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pipiol
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 Enviado - 28/11/2009 : 17:00:53
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El PP señala a Monteseirín y Marchena como «los que mueven las fichas en el escándalo»
Disminuir tamaño del textoAumentar tamaño del texto Sánchez Monteseirín y Marchena, en su visita del pasado verano al tanque de tormentas de la Alameda de Hércules. RAÚL DOBLADO
Torrijos contestó por escrito a la Policía con un cuestionario
Declaran este lunes un representante de Noga y a un profesor universitario
El abogado de Mellet apunta a «Torrijos, Castaño y Crespo»
José Manuel Sánchez del Aguila, abogado del ex director general de Mercasevilla Fernando Mellet, defendió ayer que los miembros de la comisión ejecutiva del mercado de abastos Antonio Rodrigo Torrijos, Gonzalo Crespo y Domingo Enrique Castaño «eran los únicos que podían decidir» en torno al concurso público mediante el que la sociedad adjudicó a la empresa Sanma —filial de Sando— el derecho de opción de compra sobre los suelos del antiguo mercado. El letrado se refirió al informe policial, donde se expresa que Mellet era «el gran artífice», argumentando que «no es artífice porque no tenía voto, por lo que no podía resolver, disponer ni definir». Apuntó así que Torrijos, Crespo y Castaño eran «los únicos que podían decidir y podían ver las cláusulas, y si estas eran buenas o malas», recordando que, en sus declaraciones, Mellet «habla de que sus jefes son los que deciden».
Reyes magos
Que la mayor operación de recalificación urbanística perpetrada en Sevilla durante la última década, valorada en 128 millones de euros, pudiera hacerse sin el conocimiento ni el consentimiento del entonces gerente de Urbanismo o del propio alcalde, es como creer en los reyes magos o en Papá Noel. Pues va a ser que no.
ADRIANO
EDUARDO BARBA. SEVILLA Actualizado Sábado , 28-11-09 a las 14 : 10Tras conocerse los resultados del informe de la Policía Judicial sobre la operación de venta de suelo de Mercasevilla, documento con las conclusiones de los interrogatorios a los testigos e imputados, el PP, denunciante del caso en el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, consideró ayer que deben «asumirse ya responsabilidades políticas» a cuenta del «demoledor informe». Según explicó el portavoz adjunto del PP, Beltrán Pérez, «en los escándalos de corrupción de Mercasevilla hay responsabilidades políticas de los políticos de Gobierno local», a pesar de que la Policía destaca en su informe que «no puede determinarse» que ni el consejo de administración ni la comisión ejecutiva de Mercasevilla tuvieran «verdadero conocimiento» de las irregularidades que cometían en la venta de terrenos a Sando en febrero de 2006.
Una vez recalcó el edil del PP que «por un lado están las responsabilidades legales, que deberá dilucidar la jueza, y por otro las políticas, que aquí están muy claras, puesto que se han producido una serie de escándalos dentro de una empresa pública», Pérez recordó el papel clave en este asunto de la adjudicación «ilegal» del suelo del que fuera asesor del alcalde Domingo Enrique Castaño, «el hombre al que Alfredo Sánchez Monteseirín puso en Urbanismo» y que al tiempo formaba parte de la comisión ejecutiva del mercado central de abastos. Entonces se recordó que Castaño, ya imputado por el tema y que declarará en unos días, dependía como responsable del Area de Vía Pública «directamente» del por entonces gerente de Urbanismo y actual vicepresidente de la Agrupación de Interés Económico de las empresas municipales, Manuel Marchena.
«Por casualidad»
En este sentido, los populares destacaron que «nadie se cree que Castaño era el cerebro de la operación —en la que Sando ganó el concurso de suelo pese a ofrecer 53 millones de euros menos que su principal competidora— y su jefe directo o el propio alcalde no sabían nada del asunto, que todo salió así por casualidad, sin que ellos no supieran nada de la adjudicación. El gerente de Urbanismo era Marchena y el presidente el alcalde, y es evidente que ambos estaban al tanto».
Sobre el papel de ambos profundizó Pérez, llegando a asegurar que «en esta partida de ajedrez ya se sabe quiénes son los peones, pero hay que designar al rey y la reina, y quienes mueven las fichas en el tablero de los escándalos y en los casos de corrupción de Mercasevilla son Monteseirín y Marchena».
Para el PP, el máximo responsable de lo que investiga la Justicia «no es otro que el propio alcalde», por lo que creyó «evidente que la línea de investigación» apuntará a Monteseirín, Marchena y a Antonio Rodrigo Torrijos, vicepresidente de Mercasevilla, porque «nadie puede creer que en el asalto a mano armada de Mercasevilla sólo hayan participado actores secundarios». «Estamos convencidos de que la investigación delimitará una clara responsabilidad política y de que Monteseirín y Torrijos tendrán que dimitir», añadió Pérez.
Además, el concejal advirtió de que las diligencias «dibujan un escenario brutal y demoledor» a la hora de exigir responsabilidades políticas, porque el informe alude a expedientes de regulación de empleo «fraudulentos». «Es un escándalo de gran magnitud para el Ayuntamiento y para la Junta de Andalucía», dijo para reclamar al Gobierno andaluz que aclare su papel en los expedientes de regulación de empleo consumados en Mercasevilla.
La parte del informe policial donde se hace ver que no se han podido delimitar las responsabilidades de la cúpula política fue también matizada por los populares, que advirtieron de que el propio informe recoge que los investigadores están «a la espera de continuar la investigación» y «no descarta una comisión culposa» de los miembros de la comisión ejecutiva. «La Policía no puede demostrarlo a fecha de 11 de noviembre, no en un futuro, y queda mucha investigación».
Cosa de «los técnicos»
Desde la otra parte, el Gobierno local realizó una lectura absolutamente opuesta del informe policial, subrayando que éste aleja la responsabilidad del ámbito político. la portavoz del gabinete, Maribel Montaño, abundó en la tesis de que «queda claro que las decisiones se tomaron porque había informes técnicos que las avalaban». «Si hay alguna delimitación de responsabilidad, está en el ámbito técnico y no político», dijo.
Así las cosas, Montaño incidió en que «las conclusiones policiales corroboran lo que viene manteniendo el Gobierno», aunque al ser preguntada por el relevante papel de Castaño, ex asesor del alcalde, echó el freno: «Dejemos trabajar a la Justicia...». |
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Enviado - 29/11/2009 : 01:43:11
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CASO MERCASEVILLA | El actual comisario de la Memoria Histórica, Juan Gallo
La juez de Mercasevilla manda llamar al alto cargo que sugirió la grabación de la extorsión
La juez admite como prueba el acta del consejo en que Mellet dimitió
Da entrada en el proceso a las actas del pleno en que se rechazó la querella
Sebastián Torres | Sevilla
Actualizado sábado 28/11/2009 12:53 horasDisminuye el tamaño del textoAumenta el tamaño del textoEl alto cargo de la Junta de Andalucía Juan Gallo deberá declarar como testigo ante la juez que investiga el 'caso Mercasevilla' donde debe aclarar cómo gestionó la Administración autonómica la información sobre el presunto pago de comisiones ilegales cuando tuvo conocimiento de los hechos.
