio al alza, hubiese sido "suficiente" para evitar esos fines especulativos.
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pipiol
Botswana
13707 Envíos |
Enviado - 20/09/2009 : 11:57:34
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El PP insta también a la Junta a que se persone como acusación en el caso Mercasevilla
Disminuir tamaño del textoAumentar tamaño del texto
PEPE ORTEGA Zoido y Arenas presionan al PSOE en el caso MercasevillaA.G.R. SEVILLA Domingo, 20-09-09El Partido Popular obligará a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Sevilla a adoptar una decisión definitiva sobre su postura en el caso Mercasevilla, ya que hasta ahora sólo el PP ha denunciado el intento de cobro de comisiones a unos empresarios por parte de los directivos Fernando Mellet y Daniel Ponce -ambos militantes del PSOE- en los tribunales. De hecho, la Consejería de Empleo se limitó a depositar la grabación en la Fiscalía y el equipo de Gobierno del consistorio sevillano ha preferido mantenerse al margen de todo y no ha adoptado ninguna medida.
El PP, que tilda la situación de «inconcebible», tratará de revertir esta actitud «pasiva» con una moción por la que se insta a toda la corporación a personarse como acusación en el caso tanto en la Junta de Andalucía como en el Ayuntamiento. En primer lugar, el Grupo Popular defenderá el próximo jueves en el Pleno del Parlamento andaluz una proposición no de ley en la que demanda a la cámara andaluza que inste al Gobierno a personarse en las diligencias previas iniciadas en el caso Mercasevilla. Un día después, el viernes, el PP del Ayuntamiento sevillano pedirá en el Pleno que el equipo de Gobierno, PSOE e IU, denuncie a Mellet y Ponce por los presuntos delitos societarios que revela la auditoría realizada por Deloitte, ya que el Ayuntamiento es el accionista mayoritario de le empresa en la que se han cometido las irregularidades.
En la iniciativa que un día antes se presentará en el Parlamento, a la que tuvo acceso Europa Press, los populares piden que el Gobierno andaluz se persone en las diligencias previas abiertas por el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, así como en todas las que se hayan abierto o puedan iniciarse relacionadas con el caso, según lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía. En la exposición de motivos, el PP-A recuerda que Mercasevilla es una sociedad mercantil de titularidad pública, propiedad del Ayuntamiento de Sevilla (51 por ciento), de la sociedad nacional Mercasa (48,5 por ciento) y de otros accionistas (0,50 por ciento).
Asimismo, subraya que la Fundación Socioasistencial de Mercasevilla, «aparece citada en numerosas ocasiones en las conversaciones grabadas y que han dado lugar a la denuncia y posterior investigación judicial de las comisiones ilegales».
Los populares argumentan en la iniciativa que la «gravedad» de los hechos conocidos y denunciados en los que se afirma la existencia de una supuesta trama en el cobro de comisiones que afecta a la actuación administrativa y política de la Junta de Andalucía, exigen una «contundente respuesta» por parte del Gobierno Andaluz |
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corrupcion psoe en mercasevilla