Gallo, en su calidad de director de amigo de uno de los empresarios del grupo La Raza supuestamente extorsionados, fue quien sugirió a éste que grabara una conversación en la que los directos de Mercasevilla le connminan al pago de una comisión de 450.000 euros a cambio de una subvención de 900.000 preconcedida por la Junta de Andalucía.
Juan Gallo es un hombre muy próximo al ex presidente andaluz, Manuel Chaves, de quien ejerció como jefe de gabinete antes de desempeñar otras tareas de responsabilidad en la Consejería de Presidencia siempre a la sombra del ex mandatario autonómico.
El PP, que ejerce la acusación particular, solicitó la comparecencia de Gallo para que arrojara luz sobre el particular ya que fue quien primero tuvo conocimiento de las presuntas irregularidades. Paradójicamente no había sido citado aún por ninguna de las partes, ni había declarado ante los investigadores de la policía ni ante la instructora.
Felicitado en su dimisión
La juez Mercedes Alaya ha admitido como prueba el acta del consejo de administración de la emrpesa pública del 17 de febrero de 2009 en la que Fernando Mellet alegó motivos personales para dimitir recibiendo la felicitación expresa de los consejeros del equipo de gobierno municipal Antonio Rodrigo Torrijos y Algfonso Mir.
Este acta contradice la versión del alcalde, quien declaró por escrito a la Policía Judicial que dio la orden de destituir a Mellet en cuanto tuvo conocimiento de la grabación con la supuesta exigencia.
Además, se han admitido también como prueba las actas del pleno municipal en las que el equipo de gobierno (PSOE-IU) rechazó presentar una querella por delito societario en Mercasevilla.
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Enviado - 29/11/2009 : 18:33:27
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Portada de Intereconomía
El PP sevillano quiere conocer el informe de la auditoria a Mercasevilla
16:20 | 29 de noviembre, 2009 Europa Press
El portavoz del PP en el ayuntamiento sevillano ha pedido a Monteseirín que facilite el informe definitivo de la auditoría de Mercasevilla realizada por Deloitte.
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Mercasevilla
El
portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan Ignacio Zoido,
exigió hoy al alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, conocer
el informe definitivo de la auditoría que realiza Deloitte en la
empresa Mercasevilla, ya que según dijo ha tenido noticias de que "la
auditoria ya esta entregada y como siempre al Partido Popular no le han
dado copia alguna".
En su intervención en un acto en Coria del Río (Sevilla) para
presentar al candidato del PP a la Alcaldía, Andrés Parrado, el
portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sevilla indicó que ha mandado una
carta a Monteseirín --carta a la que ha tenido acceso Europa Press--
para además pedirle que realice una convocatoria "extraordinaria y
urgente" del Conseio de Administración de Mercasevilla para que en el
seno del mismo se informe por parte de la empresa auditoria del
resultado de los trabajos.
Zoido que calificó de "escandaloso" el caso de Mercasevilla,
destacó que "se está ocultando y se están poniendo obstáculos para
facilitar la información" en este caso.
Asimismo, indicó que se ha tenido conocimiento de que Juan Gallo,
como director de la Oficina de Coordinación de la Consejería de
Presidencia de la Junta de Andalucía, supo de las grabaciones a dos
empresarios sevillanos donde se les extorsionaba por dos militantes
socialistas directivos de Mercasevilla.
En este sentido, Zoido señaló que "Gallo tuvo las conversaciones
grabadas y no se las dio, que sepamos, directamente a Chaves".
Asimismo, indicó que le entregó las grabaciones y le habló de sus
contenido a Monteseirín el 4 de febrero, lo que llevó a "Monteseirín a
suspender un Consejo de Administración de Mercasevilla del día 5".
De igual manera, Zoido apuntó que "Monteseirían dice que mandó el
12 un fax pidiendo el cese inmediato" del director general, Fernando
Mellet, pero "no sólo no lo cesaron si no que dejaron que presentara
las cuentas y después presentó su dimisión".
Por último, Zoido destacó que "en este tiempo la Junta no había
interpuesto ninguna denuncia ni querella y sólo cuando fue 'vox populi'
entregaron la cinta a la fiscal".
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Enviado - 30/11/2009 : 21:20:42
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Enviado - 03/12/2009 : 01:23:16
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«Monteseirín y Torrijos no han movido un dedo para que se cumpliesen las normas»
Disminuir tamaño del textoAumentar tamaño del texto Tras dos ERE, la empresa sigue con los mismos empleados y un millón más en gasto de personal
ABC. SEVILLAPublicado Miércoles , 02-12-09 a las 16 : 49El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla lamentó hoy la existencia de "irregularidades" por parte del alcalde y presidente de Mercasevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, y el primer teniente de alcalde y vicepresidente de la entidad, Antonio Rodrigo Torrijos, al señalar que ambos "se hacen trampas en el solitario", dado que han obviado el seguimiento de las normas reclamadas por el interventor general de cara a las auditorías del ejercicio 2008 para las empresas con capital total o mayoritariamente municipal.
En rueda de prensa, el concejal del PP Gregorio Serrano subrayó que estas normas para la realización del control financiero en las empresas municipales, complementarias a las pertinentes auditorías privadas, fueron aprobadas en Junta de Gobierno Local el 30 de octubre de 2008.
No obstante, cuando el Grupo Popular ha accedido al informe de Intervención se ha encontrado con que se ha podido trabajar sobre los datos de todas las empresas, salvo los de Mercasevilla, que no fueron remitidos.
Serrano, que calificó irónicamente de "casualidad" lo sucedido, recordó que todas las empresas deben facilitar los datos solicitados por Intervención para facilitar la labor de control que le otorga la normativa mercantil, contrariamente a lo que sucede en la Comisión Especial de Cuentas del Ayuntamiento -que ayer contó con el voto popular en contra de todos sus puntos para que "no seamos utilizados en el caso de que se descubra otro escándalo"-, donde las empresas que no son exclusivamente municipales, como Emasesa y Mercasevilla, no están obligadas a presentar sus datos. "Monteseirín y Torrijos no han movido un dedo para que Mercasevilla cumpliese las normas sobre la auditoría de esta empresa", criticó el concejal del PP, que aludió a que "ahora que todos los chanchullos empiezan a descubrirse cobran sentido estas maniobras". "El colmo de esta metástasis de inmoralidad", continuó, es que el equipo de gobierno dé las órdenes para que se sigan las normas y luego "ellos mismos lo incumplan".
Por ello, Serrano criticó que el plazo ya haya cumplido y que, si se hubiese informado según estos criterios, "se habrían detectado antes esos agujeros en Mercasevilla". Asimismo, lamentó que el Consistorio "siempre" dé la misma justificación de que "es todo un error". |
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Enviado - 03/12/2009 : 23:11:58
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Mercasevilla, única que no ha trasladado sus cuentas de 2008 al interventor
El PP recuerda que Monteseirín y Torrijos aprobaron la medida en Junta de Gobierno
Disminuir tamaño del textoAumentar tamaño del texto Citan a Piñero para que aclare la duplicidad de actas
Deloitte afirma que la auditoría no está acabada y el PP insiste en que sí
La oposición dice que Canal Sur manipula el caso
El Grupo Popular del Ayuntamiento de Sevilla denunció ayer la manipulación informativa de los informativos de Canal Sur Televisión, ya que «durante tres días consecutivos ha silenciado en su edición local los nuevos datos y denuncias que sobre el caso Mercasevilla ha ofrecido el Partido Popular». Esta situación llevó al PP a considerar que «la televisión pública esconde deliberadamente la información ofrecida por el grupo Popular sobre el escándalo de Mercasevilla y que lo hace reiteradamente silenciando esta información a los sevillanos». Dichas comparecencias se hicieron para denunciar falsedad documental, fraude en el ERE y la no presentación de las cuentas de esta empresa municipal al interventor.
EDUARDO BARBA. SEVILLA Publicado Jueves , 03-12-09 a las 07 : 35El PP del Ayuntamiento de Sevilla denunció ayer que Mercasevilla es la única de las empresas municipales que no ha presentado sus cuentas anuales del año pasado al interventor general municipal, pese a que desde octubre de 2008 existe una norma para el control financiero en las empresas municipales, complementarias a las pertinentes auditorías privadas de cada compañía, medida solicitada pro la propia Intervención y que fue aprobada en Junta de Gobierno. Cuando el Grupo Popular ha accedido al informe de Intervención se ha encontrado con que se ha podido trabajar sobre los datos de todas las empresas, salvo los de Mercasevilla, que no fueron remitidos al interventor pese a la existencia de la nueva norma, rubricada por el alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, y por el primer teniente de alcalde, Antonio Rodrigo Torrijos. «Los dos están cometiendo irregularidades y haciendo trampas», para el PP.
Así, el concejal popular Gregorio Serrano recordó que todas las empresas deben facilitar los datos solicitados por Intervención para facilitar la labor de control que le otorga la normativa mercantil, contrariamente a lo que viene sucediendo en la Comisión Especial de Cuentas del Ayuntamiento —que ayer contó con el voto popular en contra de todos sus puntos para que «no se use más al PP de coartada para cubrir escándalos»—, donde las empresas que no son exclusivamente municipales, como Emasesa y Mercasevilla, no están obligadas a presentar sus datos.
«Monteseirín y Torrijos no han movido un dedo para que Mercasevilla cumpliese las normas sobre la auditoría de esta empresa», criticó el concejal del PP, que aludió a que «ahora que todos los chanchullos empiezan a descubrirse cobran sentido estas maniobras». «El colmo de esta metástasis de inmoralidad es que el Gobierno municipal dé las órdenes para que se cumplan unas normas y luego él mismo no las cumpla», añadió el edil popular.
Serrano criticó que el plazo ya haya cumplido y que, si se hubiese informado según los criterios que se impusieron el año pasado, «se habrían detectado antes esos agujeros en Mercasevilla». Asimismo, lamentó que el Consistorio «siempre» dé la misma justificación de que «es todo un error», como «ya pasó en Bermejales, Macarena, Unidad... siempre es un error». |
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Enviado - 04/12/2009 : 01:41:39
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CASO MERCASEVILLA | Por la venta 'ilegal' de terrenos del mercado
La jueza investiga si se falsificó el pliego técnico aprobado por el pleno
María Rionegro | Sevilla
Actualizado jueves 03/12/2009 08:16 horasDisminuye el tamaño del textoAumenta el tamaño del textoLa jueza del caso Mercasevilla, Mercedes Alaya, sigue mirando con lupa cada documento relacionado con la venta «ilegal» y «fraudulenta» de los suelos del mercado de mayoristas. El último paso judicial se centra en investigar si el pliego de condiciones del concurso que se aprobó en el pleno municipal del 15 de diciembre de 2005 por todos los grupos políticos fue falsificado o manipulado, ya que presenta importantes diferencias de contenido con respecto al que se aprobó por la Junta de Accionistas de Mercasevilla justo quince días antes, el 30 de noviembre.
Por ello, la magistrada ha solicitado al ex secretario de la comisión ejecutiva empresa pública e imputado, Jorge Piñero, que explique estas «discrepancias» entre ambas actas de aprobación del pliego de condiciones. Una de ellas radica, precisamente, en una de las cláusulas que la juez investiga por considerarla definitiva para que la constructora Sando se hiciera con la adjudicación de los terrenos pese a no presentar la oferta más ventajosa para Mercasevilla. Se trata del derecho de titularidad previa.
La magistrada tendrá que determinar de quién es la firma que avaló el documento del plenoEn el acta aprobado el 30 de noviembre por la Junta de Accionistas de la empresa pública se establecía este derecho preferente de compra pero se negaba que hubiera alguna empresa que se pudiera acoger a él. En el documento que pasó por pleno sí se establece qué este aspecto concreto debe especificarse: «Hay que relacionar las cargas reales existentes, incluyendo los derechos de superficie aunque no estén aún escritos». Un extremo que, a todas luces, beneficiaba a Sando, ya que era la única entidad de las ocho ofertantes que tenía derechos sobre esos suelos de Mercasevilla.
La otra gran diferencia entre ambos pliegos de condiciones es la rúbrica del presidente de Mercasevilla. La firma que avaló ante el pleno municipal del 15 de diciembre de 2005 el documento para la venta de los suelos es radicalmente distinta a la del entonces verdadero presidente de la sociedad pública, Gonzalo Crespo, quien sí rubricó su aprobación definitiva en el consejo de administración de Mercasevilla del 30 de noviembre de 2005.
La última página de ambos pliegos recoge la firma tanto del presidente de Mercasevilla como del secretario, Jorge Piñero. Mientras que la firma de éste último es la misma en los dos documentos, la que se refiere al presidente no se corresponde en uno y otro. Además, en el pliego que se aprueba en la Junta de Accionistas se hace referencia el cargo y al nombre del presidente, Gonzalo Crespo, mientras que en el que se votó en pleno –y que defendió el propio Crespo con el respaldo de todos los grupos políticos– tan sólo se refiere al cargo.
Ambas «discrepancias» entre actas ya fue denunciada por el PP durante el pasado pleno municipal del 16 de noviembre. Ante la manifestación de estas irregularidades, el gobierno municipal envió al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla el expediente 114/05 relativo a la concesión de autorización a Mercasevilla para la convocatoria del concurso público que pasó por pleno para su investigación.
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Enviado - 08/12/2009 : 22:58:20
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CASO MERCASEVILLA | Por la presunta petición de comisiones a empresarios
El PSOE acusará a Mellet y a Ponce sólo de un intento de estafa por las comisiones
María Rionegro | Sevilla
Actualizado lunes 07/12/2009 20:15 horasDisminuye el tamaño del textoAumenta el tamaño del textoEl Partido Socialista quiere pasar página cuanto antes respecto al 'caso Mercasevilla', y lo piensa poner fácil. De ahí que en el escrito de acusación que en los próximos días deberá remitir a la juez instructora de la causa, Mercedes Alaya, el PSOE rebaje el escándalo del presunto intento de extorsión a dos empresarios hosteleros por parte de los ex directivos del mercado central de mayoristas, Fernando Mellet y Daniel Ponce, a un mero intento de estafa, y exime de toda culpa al delegado provincial de Empleo y dirigente del PSOE de Sevilla, Antonio Rivas.
Según han confirmado a EL MUNDO.es de Andalucía fuentes del caso, la acusación popular del PSOE elevará al Juzgado de Instrucción número 6 antes del día 23 de diciembre, fecha en que la juez ha citado a las partes para concretar las imputaciones y comenzar a tramitar el caso conforme a la ley del jurado, un escrito en el que acusará a Mellet y a Ponce sólo de un supuesto delito de estafa en grado de tentativa, ya que «la comisión solicitada nunca llegó a cobrarse», sin referirse en ningún momento a la comisión de un posible delito de cohecho.
Una acusación, en principio, 'cómoda' para los principales acusados por sus limitadas consecuencias. Con esta decisión, el PSOE ‘salva’ a estos dos ex directivos de Mercasevilla de la presunta comisión de un segundo delito: cohecho. Y es que, la representación jurídica de los socialistas no le conceden ni a Fernando Mellet ni a Daniel Ponce la condición de autoridad o funcionario público. De esta forma, también intentan alejar la posibilidad de que, finalmente, sea un jurado popular quien enjuicie el caso.
Una probabilidad que toma fuerza si la juez, finalmente, imputa al delegado provincial de la Consejería de Empleo, Antonio Rivas, por un presunto delito de cohecho. Esto supondría, con toda seguridad, que, si la causa investigada llegara a juicio, éste tendría que celebrarse ante un jurado popular. Una circunstancia que no les conviene a ninguno de los imputados, ya que, con la grabación de la petición de las presuntas comisiones ilegales como principal prueba, un jurado popular es, muy probablemente, sinónimo de condena.
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Enviado - 09/12/2009 : 21:22:07
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CASO MERCASEVILLA | Los cargos políticos se escudan en que nadie objetó
Cargos y técnicos de Mercasevilla que bendijeron la venta a Sando se desmarcan
Sebastián Torres | Sevilla
Actualizado miércoles 09/12/2009 08:12 horasDisminuye el tamaño del textoAumenta el tamaño del textoAlgo tiene el despacho de la juez Mercedes Alaya que quien entra allí se transforma. Asistieron a la comisión ejecutiva en la que se adjudicaron a Sando los suelos de Mercasevilla y allí no pusieron ninguna objeción. En los pasillos de los juzgados, algunos abogados defensores aseguran que la venta fue legal, exquisita e impecable. Pero delante de la juez Alaya –o ante la Policía Judicial– los que asistieron a la reunión en la que se adjudicaron los suelos se desmarcan ahora de la operación.
Hay cinco imputados por esta rama del 'caso Mercasevilla': Fernando Mellet, Jorge Piñero, Domingo Enrique Castaño, José Antonio Ripollés y María Victoria Bustamante. Todos han declarado ya ante la juez o ante la Policía Judicial como imputados, implicados o testigos. Y sólo Piñero ha defendido las cláusulas polémicas que, según la juez, resultaron determinantes para el amaño del concurso a favor de Sando. Con todo, el ex asesor legal de Mercasevilla se desvincula de la toma de decisiones en la adjudicación.
Además, un testigo ha insinuada que el concurso de Mercasevilla estaba dado de antemano.
A la comisión ejecutiva del 15 de febrero de 2006 que adjudicó los suelos asistieron doce personas, entre ellas los cinco imputados. Además de ellos, otras cuatro personas han declarado ante la Policía: el secretario y el interventor del Ayuntamiento, que han criticado el sistema de adjucación, y el ex concejal Gonzalo Crespo y el primer teniente de alcalde, Antonio Rodrigo Torrijos, que se escudan en que «nadie puso reparos», pero sin defender explícitamente su decisión.
De todas las declaraciones realizadas hasta ahora, quizá la que más sorprenda sea la de Domingo Enrique Castaño, ex director de Vía Pública del Ayuntamiento de Sevilla y ex asesor del alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín. Castaño dijo que «en este momento no ve lógico ni más rentable» considerar desproporcionada una oferta por ser demasiado elevada, si bien en su momento lo consideró «aceptable». Además, criticó la forma de valorar el concurso que ganó Sanma –la empresa que luego lo contrató– con expresiones como que «no es lógica ni correcta», «ni lógico ni normal» «ni lógico ni ajustado a la realidad». Pero quizá no sea esto lo más sorprendente.
Esta investigación es paralela a la de un posible caso de corrupción y de cobro de comisiones ilegales por parte de Mercasevilla -participada en un 48% por la Sepi y el Ministerio de Medio Ambiente- que investiga también el juzgado.
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Enviado - 11/12/2009 : 01:30:42
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CASO MERCASEVILLA | Nueva tesis acerca de la venta 'ilegal' de terrenos
La juez apunta a Osuna como cómplice del amaño de la venta de Mercasevilla
Sebastián Torres | Sevilla
Actualizado jueves 10/12/2009 08:02 horasDisminuye el tamaño del textoAumenta el tamaño del textoEl 'caso Mercasevilla' podría sufrir un giro inesperado. La juez instructora, Mercedes Alaya, apuntó este miércoles la tesis de que el Grupo Noga, filial de Inmobiliaria Osuna, no fuera en realidad el perjudicado por la adjudicación de los suelos del mercado a Sanma, filial de Sando Inmobiliaria, sino cómplice del amaño del concurso público.
La juez formuló esta tesis después de que el secretario general del Grupo Noga, José Ramón Lacasa, que comparecía ante ella como testigo, reiterara que no considera que su empresa resultara perjudicada en el concurso público para la venta de los terrenos de Mercasevilla. Hace unas semanas, la instructora ofreció al Grupo Noga la posibilidad de ejercer acciones como perjudicada en esta causa, pero la empresa constructora ha renunciado a ello, al entender que el concurso fue limpio.
Escamada por este fair play pese al cúmulo de irregularidades que, según la juez, decantaron el concurso a favor de Sanma, la instructora preguntó a Lacasa: «¿Es cierto que existió connivencia entre Noga, Sanma y Mercasevilla para que el concurso se lo adjudicara Sanma?». «Es absolutamente falso», contestó el testigo.
Pero la juez insistió: «¿Es cierto que la empresa Noga tiene muchos intereses en Sevilla y ello ha pesado considerablemente para no reclamar perjuicio alguno a fin de no dañar los intereses del Ayuntamiento de Sevilla y de la Junta de Andalucía?». «Es cierto que tiene muchos intereses en Sevilla -respondió el secretario general del Grupo Noga- pero los mismos no han pesado en el hecho de no reclamar perjuicio alguno».
Durante la declaración de Lacasa, la juez Alaya incluso llegó a ordenar un receso en el que meditó si imputaba o no al directivo del Grupo Noga por obstrucción a la labor de la Justicia, al apreciar en sus respuestas cierto corporativismo con Sando Inmobiliaria. Finalmente, se reanudó la declaración y Lacasa continuó como testigo.
El interrogatorio de la juez Alaya al directivo del Grupo Noga provocó ayer las protestas del abogado del PSOE, que ejerce la acusación, y del letrado de Mellet. Durante su comparecencia, José Ramón Lacasa se mostró tibio en algunas respuestas y se contradijo al declarar que tras leer el pliego no consideró que las ofertas desproporcionadas fueran puntuadas con un cero, mientras que al responder al abogado de Mellet dijo que comparte la «interpretación» según la cual su oferta se puntuó con un cero
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Enviado - 12/12/2009 : 02:04:18
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CASO MERCASEVILLA | El edil fue presidente del mercado de mayoristas
Imputado el ex concejal socialista Gonzalo Crespo por la venta de terrenos
La juez también ha imputado a la directora del área Económico-Financiera
Todos los miembros de la mesa de contratación están ya imputados
La defensa del economista Ripollés pidió la comparecencia de Crespo
Sebastián Torres | Sevilla
Actualizado viernes 11/12/2009 08:15 horasDisminuye el tamaño del textoAumenta el tamaño del textoEl Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla ha imputado al ex concejal socialista Gonzalo Crespo y a la directora del área Económico-Financiera de Mercasevilla, Pilar Giraldo, por la venta de los terrenos del mercado de mayoristas a una empresa del grupo Sando. Crespo, que fue presidente del mercado de mayoristas desde 2005 hasta febrero de 2007 y sigue siendo consejero de la empresa, deberá comparecer ante la juez Mercedes Alaya como imputado el 24 de febrero, mientras que Giraldo deberá hacerlo dos días después.
Con esta última decisión de la juez Alaya, todos los miembros de la mesa de contratación que el 9 de febrero de 2005 abrió los sobres del concurso para la venta de los suelos de Mercasevilla se encuentran ya imputados: Gonzalo Crespo, como presidente de Mercasevilla; Fernando Mellet, gerente del mercado; Pilar Giraldo, directora económico-financiera; Jorge Piñero, vicesecretario en funciones de secretario y asesor legal de Mercasevilla; María Victoria Bustamante, jefa del servicio de Vía Pública del Ayuntamiento y consejera de Mercasevilla, y José Antonio Ripollés, economista que realizó la valoración de los suelos para el concurso.
A estos seis imputados hay que sumar otros cuatro: Domingo Enrique Castaño, ex director del área de Vía Pública, ex consejero de Mercasevilla y ex directivo del grupo Sando Inmobiliaria; José Luis Sánchez Domínguez, presidente de Sando; Luis Sánchez Manzano, consejero delegado, y José Luis Miró, vicepresidente ejecutivo del ára inmobiliaria de la constructora.
La juez ha imputado a Crespo tras la petición formulada por la defensa del economista José Antonio Ripollés, que solicitaba la comparecencia del ex presidente de Mercasevilla y de aquella mesa de contratación, para que, en calidad de testigo, aclarase si se hicieron comentarios sobre que el concurso parecía adjudicado de antemano a Sando, como declaró un representante del Grupo Noga, perjudicado por el supuesto amaño de la venta.
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pipiol
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Enviado - 12/12/2009 : 20:35:23
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El Ayuntamiento, ante su primera imputación: «La jueza preserva los derechos de Crespo»
Disminuir tamaño del textoAumentar tamaño del texto Gonzalo Crespo firmando un acuerdo junto a Torrijos, el único de la foto que no está imputado. ABCA.G.R. SEVILLA Publicado Sábado , 12-12-09 a las 08 : 09Hasta ahora la jueza Mercedes Alaya, que instruye el caso Mercasevilla, sólo había imputado a un cargo político, el delegado de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas. Pero en el ámbito municipal sólo habían sido citados varios técnicos de diversas áreas —gestión o asesoría jurídica—. Ningún concejal. Y esa veda también se ha abierto ya. Alaya ha imputado al ex concejal socialista Gonzalo Crespo, que era presidente de Mercasevilla en la fecha en la que se llevó a cabo la venta del suelo a Sando que la jueza considera «ilegal». De esta forma se dan los primeros pasos en la investigación para descubrir la implicación que el Ayuntamiento pudiera tener con todas las irregularidades que se han destapado. Aunque desde el Gobierno municipal se tiene otra perspectiva. La portavoz, Maribel Montaño, se escuda en que a Crespo «no se le imputa ningún delito». Con esta aseveración solventa la delegada socialista esta papeleta después de conocer el auto en el que el juzgado de instrucción número seis cita a declarar como imputados al ex edil y presidente de Mercasevilla Gonzalo Crespo, y a la directora del Área Económico-Financiera de Mercasevilla, Pilar Giraldo, en tanto que ambos eran miembros de la mesa de contratación que resolvió el mencionado concurso público que acabó ganando Sanma, una filial de Sando, a pesar de que el grupo Noga había realizado una oferta que superaba a la anterior en 52 millones de euros.
No obstante, Montaño cree que «visto el texto del auto», al ex concejal socialista «no se le imputa ningún delito». Es más, la portavoz municipal desliza la posibilidad de que dicha imputación se haya realizado por petición del propio imputado, aunque no se atrevió a afirmarlo sin ambages. Dice Montaño que la juez «ha accedido» a citarle como imputado «para confirmar una serie de extremos, pero ha accedido a hacerlo en esa calidad tanto a Gonzalo Crespo como a la otra persona».
Pero el auto dice que son llamados a declarar «por el contenido incriminatorio» de la comparecencia y por «el necesario respeto al derecho de defensa». A esto último se acoge el Gobierno municipal para sostener, a través de su portavoz, que la citación de Crespo se realiza para que «sepa sus derechos constitucionales, para que puedan hacer esa declaración acompañados de sus abogados y puedan tener todas las garantías procesales que en esa función se da».
Por último, Montaño considera que «las imputaciones se hacen sobre una cuestión bastante corriente a la hora de instruir casos porque lo que se está buscando es el conocimiento de la verdad».
Sea como fuere, la juez ha citado a crespo para el próximo día 24 de febrero a las 10,30 horas, mientras que Giraldo deberá acudir a los juzgados dos días más tarde, concretamente el día 26 de febrero a partir de las 11,00 horas.
Asimismo, Alaya ha ordenado la realización de un informe pericial, a cargo de una persona designada por la Agencia Tributaria, con objeto de analizar si el informe sobre la fórmula de baremación del concurso realizada por el profesor Antonio Pajares «responde a criterios lógicos y económicos» y si «se adecua con exactitud al pliego de condiciones del concurso». |
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Enviado - 13/12/2009 : 13:17:28
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Veinte días clave del caso Merca ¿Qué ocurrió entre el 26 de enero y el 17 de febrero? La respuesta a esta pregunta en la investigación del caso Mercasevilla aclararía buena parte de las dudas sobre la responsabilidad política en la presunta trama de comisiones de la empresa gestionada mayoritariamente por el Ayuntamiento de SevillaDisminuir tamaño del textoAumentar tamaño del texto
Reproducción del fax en el que el alcalde pide el cese en sus funciones de Mellet y Daniel Ponce y suscrito, por orden, con una firma ilegible. ABC¿Cuándo? y ¿Cómo? supieron los políticos del escándalo Para el PP, la imputación de Crespo señala al alcalde El Ayuntamiento, ante su primera imputación: «La jueza preserva los derechos de Crespo» ADRIANO
Saber y deber
No se comprende que tras escuchar a Mellet y Ponce en la grabación no se llevara a un juzgado la cinta. Sobre todo si eres autoridad representante de una institución. Las grandes mentiras que repite el Gobierno municipal sobre Mercasevilla es que denunció los hechos. No lo hizo. Y que cesó de inmediato a los responsables. Tampoco. Entonces. ¿Qué hizo?JUAN J. BORRERO. SEVILLA Publicado Domingo , 13-12-09 a las 08 : 19
Los veinte días que separan el 26 de enero del 17 de febrero, es decir el periodo que media entre la grabación que dio origen al caso Mercasevilla y su entrega a la Fiscalía por un responsable de la Consejería de Empleo, son claves para desentrañar el verdadero calado político del caso Mercasevilla. Veinte días en los que distintas instancias de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla tuvieron conocimiento de los hechos, supieron de los deplorables y directos términos con los que se exigía el pago de hasta 450.000 euros a los empresarios del Grupo La Raza por los directivos de la empresa y en los que se debieron tomar las decisiones correspondientes. Sin embargo, a punto de que se dé por terminada la investigación judicial, sigue habiendo numerosas dudas sobre lo que aconteció en ese periodo crucial en el que la existencia de una contundente prueba de cargo amenazaba con generar uno de los mayores escándalos de corrupción política de los últimos tiempos.
Fue el 27 de enero cuando los empresarios de La Raza, Pedro Sánchez Cuerda y Luis Ignacio de Rojas se entrevistaban con el director de Mercasevilla, Fernando Mellet, en su despacho del mercado, al que acompañaba el subdirector Daniel Ponce y grababan la conversación origen del caso. Diez días antes, Ponce había propuesto a Sánchez Cuerda que debía aportar 300.000 euros en un maletín que habría de olvidar en un restaurante como contrapartida a la subvención de 900.000 otorgada por la Junta para la puesta en marcha de una escuela de hostelería que gestionaría La Raza.
La propuesta sorprendió al empresario, que hasta el momento sólo había recibido de Ponce o Mellet alguna petición de colaboración altruista con los fines de la Fundación Mercasevilla, un ente creado en 2006 con un objetivo «socio-asistencial». Pero esto era otra cosa. El empresario se lo comentó a su socio y primo José Ignacio de Rojas y decidieron entonces relatar lo sucedido a un amigo de éste último: Juan Gallo, asesor de la Consejería de la Presidencia, con hilo directo en las altas instancias de la Junta de Andalucía. Les pareció la mejor opción dada la supuesta vinculación de la Junta de Andalucía en el asunto. Gallo les recomienda grabar una siguiente conversación para obtener pruebas irrefutables de que se trata de una petición de comisiones ilegales. Y lo hacen el 26 de enero.
Son 74 minutos de grabación cuyo contenido demuestra claramente que Mellet y Ponce exigen hasta 450.000 euros para desbloquear la subvención que ya había sido concedida por la Junta. Una especie de impuesto revolucionario que dicen exige la Junta de Andalucía a los beneficiaros finales de sus subvenciones. «Dirán que es para los niños saharauis y yo me tengo que creer que lo son, aunque luego sean para carteles de Felipe González», explicaba Ponce a sus interlocutores durante la grabación, que no ofrece dudas sobre las intenciones de los directivos. De la simple audición de la cinta se desprende, pero los empresarios han asegurado que la forma en la que les solicitaron la entrega del dinero denotaba que no era la primera vez que lo hacían.
La cinta se entrega a Juan Gallo en su despacho al día siguiente —lo más el 29 de febrero, aseguran los empresarios de la Raza—. Desde ese momento tanto la Junta como el Ayuntamiento, instituciones implicadas por Mellet y Ponce en el turbio asunto podían haber tenido conocimiento de la misma. Es más, Gallo a los dos días confirmó a José Ignacio Rojas, según declaró este último a la juez que «habían escuchado la cinta» en la Junta y le anuncia que iban a pasarla a la Fiscalía. Algo que no pasaría hasta dos semanas después.
Otra versión
Gallo, no obstante, en sus declaraciones, además de negar la amistad con el empresario al que señala como un simple conocido, da una versión distinta sobre su primer conocimiento de la grabación. Dice que la escuchó en el restaurante la Raza y que le pide a De Rojas que le envíe una copia, que no le llegó hasta dos o tres días después, a principio de febrero. Curiosamente Gallo, a pesar de conocer el escandaloso contenido de la cinta, aseguró a la juez que no comentó nada a nadie hasta que no recibió en su despacho la copia, entonces lo hizo «inmediatamente» y se lo dijo al director de la asesoría jurídica de la Junta, a su jefe José Manuel Cervera, al viceconsejero de Empleo y al alcalde de Sevilla.
Resulta igualmente curioso que en su declaración, Gallo dijera que también informó, «en la primera semana de febrero», al alcalde de Sevilla «por lealtad institucional».
Juan Gallo, cuya esposa es cargo de confianza en la delegación municipal de Medio Ambiente y tiene otros familiares en el Ayuntamiento, fue al despacho de Monteseirín para contarle lo ocurrido, «por lealtad institucional» pero, dice, no le entregó la cinta a la que había tenido acceso ni le comunicó la identidad de los directivos implicados, porque tampoco el alcalde se lo pidió, aspecto que reitera hasta en tres ocasiones durante su declaración judicial.
Pero ¿cuándo dice el alcalde que tuvo conocimiento de los hechos? El 1 de abril, el día después de que ABC de Sevilla informara de que la Fiscalía investigaba el caso, el Ayuntamiento difundió un comunicado expresando que tuvo conocimiento por la Junta «de supuestos comentarios y conversaciones realizadas por Fernando Mellet y Daniel Ponce» así como de su «cierta gravedad» el 4 de febrero. Pero sostiene el Ayuntamiento que no es hasta el día 13 cuando tiene la certeza de que se han producido esos comentarios. Es decir diez días después de la entrevista con Gallo.
Sin embargo, hay indicios para sostener que la información fluyó con más rapidez de lo que Gallo sostiene entre los despachos oficiales de la Junta y el Ayuntamiento. En la semana del 2 de febrero, Fernando Mellet llama por teléfono al empresario Sánchez Cuerda para quitar hierro al asunto, y decirles que no tenían que pagar nada. Esa conversación, se supo posteriormente, fue grabada por Mellet para tenerla como prueba de descargo. Mellet ya conocería que su anterior reunión fue grabada. Es más, el propio empresario declaró ante la juez que el nerviosismo que transmitía Mellet a través del teléfono le hizo sospechar de que ya sabía algo.
Y en todo esto hay un vacío importante de información sobre lo que ocurrió en los días posteriores. Sólo se suspende el consejo de administración de Mercasevilla previsto para el día 6 de febrero, noticia que les llegó a los consejeros el mismo día.
El extraño fax del día 12
Aunque el Ayuntamiento aseguró en su día que no tuvo conocimiento del contenido de la grabación hasta el 13 de febrero, el día antes el alcalde asegura haber remitido un fax al secretario en funciones del Consejo de administración de Mercasevilla, Jorge Piñero, rogándole que se proponga al próximo Consejo «el cese en sus funciones con carácter inmediato» de Mellet y Ponce. El fax, del que sólo se conoce una copia de salida de Alcaldía está firmado «por orden» del alcalde en calidad de presidente del Consejo con firma ilegible. El PP ha solicitado el visionado del original del fax y la confirmación de la recepción del mismo para comprobar su autenticidad, un extremo que hasta ahora no ha permitido el Gobierno municipal.
Sin embargo, el mandato del alcalde no fue cumplido. El consejo de administración convocado al día siguiente y celebrado el 17 de febrero no incluyó este aspecto en el orden del día. Es más en ese consejo, al que no asistió Monteseirín, Mellet presenta las cuentas y su informe de gestión, que se aprueban, antes de presentar su dimisión «por motivos personales».
Tampoco se incluyó la petición del alcalde en los consejos posteriores, lo que induce a sospechar del fax, que sólo se hizo público el 1 de abril cuando saltó a la opinión pública el escándalo tras publicar ABC la existencia de la grabación. Y es que hasta entonces todo fue silenciado en todas las instancias políticas.
Ponce fue apartado de la subdirección poco después pero continuó en Mercasevilla y no fue cesado hasta que se difundió la cuantía de la jubilación que esperaba cobrar a partir de la primavera que viene, lo que hizo sospechar de que el Ayuntamiento lo mantenía en el puesto para asegurarse su silencio. Cuando se le cesó se hizo tan tarde que podría haber prescrito la potestad de la empresa para justificar un cese por pérdida de confianza y falta grave, algo que dilucidará en los próximos días un juzgado de lo social.
Resulta también llamativo que tanto Mellet como Ponce no fueron desposeídos de su condición de militantes socialistas de la Agrupación Macarena hasta que el escándalo no saltó a la prensa. Con lo que habría que plantearse cómo es posible que unos hechos graves conocidos por altas instancias de la Junta y el Ayuntamiento no fueron comunicados durante más de dos meses a la dirección socialista.
17 de febrero
Con todo, el contenido de la grabación no fue puesto en manos de la Fiscalía hasta el 17 de febrero. La entrega la realiza la Consejería de Empleo. Habían pasado 20 días. Puede parecer poco tiempo o una eternidad, sobre todo a los ojos de una investigación judicial y teniendo en cuenta que durante todo ese tiempo Mellet y Ponce seguían ocupando sus puestos y pudieron ser advertidos de que habían sido grabados durante su encuentro con los empresarios con las consiguientes consecuencias en la eliminación de pruebas.
Veinte días en los que no hubo denuncia, ni se planteó llevar la cinta a un juzgado para que abriera diligencias a tenor de las evidencias grabadas. Pero había que hacer algo ante la posible existencia de una copia de la grabación que podría aparecer sin control institucional en cualquier momento. Se optó por la Fiscalía cuyo ámbito de actuación es mucho más limitado y presumiblemente más discreto. La fiscal jefe ordenó que asumía el caso. ¿Se plantearon en las instancias políticas que de esa forma podría incluso pasar inadvertido el escándalo? Es otra de las preguntas en el viciado aire con tufo a podrido del mercado central de Sevilla. |
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Enviado - 14/12/2009 : 23:02:53
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CASO MATSA | Manos Limpias y el PP piden que se cite al abogado como testigo
La confesión del apoderado de Matsa desacredita a Chaves frente al Supremo
El vicepresidente negó también al fiscal la participación de su hija en la ayuda
Manuel María Becerro | Sevilla
Actualizado lunes 14/12/2009 07:48 horasDisminuye el tamaño del textoAumenta el tamaño del textoLas declaraciones de Francisco Javier López Rubio, el ex apoderado de la empresa Minas de Aguas Teñidas (Matsa) que reconoció a EL MUNDO.es de Andalucía que Paula Chaves –la hija del vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves– intervino materialmente en la tramitación de la solicitud del incentivo que acabó ratificando su propio padre, comprometen gravemente la estrategia jurídica del ex presidente andaluz ante el Tribunal Supremo (TS), cuyos magistrados aún tienen que pronunciarse sobre la querella criminal que le presentó el PP por prevaricación y tráfico de influencias.
La línea de defensa del también ministro de Cooperación Territorial ha quedado al descubierto en un escrito dirigido por su abogado, Víctor Moreno Catena, al teniente fiscal del Supremo a mediados de julio –a cuenta de otra denuncia penal que presentó en paralelo el sindicato de funcionarios Manos Limpias, y que fue inicialmente archivada por el Ministerio Público–, donde se subraya que "Dª Paula Chaves Iborra aparece por primera vez en el expediente del incentivo a partir del 12 de febrero de 2009 y efectivamente intervino por primera vez al aceptar el incentivo en nombre de Matsa el 19 de febrero de 2009".
Con esa secuencia de hechos, el abogado de Chaves descarta cualquier ilegalidad tanto en el procedimiento administrativo como en la actuación del ex jefe del Ejecutivo andaluz, por cuanto, "en todo caso, lo cierto es que el día 20 de enero de 2009 [la fecha en la que Chaves presidió el Consejo de Gobierno durante el cual votó a favor de la ayuda, pese a que la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Junta le obligaba a inhibirse] Dª Paula Chaves Iborra no había intervenido en el expediente, pues no lo hizo hasta el mes siguiente, en el momento en que acepta el incentivo a nombre de la empresa".
López Rubio, el ex apoderado de Matsa, reveló a este diario la falsedad de la versión oficial. En concreto –como, además, acreditan dos grabaciones publicadas en EL MUNDO.es–, este abogado confirmó que él se encargaba de "poner en copia" del expediente a la hija del vicepresidente tercero del Gobierno para su "supervisión y validación"; que ella "dio el visto bueno" a documentación remitida por otro bufete de abogados; y que su papel fue "más activo en la fase de presentación final" de la solicitud de la ayuda.
"Evidentemente, siendo abogado como soy y trabajando en tramitación de ayudas en confección de expedientes, se ha trabajado con ella, porque era la responsable jurídica de Matsa", afirmó literalmente el ex apoderado, que tras la publicación de sus manifestaciones remitió una carta a este periódico exigiendo un derecho de rectificación porque, según su versión, no habría dicho "ninguna de las frases que se le atribuyen", algo que quedó desmentido con los audios colgados en EL MUNDO.es.
Manos Limpias ha solicitado por escrito al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, que llame a declarar como testigo al ex apoderado y abra diligencias penales contra Chaves. Por su parte, el PP ya había propuesto en su querella criminal a López Rubio como testigo. Ahora ha remitido sus declaraciones a este diario, incluida la prueba del audio.
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Enviado - 15/12/2009 : 22:47:01
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CASO MERCASEVILLA | De la reunión que aprobó sacar a concurso la venta de suelo
Investigan por qué existen dos actas distintas de una junta de Mercasevilla
Sebastián Torres | Sevilla
Actualizado martes 15/12/2009 09:23 horasDisminuye el tamaño del textoAumenta el tamaño del textoEl Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla ha pedido al ex vicesecretario y ex asesor legal de Mercasevilla, Jorge Piñero, que aclare por qué existen dos actas distintas de la junta general extraordinaria de accionistas del 30 de noviembre de 2005 en la que se aprobó sacar a concurso la venta de los terrenos.
Una consta en los arcchivos de Mercasevilla, tiene 11 páginas todas firmadas por Piñero, entonces vicesecretario en fuciones de secretario de la empresa pública y lleva al final el visto bueno del ex concejal Gonzalo Crespo, en tonces presidente de la sociedad. Fue Piñero quien extendió ese acta, según reconoce él mismo en la página nueve.
La otra es la que está archviada en el Ayuntamiento de Sevilla, tienen nueve páginas y su redaccion es completamente distinta a la anterior. Lleva una media firma (o firma abreviada) en todas las páginas y un sello del Consistorio con la firma de un funcionario que certifica que esta copia -la que se ha enviado ajuzgado- "concuerda fielmente con el original".
Las dos actas constan aahora en poder de la jueza instructora, Mercedes Alaya, pero le han llegado por vías distintas. La primera, por la Policía Judicial; la segunda, por el Ayuntamiento. Entre ambas, hay diferencias sustanciales
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Enviado - 16/12/2009 : 21:48:58
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La juez impone 400.000 euros de fianza a los cuatro imputados
Disminuir tamaño del textoAumentar tamaño del texto Antonio Rivas. NIEVES SANZ
Daniel Ponce. JESÚS SPÍNOLA
Fernando Mellet. JESÚS SPÍNOLA
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El Ayuntamiento admitió por escrito que las tasas «no son habituales»
Minoristas de Mercasevilla convocan una movilización del 1 al 7 de enero
ABC SEVILLAActualizado Miércoles , 16-12-09 a las 20 : 10La juez que investiga presuntas irregularidades en Mercasevilla ha impuesto a los cuatro acusados de pedir comisiones ilegales una fianza de 400.000 euros, en un auto en el que confirma la imputación del delegado de Empleo de la Junta en Sevilla, Antonio Rivas.
En un auto de incoación de procedimiento ante un jurado popular, la juez cita a los cuatro imputados para el próximo 23 de diciembre para la comparecencia previa al fin de la instrucción y a la presentación de los escritos de acusación por parte del fiscal y de la acusación popular que ejercen el PP, partido que denunció los hechos en el juzgado, y el PA.
Esta es una de las dos ramas del caso Mercasevilla y en ella están acusados de cohecho tres directivos de Mercasevilla y el representante de la Junta por, presuntamente, pedir al Grupo La Raza una comisión ilegal de 450.000 euros que debían llevar en un maletín y "dejar olvidado en un despacho", como condición para ser adjudicatarios de la Escuela de Hostelería de la empresa pública. Dicho auto cita entre los imputados al delegado de Empleo de la Junta en Sevilla porque, según la declaración policial de Fernando Mellet, ex gerente de Mercasevilla que es otro de los acusados, Rivas le llamó por teléfono en diciembre de 2008 para comunicarle que la Junta había concedido una subvención de 900.000 euros para la Escuela de Hostelería y para decirle que "tenía que pedir a los de La Raza una contribución voluntaria para la Junta de Andalucía de 300.000 euros", exigencia que le reiteró en una segunda llamada el 5 de enero de 2009.
El pago irregular correspondería a 150.00 euros por la acometida eléctrica y 300.000 euros de comisión para la Junta, precisa el auto judicial. Añade que prueba del presunto delito es la declaración de los dos directivos de La Raza que recibieron la propuesta, que además grabaron una segunda conversación en la que Mellet y su adjunto Daniel Ponce afirmaron que la petición de contribuciones para la Junta "era normal" porque "la Junta de Andalucía colabora con quienes a su vez colaboran con ella".
La juez impone a los cuatro imputados el pago conjunto, en el plazo de un día, de una fianza de 400.000 euros para hacer frente a sus futuras responsabilidades pecuniarias. El auto precisa que no queda duda de la condición de funcionario de Rivas por el ejercicio de funciones públicas designado por la autoridad competente, mientras que respecto a Mellet, Ponce y la funcionaria imputada M.R.P.B. se trata de trabajadores de una empresa propiedad en un 51 por ciento del Ayuntamiento de Sevilla y el 48 por ciento por la empresa nacional Mercasa.
Junto a esta rama del caso Mercasevilla que se encuentra en la fase final de la instrucción, otro sumario investiga la presunta "venta fraudulenta" de los terrenos de la empresa a la constructora Sando, asunto en el que hay diez personas imputadas y dentro del cual mañana declarará como imputado el ex asesor del Grupo municipal del PSOE Domingo Enrique Castaño. |
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Enviado - 18/12/2009 : 01:47:09
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Enviado - 19/12/2009 : 02:14:03
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Enviado - 20/12/2009 : 13:18:38
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Enviado - 22/12/2009 : 01:26:54
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MERCASEVILLA | Irregularidades en el mercado de mayoristas
El PP recurre para imputar a Monteseirín y a dos altos cargos de la Junta andaluza
El alcalde, a juicio del PP, intentó encubrir y entorpecer el proceso
El recurso de los 'populares' pretende reformar el auto de incoación
Efe | Sevilla
Actualizado domingo 20/12/2009 17:11 horasDisminuye el tamaño del textoAumenta el tamaño del textoEl PP, que ejerce la acusación particular por las presuntas irregularidades en Mercasevilla, ha recurrido el auto de incoación de procedimiento ante un jurado y ha pedido que se impute como encubridor al alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, y por prevaricación a dos altos cargos de la Junta.
El PP pide en un recurso que la juez de instrucción 6 de Sevilla que, antes de continuar el procedimiento, tome declaración como imputado a Monteseirín porque conoció la presunta petición de una comisión ilegal de 450.000 euros, en los primeros días de febrero de 2009, pero no la denunció y además diseñó una estrategia destinada a "mantener oculto el asunto".
El alcalde, según el PP, en un intento de "encubrir y entorpecer" el procedimiento, mantuvo en sus cargos a los dos directivos de Mercasevilla acusados y les permitió "acceder a los medios de prueba que permiten su incriminación, facilitándoles su destrucción".
Citación de los 4 imputados
Este recurso del PP pretende reformar el auto de incoación de procedimiento, dentro del cual la juez instructora ha citado el próximo miércoles a los cuatro imputados, entre ellos el delegado de la consejería de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas, para que las acusaciones concreten los delitos que les imputan.
En esta rama del caso Mercasevilla están imputados Rivas, los ex directivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce y la funcionaria M.R.P.B. por la presunta petición de una comisión ilegal de 450.000 euros al Grupo La Raza como condición para ser adjudicatarios de la Escuela de Hostelería de la empresa pública, que acababa de recibir una subvención de 900.000 euros de la Junta.
Los abogados defensores también han presentado recursos pidiendo el archivo de la causa y en especial contra la fianza de 400.000 euros impuesta por la juez instructora para hacer frente a sus futuras responsabilidades pecuniarias.
Altos cargos de Empleo
El PP, en su recuso, también pide que se impute en la causa por un delito de prevaricación a Juan Manuel Fuentes Doblado, entonces director general de Formación para el Empleo de la Junta, y a su sucesora, María José Lara González, por el proceso de concesión de dicha subvención de 900.000 euros.
Sostiene esta acusación que en el proceso de concesión de la ayuda "se eludió intencionadamente cualquier tipo de procedimiento administrativo en régimen de concurrencia competitiva con otros solicitantes".
Además, el PP solicita ampliar los delitos que se imputan a los ya acusados y añadir otro de tráfico de influencias y de uso de información privilegiada.
Fuentes del caso han indicado que los recursos de todas las partes no paralizan la comparecencia fijada para el próximo miércoles y han precisado que la juez instructora puede resolver sobre ellos antes de dicho acto o en momentos posteriores.
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corrupcion psoe en mercasevilla
